Comunidad y organizaciones de Penco enfrentan en tribunales proyecto gasífero en la Bahía de Concepción
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El pasado 27 de mayo se desarrolló una audiencia clave ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, donde organizaciones socioambientales, comunidades locales y la Municipalidad de Penco presentaron sus argumentos en contra del proyecto gasífero Terminal GNL Penco-Lirquén, promovido por la empresa GM Energy SpA. La instancia se enmarca en las reclamaciones legales interpuestas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la iniciativa.
En la audiencia se revisaron dos procesos: una reclamación por el rechazo a la invalidación administrativa, presentada por personas naturales de la comuna de Penco, y otra por el rechazo de observaciones ciudadanas (RPAC), interpuesta por la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu junto a diversas organizaciones territoriales y personas naturales. En calidad de tercero coadyuvante participó también la Municipalidad de Penco, consolidando así una alianza estratégica entre la sociedad civil y el gobierno local.
Los alegatos fueron presentados por el equipo jurídico de la ONG Defensa Ambiental, representados por los abogados Gustavo Carrera, Francisco Astorga y Ricardo Frez, este último en nombre del municipio. La defensa del proyecto estuvo a cargo del abogado Juan de Dios Montero Fermandois, en representación del Comité de Ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Cuestionamientos técnicos, legales y ambientales
Durante la jornada, los representantes legales de las comunidades argumentaron múltiples falencias del proyecto. Denunciaron la aplicación de un estándar técnico deficiente y la falta de respuesta a 43 observaciones ciudadanas debidamente presentadas durante el proceso de evaluación. Además, alertaron sobre los graves impactos socioambientales que acarrearía el proyecto, como riesgos para la salud por emisiones atmosféricas y ruido, afectación a especies protegidas como el Queule, y la omisión en la evaluación del impacto sobre el Humedal Rocuant-Andalién y el ecosistema marino.
Un punto especialmente controversial es la cercanía del terminal con zonas urbanas densamente habitadas. Según normativa internacional, este tipo de infraestructuras debe ubicarse al menos a cinco kilómetros de áreas pobladas. Sin embargo, la propuesta de GM Energy contempla instalaciones a apenas 2,5 kilómetros de la Plaza de Penco.
También se puso énfasis en los impactos no evaluados a la comunidad indígena Koñintu Lafken Mapu, así como al patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de la zona. El proyecto, sostuvieron los abogados, amenaza formas de vida tradicionales como la pesca artesanal y la recolección en áreas costeras.
Un municipio activo y una comunidad articulada
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, reafirmó la postura del municipio frente al proyecto: “Rechazamos el GNL Penco-Lirquén no solo por sus deficiencias legales y técnicas, sino porque representa un modelo de desarrollo que no queremos para nuestra comuna”. Vera destacó la alianza con ONG Defensa Ambiental y organizaciones territoriales, y criticó la incoherencia del Ejecutivo por defender en tribunales un proyecto que públicamente ha declarado no impulsar: “Exigimos una señal clara: que el desarrollo energético no se imponga sobre las comunidades ni el medio ambiente”.
Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, subrayó que la audiencia marcó un precedente al contar con la participación decidida de un municipio como tercero independiente: “Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con la Municipalidad fortalece nuestra causa y deja en evidencia el amplio rechazo territorial que enfrenta esta iniciativa”.
¿Qué viene ahora?
El Tercer Tribunal Ambiental debe pronunciarse sobre las reclamaciones, pero no existe un plazo definido para ello; la sentencia podría tardar incluso más de un año. Mientras tanto, las organizaciones y comunidades mantienen su compromiso de resistir un proyecto que consideran nocivo, ilegal y contrario a los intereses de la ciudadanía.
Desde los territorios se espera que la justicia acoja las reclamaciones, anule la RCA y detenga la ejecución de un terminal que, de concretarse, afectaría gravemente la salud, el entorno natural y los modos de vida de toda la Bahía de Concepción
