Superintendencia de Pensiones ordena a las AFP informar campañas publicitarias tras denuncia por vínculos con fundación de Fontaine
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La Superintendencia de Pensiones (SP) ofició a todas las administradoras de fondos de pensiones (AFP) para que entreguen información detallada sobre cualquier tipo de publicidad, promoción o contenido comunicacional financiado directa o indirectamente desde marzo de 2025 a la fecha, en respuesta al reportaje que reveló presuntos vínculos financieros entre las AFP, la Asociación de AFP (AAFP), la Fundación Ciudadanos en Acción —vinculada al exconvencional Bernardo Fontaine— y la agencia de comunicaciones Artool.
El documento, fechado el 11 de noviembre de 2025, instruye a las AFP a informar en un plazo de cinco días hábiles todas las actividades de promoción, incluidos videos, podcasts, columnas de opinión, piezas audiovisuales o campañas en redes sociales, que hayan sido gestionadas directa o indirectamente, incluso a través de terceros que reciban financiamiento de las administradoras.
Reacción institucional tras el reportaje
El oficio de la SP hace referencia al reportaje conjunto de Reportea.cl y Vergara 240 —medio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales— titulado “El vínculo secreto de las AFP con fundación de Bernardo Fontaine que le pagaba a uno de los trolls que atacó en redes a Matthei y a Jara”.
La investigación reveló transferencias millonarias desde las AFP y la Asociación de AFP hacia la fundación de Fontaine y la agencia Artool, que habría desarrollado campañas digitales de contenido político, presentadas como información previsional.
En el documento oficial, la Superintendencia recuerda que el artículo 26 del Decreto Ley 3.500 establece que toda promoción de las actividades de las AFP debe incluir información verificable sobre capital, rentabilidad y comisiones, y que “la información no puede inducir a equívocos o confusión respecto de la realidad institucional o patrimonial del sistema”.
La SP subraya que su función es fiscalizar el cumplimiento de la ley y que las AFP deben garantizar la transparencia de toda acción comunicacional vinculada a su actividad, ya sea ejecutada directamente o mediante intermediarios.
Las instrucciones del oficio
El oficio OF-CON-25-1382 instruye a las AFP a reportar tres tipos de actividades:
Toda publicidad o promoción gestionada indirectamente, mediante terceros o entidades que reciban financiamiento de las AFP.
Toda publicidad o promoción indirecta gestionada por personas o empresas contratadas por asociaciones o fundaciones relacionadas con el sistema previsional.
Toda publicidad directa no informada previamente a la Superintendencia, correspondiente a medios como radio, televisión, prensa, redes sociales o eventos públicos.
Las AFP deberán detallar el nombre de la entidad o persona contratada, el medio utilizado, la fecha de inicio y término, y los montos involucrados.
El requerimiento abarca desde marzo de 2025 en adelante, y en el caso de campañas directas no informadas, desde 2021.
Oficio parlamentario y presión política
La acción de la Superintendencia ocurre tras el oficio presentado por el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio), presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, quien pidió a cuatro organismos —la SP, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo para la Transparencia y el Ministerio de Economía— investigar la posible utilización de recursos de las AFP con fines políticos.
“El reportaje de Reportea entrega antecedentes que refuerzan lo que venimos denunciando hace meses: que la Asociación de AFP ha operado como un actor político”, declaró Giordano.
“No puede ser que un sector con tanto poder económico use su influencia para manipular el debate público sobre pensiones con propaganda disfrazada de información”.
El parlamentario destacó que el sistema previsional “es de interés público” y que los cotizantes “tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que provienen de sus ahorros”.
Un nuevo frente para el sistema previsional
El oficio de la Superintendencia marca un giro relevante en la fiscalización del sistema previsional. Por primera vez, la autoridad instruye a las AFP a informar campañas comunicacionales y contenidos digitales, abriendo la posibilidad de revisar financiamiento político indirecto y el uso de recursos para propaganda disfrazada de educación previsional.
La decisión llega en medio de la discusión sobre la reforma de pensiones impulsada por el gobierno, donde sectores empresariales y gremiales han desplegado activas campañas de oposición.
El caso podría convertirse en un precedente en la regulación de la comunicación institucional del sistema de capitalización individual y en la relación entre poder económico y debate público
