Circular de Hacienda enciende alertas por eventual cierre de programa de Derechos Humanos
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Una reciente circular del Ministerio de Hacienda, emitida en abril de 2026 en el marco de la formulación del Presupuesto 2027, encendió alertas en distintos sectores tras incluir la recomendación de discontinuar el “Programa de Derechos Humanos”, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La medida se inscribe dentro de un proceso más amplio de ajuste fiscal que busca redefinir prioridades del gasto público en un escenario de estrechez financiera.
El documento —identificado como Oficio Circular N°16— instruye a los ministerios a elaborar sus anteproyectos presupuestarios bajo una lógica de restricción fiscal y planificación de mediano plazo (2027-2031). En este contexto, se enfatiza que la aprobación de nuevas iniciativas quedará supeditada a su sostenibilidad financiera, marcando un giro hacia criterios de eficiencia y contención del gasto.
Sin embargo, en el detalle de los programas evaluados, la circular recomienda explícitamente la discontinuidad del “Programa de Derechos Humanos”, cuyo presupuesto ejecutado en 2025 supera los 1.864 millones de pesos. En paralelo, otros programas del área —como el de atención a víctimas de violencia institucional— enfrentarían ajustes presupuestarios.
La decisión ha sido interpretada por muchos actores en redes como algo más que un simple reordenamiento financiero. Desde esta perspectiva, cerrar un programa de derechos humanos en nombre de la eficiencia del gasto público no constituye únicamente una medida técnica, sino una señal política de mayor alcance. Implicaría, sostienen, debilitar las políticas orientadas a la memoria, la reparación y las garantías de no repetición, pilares fundamentales en sociedades que han enfrentado violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Además, el eventual cierre del programa podría tener consecuencias prácticas en la continuidad de iniciativas destinadas a la promoción, protección y educación en derechos humanos, así como en el acompañamiento institucional a procesos de justicia y reparación.
La circular también incluye ajustes en otros sectores, como justicia, donde se proponen modificaciones presupuestarias a organismos como las Corporaciones de Asistencia Judicial y el sistema de mediación, mientras que programas como “Mi Abogado” o “La Niñez y Adolescencia se Defienden” se mantienen sin observaciones.
