La noche que cambió el rumbo: la megarreforma abre una nueva etapa política para Chile

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 55 segundos

Aprobada por el margen más estrecho posible y sin un solo voto de la oposición, la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast inaugura un nuevo escenario político e institucional. Más que una reforma tributaria, el proyecto redefine la relación entre el Estado y el mercado, traslada la disputa al Tribunal Constitucional y plantea una pregunta que trasciende la coyuntura: ¿puede una mayoría parlamentaria circunstancial fijar las reglas económicas del país para las próximas décadas?

A las 22:57 horas del miércoles, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que el Gobierno esperaba desde hace meses y la oposición temía desde el inicio de la tramitación: la denominada megarreforma fue aprobada por la mayoría más estrecha posible. Bastaron 26 votos para que el proyecto superara uno de los momentos más decisivos de su recorrido legislativo y avanzara hacia su tercer trámite constitucional.

La noticia podría resumirse en una cifra.

Pero hacerlo sería perder de vista el verdadero alcance de lo ocurrido.

Porque la votación de anoche no representa únicamente la aprobación de una ley. Marca un punto de inflexión en la política chilena. El Senado no sólo respaldó un conjunto de modificaciones tributarias, laborales y ambientales; validó una nueva forma de impulsar transformaciones estructurales en democracia.

Ese es el acontecimiento político que comienza a desplegarse.

Más que una reforma tributaria

Durante meses el debate público se concentró en la rebaja del impuesto a las empresas, en los incentivos a la inversión y en las proyecciones de crecimiento económico elaboradas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la megarreforma siempre fue mucho más que eso.

Su verdadero alcance reside en la construcción de una nueva arquitectura económica. La reducción de la carga tributaria, los mecanismos de estabilidad para la inversión, la invariabilidad tributaria, los cambios en la institucionalidad ambiental y las modificaciones al régimen laboral forman parte de un mismo diseño político.

No son medidas aisladas.

Constituyen una propuesta de reorganización del papel del Estado en la economía chilena.

Por eso la discusión nunca fue exclusivamente técnica.

Siempre fue una discusión sobre el modelo de desarrollo.

La mayoría mínima y el cambio máximo

Existe una paradoja difícil de ignorar.

Nunca desde el retorno a la democracia una transformación económica de esta magnitud había sido aprobada con una diferencia tan estrecha y sin un solo voto proveniente de la oposición.

Las grandes reformas impulsadas desde 1990, aun en medio de profundas diferencias ideológicas, terminaron incorporando acuerdos parciales o negociaciones que otorgaron cierta legitimidad transversal a los cambios.

Esta vez ocurrió exactamente lo contrario.

El Gobierno optó por construir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su proyecto, pero no una mayoría política capaz de convertir esa reforma en una política de Estado.

La diferencia puede parecer sutil.

No lo es.

Las leyes se aprueban con votos.

Las políticas que perduran durante décadas necesitan algo más: legitimidad.

Del Congreso al Tribunal Constitucional

La reacción de la oposición confirma que la discusión está lejos de terminar.

Minutos después de la votación, senadores de los partidos de centroizquierda y del progresismo reiteraron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar diversos capítulos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con la invariabilidad tributaria y otras disposiciones que, a su juicio, restringen la capacidad de los futuros gobiernos para modificar la política económica del país.

Durante la discusión parlamentaria, la senadora socialista Paulina Vodanovic sostuvo que la iniciativa «hipoteca la capacidad de decisión de las futuras generaciones» y cuestionó que una mayoría circunstancial pretenda fijar reglas tributarias con efectos que podrían extenderse por décadas. En la misma línea, parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista acusaron al Ejecutivo de convertir el diálogo legislativo en una formalidad, manteniendo intacto el núcleo del proyecto pese a las observaciones formuladas en las comisiones.

El anuncio de acudir al Tribunal Constitucional tiene una carga política que trasciende la dimensión jurídica.

Durante años, la izquierda criticó duramente al TC por actuar como una «tercera cámara».

Hoy esa misma oposición recurrirá a esa institución porque considera agotadas las posibilidades de modificar la reforma dentro del Congreso.

No se trata de una contradicción sencilla.

Es la consecuencia de un cambio en la correlación de fuerzas políticas.

Cuando el Parlamento deja de ser un espacio donde las minorías pueden alterar el resultado de una reforma estructural, el conflicto se traslada inevitablemente hacia el terreno constitucional.

Una pregunta para la democracia

La discusión abierta por la megarreforma excede incluso al propio gobierno de José Antonio Kast.

La pregunta que comienza a instalarse es otra.

¿Puede una mayoría parlamentaria obtenida en una elección utilizar ese mandato para establecer reglas económicas concebidas para proyectarse durante una generación?

La respuesta parece obvia desde una perspectiva estrictamente jurídica.

El Congreso tiene facultades para legislar.

Pero la política rara vez se agota en la legalidad.

Las democracias no sólo funcionan porque existen mayorías.

Funcionan también porque las futuras mayorías conservan la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas por quienes gobernaron antes.

La controversia sobre la invariabilidad tributaria refleja precisamente esa tensión.

No se discute únicamente cuánto pagarán las empresas.

Se discute cuánto margen tendrán los gobiernos futuros para modificar esas reglas.

Es una diferencia sustancial.

Un nuevo ciclo político

Existe además un aspecto histórico que probablemente sólo podrá dimensionarse con el paso del tiempo.

Desde el retorno a la democracia, Chile había conocido reformas tributarias, previsionales, laborales y educacionales de enorme impacto.

Pero casi todas compartían una característica.

Fueron el resultado de negociaciones complejas entre oficialismo y oposición o estuvieron condicionadas por los equilibrios institucionales heredados de la transición.

La megarreforma inaugura otra lógica.

No busca construir un consenso amplio.

Busca consolidar un programa económico mediante una mayoría parlamentaria suficiente para convertirlo en ley.

Ese cambio modifica también la naturaleza del conflicto político.

A partir de ahora, la discusión ya no será únicamente sobre el contenido de la reforma.

Será sobre su legitimidad y sobre su capacidad para sobrevivir a los cambios de mayoría que inevitablemente traerán las próximas elecciones.

El desafío que deja a la oposición

La votación también deja al descubierto un problema que la izquierda no ha conseguido resolver.

La oposición logró mantener la unidad en el rechazo.

Construyó argumentos técnicos, jurídicos y constitucionales.

Denunció la falta de diálogo durante la tramitación.

Pero no consiguió instalar un relato alternativo sobre el desarrollo económico del país capaz de disputar la iniciativa política al Gobierno.

El recurso ante el Tribunal Constitucional puede convertirse en una herramienta relevante.

No reemplaza, sin embargo, la necesidad de construir una propuesta de país que vaya más allá de la resistencia parlamentaria.

Ese desafío probablemente marcará los próximos años de la oposición.

La historia recién comienza

El Gobierno celebrará la aprobación de la megarreforma como el mayor triunfo legislativo de su administración.

Tiene razones para hacerlo.

Consiguió sacar adelante el eje central de su programa económico.

Pero las consecuencias de la votación de anoche difícilmente podrán medirse sólo por el resultado del tablero electrónico.

La disputa continuará en el Tribunal Constitucional.

Seguirá en la implementación de la reforma.

Y continuará, probablemente durante años, en el debate político sobre la legitimidad de un proyecto concebido para proyectar sus efectos mucho más allá del mandato presidencial que lo impulsó.

Porque las leyes pueden cambiar el funcionamiento de un país.

Pero sólo el tiempo dirá si también logran convertirse en parte de un consenso democrático.

Esa es, quizás, la verdadera discusión que comenzó anoche.

Los principales argumentos que la oposición prepara para el Tribunal Constitucional

La batalla jurídica que recién comienza

Con la aprobación de la megarreforma en el Senado, la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos de los artículos más controvertidos del proyecto. Aunque el requerimiento aún está en elaboración, parlamentarios y equipos jurídicos han adelantado los principales ejes sobre los cuales construirán su presentación.

1. Invariabilidad tributaria: ¿puede el Congreso limitar a los gobiernos futuros?

Este será el núcleo del requerimiento. La oposición sostiene que una ley no puede establecer un régimen tributario con vocación de permanencia durante 25 años, porque ello restringe la capacidad de los futuros Congresos y gobiernos para definir la política fiscal del país.

La tesis es que el principio democrático supone que cada mayoría elegida por la ciudadanía conserve la posibilidad de modificar las leyes aprobadas por las mayorías anteriores.

2. Igualdad ante la ley

Otro de los argumentos apunta a que la invariabilidad tributaria y otros beneficios contenidos en la reforma podrían establecer un trato privilegiado para determinados sectores económicos o grandes inversionistas, vulnerando el principio constitucional de igualdad ante la ley.

3. Libertad de configuración del legislador

Los constitucionalistas de la oposición sostienen que el Congreso no puede autoimponerse restricciones que limiten la capacidad legislativa de futuras mayorías. Desde esta perspectiva, una mayoría circunstancial no podría impedir que un futuro Parlamento modifique las reglas tributarias o regulatorias si las condiciones económicas o sociales cambian.

4. Vicios en la tramitación legislativa

Senadores de oposición denunciaron durante toda la discusión que las observaciones formuladas en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda no fueron acogidas y que el Ejecutivo mantuvo inalterables los aspectos centrales de la iniciativa. Aunque este argumento tiene menor peso jurídico que los anteriores, podría incorporarse para sostener que la deliberación parlamentaria fue insuficiente respecto de una reforma de gran alcance.

5. La dimensión democrática

Más allá de los aspectos estrictamente constitucionales, el requerimiento buscará instalar una discusión política de fondo: si una mayoría parlamentaria obtenida en una elección puede utilizar ese mandato para fijar reglas económicas destinadas a proyectarse durante varias décadas, condicionando las decisiones de gobiernos futuros.

Lo que resolverá el Tribunal Constitucional

Si el requerimiento es acogido a tramitación, el Tribunal deberá pronunciarse no sobre la conveniencia económica de la megarreforma, sino sobre una cuestión institucional de fondo: si determinadas disposiciones respetan los principios constitucionales que garantizan el funcionamiento democrático del Estado y la libertad del legislador para modificar las políticas públicas en el futuro.

En otras palabras, el TC no decidirá si la reforma es buena o mala para la economía. Deberá resolver si una mayoría parlamentaria puede convertir una opción política del presente en una regla destinada a limitar las decisiones de las mayorías del futuro.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista