El dinero del crimen organizado y el muro del secreto bancario: la derecha queda sin argumentos
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La caída de una red financiera vinculada al Tren de Aragua vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿por qué algunos sectores políticos siguen resistiéndose a facilitar el acceso a información bancaria cuando el crimen organizado ya opera dentro del sistema financiero formal?
La detención de un ejecutivo bancario acusado de colaborar con una estructura de lavado de activos del Tren de Aragua ha reabierto uno de los debates más sensibles de la política chilena: el levantamiento del secreto bancario.
La llamada Operación Tokio permitió desbaratar una red que, según la Fiscalía, logró sacar de Chile alrededor de 85 millones de dólares mediante empresas de papel, cuentas bancarias, transferencias internacionales y plataformas de criptomonedas. Entre los detenidos figura un funcionario del Banco Santander que habría facilitado la apertura y operación de cuentas utilizadas por la organización criminal. El golpe fue calificado por los investigadores como el más importante que se ha dado hasta ahora contra el patrimonio económico de la banda.
Lo relevante no es solamente la magnitud del dinero involucrado. Lo verdaderamente inquietante es que esos recursos circularon durante años por el sistema financiero formal.
La investigación de la Fiscalía Sur ha mostrado que el crimen organizado ya no opera únicamente en la calle, en las fronteras o en los barrios. También opera en oficinas, empresas de fachada, plataformas digitales y cuentas bancarias. El narcotráfico y las organizaciones criminales han comprendido hace tiempo que el negocio no consiste solo en generar dinero, sino en blanquearlo y reintegrarlo a la economía legal.
Es precisamente en ese punto donde el debate político comienza a mostrar sus contradicciones.
Durante años, sectores de la derecha han defendido la mantención de fuertes restricciones para acceder a información bancaria. Sus argumentos han sido conocidos: protección de la privacidad, resguardo de las libertades individuales y prevención de eventuales abusos del Estado.
Se trata de preocupaciones legítimas en cualquier democracia. Sin embargo, el problema surge cuando esos argumentos deben enfrentarse a una realidad donde bandas criminales transnacionales están utilizando precisamente esas mismas estructuras financieras para mover decenas de millones de dólares.
La socióloga y especialista en seguridad Lucía Dammert lo planteó esta semana con claridad: el levantamiento del secreto bancario no es una discusión de izquierda o de derecha, sino una herramienta para la investigación criminal. La académica sostuvo que seguir la ruta del dinero es hoy uno de los mecanismos más eficaces para combatir organizaciones complejas dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el lavado de activos.
La evidencia acumulada parece darle la razón.
Investigaciones periodísticas anteriores ya habían advertido que el sistema financiero chileno no generó alertas preventivas suficientes frente a miles de operaciones asociadas al Tren de Aragua. Incluso especialistas consultados por CIPER señalaron que el actual mecanismo de levantamiento del secreto bancario suele servir para confirmar sospechas que ya existen, más que para detectar tempranamente estructuras criminales sofisticadas.
La paradoja es evidente.
Mientras el crimen organizado desarrolla mecanismos cada vez más sofisticados para mover dinero entre bancos, empresas ficticias y plataformas internacionales, el Estado continúa enfrentando procedimientos lentos y burocráticos para seguir esos flujos financieros.
Por eso la discusión ya no puede limitarse a una defensa abstracta de la privacidad bancaria.
La pregunta central es otra: ¿qué interés público se protege cuando se dificulta el rastreo del dinero proveniente de extorsiones, secuestros, trata de personas o narcotráfico?
La reciente discusión en el Senado dejó en evidencia esa tensión. Mientras algunos parlamentarios insistieron en mantener restricciones al acceso a información financiera, otros recordaron que organismos internacionales especializados en combate al lavado de activos recomiendan precisamente fortalecer las capacidades de inteligencia económica del Estado.
Nadie está proponiendo eliminar controles judiciales o permitir un acceso indiscriminado a las cuentas bancarias de la población. El debate real se refiere a mecanismos ágiles y supervisados para investigar organizaciones criminales que ya han demostrado una enorme capacidad para infiltrarse en la economía formal.
El caso del Tren de Aragua ha puesto la discusión en un terreno incómodo para quienes se oponen a esos cambios. Porque la pregunta que queda instalada es simple y difícil de responder: si una organización criminal logró mover 85 millones de dólares utilizando cuentas bancarias, empresas de papel y operadores financieros, ¿qué argumento puede justificar que el Estado siga teniendo más dificultades para seguir el dinero que los delincuentes para ocultarlo?
El combate al crimen organizado no se libra únicamente con más policías, más cárceles o mayores penas. También se libra siguiendo la ruta del dinero.
Y allí es donde el secreto bancario ha dejado de ser una discusión técnica para convertirse en una prueba política sobre qué tan dispuesto está el sistema a enfrentar las nuevas formas del poder criminal.
Simón del Valle
