Crecen las críticas contra norma del gobierno que permitiría acceder a datos de migrantes en hospitales y colegios
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La indicación impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para que instituciones de salud, educación y previsión entreguen información sobre migrantes en situación irregular comenzó a generar un amplio rechazo desde el mundo sanitario, organismos de derechos humanos y sectores políticos, abriendo un debate que ya excede el control migratorio y toca aspectos éticos, sanitarios y democráticos.
La propuesta, presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, busca permitir que organismos públicos y privados colaboren con el Servicio Nacional de Migraciones y la PDI en la localización de extranjeros sometidos a procesos de expulsión administrativa.
Sin embargo, las críticas se multiplicaron rápidamente, especialmente desde el sector salud, donde diversas voces advirtieron que la medida podría vulnerar principios básicos de confidencialidad médica y generar efectos graves sobre la salud pública.
La ministra de Salud, May Chomalí, reconoció públicamente su preocupación por la iniciativa y señaló que la propuesta podría entrar en conflicto con normas sanitarias y con la protección de la relación entre pacientes y equipos médicos.
Según distintas publicaciones periodísticas, la secretaria de Estado manifestó que la idea está siendo revisada en una mesa técnica debido a las dudas que surgieron incluso dentro del propio Ejecutivo.
Desde el mundo médico también aparecieron cuestionamientos transversales. La exministra Izkia Siches criticó la propuesta advirtiendo riesgos éticos y sanitarios asociados a convertir hospitales y consultorios en espacios de fiscalización migratoria.
Uno de los puntos más sensibles es el eventual efecto disuasivo que podría generar sobre personas migrantes que requieran atención médica. Especialistas y organizaciones sociales advierten que el temor a ser identificados o denunciados podría llevar a muchos extranjeros en situación irregular a evitar acudir a hospitales o centros de salud incluso en casos de enfermedades infecciosas o contagiosas.
Ese escenario preocupa especialmente porque podría dificultar diagnósticos tempranos, controles epidemiológicos y tratamientos preventivos, afectando no sólo a las personas migrantes sino también al conjunto de la población.
En términos prácticos, el debate ya no se centra únicamente en la expulsión administrativa de extranjeros, sino en las consecuencias que tendría utilizar sistemas de salud, educación y previsión como mecanismos indirectos de control migratorio.
La indicación también abre interrogantes sobre el manejo de datos personales sensibles. Aunque el gobierno aseguró que la información quedará bajo reserva y sólo podrá ser utilizada en procedimientos migratorios específicos, críticos de la norma sostienen que la iniciativa modifica profundamente la relación entre ciudadanos y servicios esenciales.
El temor de organizaciones migrantes y de derechos humanos es que hospitales, colegios y jardines infantiles dejen de ser percibidos como espacios seguros para transformarse en lugares asociados a fiscalización y persecución administrativa.
El subsecretario Pavez intentó moderar la controversia señalando que la medida no implica una obligación generalizada de denuncia y que sólo operará cuando exista un procedimiento formal de expulsión en curso.
Aun así, el debate político se intensificó debido a que la propuesta aparece alineada con el endurecimiento general de la política migratoria impulsada por el gobierno de Kast desde el inicio de su mandato.
La administración ha promovido una agenda centrada en expulsiones, mayores restricciones de ingreso y limitaciones al acceso de migrantes irregulares a beneficios sociales, en un contexto donde la seguridad y la inmigración ocupan un lugar central en el discurso oficial.
Sin embargo, las críticas apuntan a que el intento de reforzar el control migratorio podría terminar afectando derechos fundamentales y debilitando políticas sanitarias básicas construidas durante décadas sobre el principio de acceso universal a la atención médica.
El conflicto además se produce en un momento delicado para el sistema de salud pública, marcado por recortes presupuestarios y tensiones crecientes entre el gobierno, municipios y gremios sanitarios.
En el Senado, la discusión de la indicación promete transformarse en uno de los debates más controvertidos de la agenda migratoria del gobierno, no sólo por sus implicancias jurídicas, sino por las preguntas éticas y sanitarias que instala sobre el rol que deben cumplir instituciones esenciales como hospitales, escuelas y servicios públicos en una democracia.
Fuentes: El País, La Segunda, Reporte Diario.
