Cadem golpea a Kast: cae a su peor nivel y se instala la duda sobre su principal promesa de campaña
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La última encuesta Plaza Pública Cadem no solo entrega un dato de coyuntura. Lo que muestra es algo más profundo: el inicio de un desgaste político sobre el núcleo identitario del gobierno de José Antonio Kast. La caída de cuatro puntos en la aprobación presidencial —hasta el 36%, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato— coincide con un fenómeno especialmente delicado para La Moneda: el aumento del escepticismo ciudadano respecto de la capacidad real del Ejecutivo para cumplir sus promesas en seguridad e inmigración.
Hasta ahora, Kast había logrado sostener su capital político apoyado en una idea central: orden, control y autoridad. Esa narrativa permitió construir expectativas en sectores amplios de la población cansados de la inseguridad, del deterioro económico y de la sensación de crisis permanente. Pero la encuesta revela que precisamente en ese terreno comienza a aparecer la fractura.
El dato más simbólico es probablemente este: el 44% de los encuestados identifica la seguridad como el principal compromiso del gobierno, pero un 64% no cree que exista un plan concreto para enfrentarla. La cifra resulta políticamente devastadora porque afecta el corazón del relato oficialista. No se trata de una crítica secundaria sobre gestión económica o desempeño comunicacional; se trata de la pérdida de confianza en la principal bandera electoral de Kast.
La caída de aprobación presidencial ocurre además en un contexto complejo para el Ejecutivo. En las últimas semanas el gobierno ha enfrentado controversias por los recortes presupuestarios, críticas por la llamada “megarreforma” tributaria y cuestionamientos a medidas migratorias consideradas por especialistas y organizaciones de derechos humanos como difíciles de implementar o abiertamente problemáticas desde el punto de vista ético.
La encuesta sugiere que el endurecimiento discursivo sobre inmigración mantiene apoyo en ciertos sectores, pero también comienza a mostrar límites concretos cuando se confronta con la realidad. El mejor ejemplo es la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares. Un 61% considera que esa promesa es imposible de cumplir, mientras 54% cree que durante la campaña mucha gente efectivamente pensó que era realizable.
Ese contraste es importante. La ciudadanía parece distinguir entre la potencia emocional de una promesa electoral y la capacidad efectiva del Estado para ejecutarla. Y allí emerge un problema clásico de los gobiernos construidos sobre ofertas maximalistas: cuando la realidad administrativa, jurídica y económica impide materializar lo prometido, el desgaste puede ser rápido y profundo.
La propia encuesta muestra esa contradicción. Aunque continúan existiendo mayorías favorables a medidas duras contra la inmigración irregular —como expulsiones, restricciones sociales o sanciones a empleadores— también existe un respaldo considerable a mecanismos de regularización. Un 77% está de acuerdo con regularizar a inmigrantes que lleven más de diez años viviendo en Chile sin cometer delitos y un 60% apoyaría regularizar a quienes acrediten empleo formal.
Es decir, la opinión pública chilena aparece más compleja que el esquema binario instalado por la retórica gubernamental. Hay preocupación por el descontrol fronterizo y la delincuencia, pero también persiste una visión pragmática sobre integración y regularización.
Otro dato relevante es el desgaste del llamado “Plan Escudo Fronterizo”. Aunque aún conserva respaldo mayoritario, su aprobación cayó de 63% a 57% en menos de dos meses. Además, apenas la mitad de los encuestados cree realmente que las medidas anunciadas —zanjas, drones, vigilancia militar— lograrán frenar el ingreso irregular.
La señal política es clara: la espectacularización de la seguridad comienza a perder eficacia cuando no se traduce en resultados visibles.
En paralelo, los indicadores generales del país tampoco ayudan al gobierno. Las percepciones económicas siguen siendo pesimistas. Un 76% considera que la economía está estancada o retrocediendo, mientras las expectativas sobre empleo y consumo continúan marcadas por visiones negativas.
Este escenario puede transformarse en un problema estructural para Kast. Históricamente, los gobiernos conservadores logran sostener apoyo cuando consiguen transmitir control económico y estabilidad social. Pero cuando la percepción dominante pasa a ser incertidumbre, inseguridad y falta de rumbo, el electorado comienza a exigir resultados más concretos y menos retórica.
La encuesta Cadem parece mostrar justamente ese tránsito. El gobierno todavía conserva una base importante de apoyo ideológico, especialmente en sectores de derecha, pero empieza a perder credibilidad entre votantes moderados e independientes que esperaban eficacia más que confrontación simbólica.
En términos políticos, el problema para Kast es doble. Por una parte, la oposición progresista encuentra un flanco evidente en la incapacidad del Ejecutivo para cumplir promesas emblemáticas. Pero, por otra, también comienza a crecer la presión desde la propia derecha más dura, que demanda medidas todavía más radicales y rápidas.
Ese fenómeno suele empujar a los gobiernos hacia una espiral compleja: endurecen el discurso para contener a su base, pero al hacerlo pueden profundizar el desgaste en el centro político.
La caída a 36% no implica necesariamente un colapso inmediato del gobierno. Kast mantiene todavía un núcleo duro considerable y la oposición sigue fragmentada. Pero sí representa un punto de inflexión simbólico. La encuesta instala por primera vez la sensación de que el relato de autoridad absoluta comienza a resquebrajarse frente a la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Y cuando un gobierno pierde credibilidad precisamente en el tema que lo llevó al poder, la erosión política puede acelerarse mucho más rápido de lo esperado.
Simón del Valle
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