La ofensiva sobre el Socialismo Democrático: la apuesta de Kast para fracturar a la oposición y consolidar su megarreforma
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La aprobación de la llamada “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast en la comisión de Hacienda de la Cámara no fue simplemente una victoria legislativa. Fue también una señal política. La derecha logró ordenar sus filas, sumar al Partido de la Gente (PDG) y avanzar en uno de los proyectos económicos más ambiciosos —y controvertidos— del Ejecutivo: una reforma que incluye rebajas tributarias a las grandes fortunas y al gran empresariado bajo el argumento de incentivar la inversión y el crecimiento.
Ahora la batalla se traslada a la sala de la Cámara de Diputados y luego al Senado, donde el gobierno ya comenzó a desplegar una estrategia política mucho más sofisticada que la mera suma de votos. La señal apareció este domingo, de manera casi coordinada, en los dos principales diarios conservadores del país: El Mercurio y La Tercera.
En El Mercurio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, transparentó con inusual claridad el objetivo del Ejecutivo: “Viene el momento para que el Socialismo Democrático pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista”. Más que una frase al pasar, el titular funciona como una declaración estratégica. El gobierno busca fracturar a la oposición y aislar políticamente al Frente Amplio y al Partido Comunista, apelando a un supuesto “realismo” del Socialismo Democrático.
La operación aparece reforzada en La Tercera, que publicó un reportaje titulado: “Megarreforma: La Moneda mira al Senado y apuesta por un acuerdo con el Socialismo Democrático”. El texto describe con detalle conversaciones reservadas entre sectores de la derecha y figuras del socialismo tradicional, instalando la idea de que el verdadero espacio de acuerdos ya no está en la Cámara, sino en el Senado, donde los equilibrios políticos son más favorables para el oficialismo.
La tesis es evidente: presentar al Socialismo Democrático como una izquierda “responsable”, dialogante y pragmática, en contraste con un Frente Amplio y un Partido Comunista caricaturizados como sectores rígidos o maximalistas. Es una estrategia clásica de división política, pero aplicada esta vez en un contexto particularmente delicado: una reforma que toca el corazón ideológico de cualquier fuerza progresista, como es la estructura tributaria y la redistribución de la riqueza.
Porque el núcleo de la discusión no es técnico. La rebaja de impuestos a las grandes fortunas y a los altos ingresos constituye una definición política de fondo. Supone transferir recursos hacia los sectores de mayores ingresos bajo la promesa —largamente discutida y cuestionada internacionalmente— de que ello terminará beneficiando al conjunto de la economía.
En la práctica, se trata de una agenda que históricamente ha sido impulsada por las derechas neoliberales en distintas partes del mundo. Y en Chile adquiere un carácter especialmente sensible en medio de un escenario marcado por desigualdad estructural, endeudamiento de los hogares, precarización laboral y debilitamiento de servicios públicos.
Por eso el interés del gobierno en conseguir algo más valioso que votos: legitimidad política. Un eventual acuerdo con sectores del Socialismo Democrático permitiría a Kast presentar la reforma no como una imposición ideológica de derecha, sino como una política de “consenso nacional”. De ahí la importancia que adquieren las señales mediáticas y los mensajes cuidadosamente instalados desde el oficialismo.
En ese marco, no parece casual que tanto El Mercurio como La Tercera hayan actuado este fin de semana casi como cajas de resonancia de la estrategia gubernamental. Ambos medios, históricamente vinculados a los intereses empresariales y conservadores, no sólo apoyan editorialmente el proyecto, sino que contribuyen activamente a construir el clima político necesario para aislar al PC y al Frente Amplio.
La operación incluye además un relato de inevitabilidad: la idea de que la oposición ya perdió la batalla en la Cámara, que el PDG dejó fuera de juego al progresismo y que el Senado será el espacio del “acuerdo serio”. En La Tercera incluso se destaca el supuesto diálogo reservado entre el senador UDI Javier Macaya y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, como señal de una negociación política en desarrollo.
Mientras tanto, desde sectores oficialistas y de derecha se insiste en que el Socialismo Democrático posee una “cultura de diálogo” que debería llevarlo a diferenciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista. El problema es que detrás de ese llamado al diálogo aparece una presión política evidente: obligar al socialismo tradicional a escoger entre la lealtad a una oposición amplia o la colaboración con un proyecto económico impulsado por la derecha más dura que ha gobernado Chile desde el retorno a la democracia.
Las declaraciones recientes de Carolina Tohá en La Tercera, donde subrayó las diferencias entre el Socialismo Democrático y el eje PC-FA, alimentaron además las especulaciones sobre posibles fisuras opositoras. Aunque aún no existe una definición explícita de apoyo al proyecto gubernamental, el oficialismo percibe allí una oportunidad política.
Sin embargo, un eventual respaldo del Socialismo Democrático a una rebaja tributaria para grandes fortunas podría tener costos políticos profundos. No sólo porque chocaría con principios históricos del socialismo chileno ligados a la redistribución y la justicia fiscal, sino también porque podría provocar una fractura con parte importante de su electorado progresista.
La derecha parece haber comprendido algo fundamental: que la disputa no es únicamente económica, sino cultural y política. Su objetivo no es sólo aprobar una reforma tributaria favorable a los grandes grupos económicos, sino también reordenar el mapa opositor y debilitar cualquier posibilidad futura de articulación entre las fuerzas progresistas.
Por eso la discusión de esta semana en la Cámara y luego en el Senado será mucho más que un debate tributario. Lo que está en juego es el tipo de oposición que enfrentará al gobierno de Kast en los próximos años y hasta qué punto sectores históricos de la centroizquierda estarán dispuestos —o no— a cruzar una línea política que podría redefinir su identidad frente al país.
Simón del Valle
