Megarreforma entra a fase decisiva en la Cámara en medio de protestas sindicales y duras críticas de la oposición
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Con protestas de trabajadores en las inmediaciones del Congreso Nacional en Valparaíso y una fuerte ofensiva discursiva de la oposición, la Cámara de Diputadas y Diputados inició este martes la discusión en sala del proyecto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast denominado “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, conocido públicamente como la “Megarreforma”.
La sesión estuvo marcada tanto por el intenso debate parlamentario como por las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales del sector público, encabezadas por la CUT y la ANEF, que denunciaron que el proyecto representa una profunda rebaja tributaria en beneficio de grandes empresas y altos patrimonios, a costa del debilitamiento del Estado y los servicios públicos.
La discusión legislativa ocurre después de semanas de tensión política y de una tramitación acelerada en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. De acuerdo con lo resuelto por los comités parlamentarios, la jornada de este martes quedó destinada exclusivamente al debate político de la iniciativa, mientras que la votación general y particular fue fijada para este miércoles.
Desde temprano comenzaron las manifestaciones en Valparaíso. Dirigentes sindicales y trabajadores del sector público llegaron hasta las inmediaciones del Congreso portando pancartas y consignas contra la reforma. En una declaración pública, la CUT acusó al gobierno de imponer un “trámite acelerado” a un proyecto que calificó como una “Reforma Tributaria Regresiva”.
La central sindical sostuvo que la iniciativa “favorece directamente a los sectores de mayores ingresos”, profundiza el déficit fiscal y podría derivar en nuevos recortes a servicios públicos y derechos sociales.
La CUT además respaldó las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo respecto de los efectos fiscales del proyecto y criticó las modificaciones ambientales incorporadas en la iniciativa, señalando que podrían debilitar la institucionalidad de protección ambiental.
“Nos movilizamos en rechazo a la reforma tributaria regresiva”, afirmó la declaración de la Mesa del Sector Público de la CUT, que convocó a trabajadores y organizaciones sociales a manifestarse frente al Congreso.
En paralelo, dentro del hemiciclo, el debate estuvo dominado por las críticas de parlamentarios de oposición y sectores de centroizquierda, quienes acusaron al Ejecutivo de intentar aprobar una transformación estructural del sistema tributario bajo el discurso de la “reconstrucción”.
Uno de los puntos más cuestionados fue precisamente la rapidez de la tramitación. Diversos diputados denunciaron que las urgencias legislativas limitaron el debate y redujeron el espacio para revisar en profundidad un proyecto de fuerte impacto económico y fiscal.
El diputado Álvaro Ortiz sostuvo que “la DC no puede actuar con esa indignidad”, criticando duramente la presión oficialista y afirmando que la propuesta favorece exclusivamente “al 1% de la población”. “No queremos ser parte de esta forma de gobernar”, agregó al anunciar el rechazo de su sector.
Andrea Parra (PPD) planteó que la iniciativa deja “más incertidumbres que certezas” y advirtió que “los privilegiados de siempre” terminarán siendo los principales beneficiados. Según señaló, numerosos economistas han cuestionado que la reforma genere el crecimiento prometido por el Ejecutivo.
Francisco Crisóstomo (PS) fue más allá y calificó el proyecto como “una reforma tributaria encubierta”, acusando al gobierno de avanzar “sin consensos mínimos” para favorecer a grandes empresas mediante recortes de miles de millones de pesos.
En la misma línea, Bernardo Salinas (PC) sostuvo que el concepto de “reconstrucción” utilizado por La Moneda funciona como una “metáfora” destinada a facilitar políticamente la aprobación de rebajas tributarias para grandes compañías. Según indicó, el costo fiscal estimado del proyecto alcanzaría más de US$4 mil millones.
Jaime Bassa (FA) también criticó duram
ente la lógica económica de la propuesta. “Es un mal proyecto que solo favorece a los superricos”, afirmó, cuestionando además que exista evidencia internacional que respalde la tesis oficialista de que las rebajas tributarias generarán crecimiento suficiente para compensar la pérdida de recaudación fiscal.
Uno de los argumentos que más se repitió durante la jornada fue el eventual impacto futuro sobre programas sociales y financiamiento estatal. Carlos Bianchi cuestionó particularmente el sistema de reintegración tributaria contenido en la propuesta y advirtió que “la gente pensó que iba a ser beneficiada”, no afectada mediante futuros recortes sociales.
Desde sectores progresistas también se criticó la ausencia de medidas directas para aliviar a sectores medios y populares. La diputada Tamara Ramírez sostuvo que el proyecto “no contempla un alivio directo para la clase media” y planteó la necesidad de impulsar crecimiento “con justicia y protección”.
Mientras el oficialismo insiste en que la reforma permitirá atraer inversión, generar empleo y acelerar el crecimiento económico, la oposición busca instalar una lectura completamente distinta: que el gobierno está utilizando el discurso de la reconstrucción para impulsar una de las mayores rebajas tributarias a grandes fortunas desde el retorno a la democracia.
En ese escenario, la votación de este miércoles aparece como una prueba política decisiva para el gobierno de Kast, que enfrenta crecientes cuestionamientos sociales y una presión parlamentaria cada vez más intensa sobre el corazón económico de su administración.
