La persecución de la UDI contra el juez Urrutia tensiona la independencia judicial
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La prisión preventiva decretada contra el exdiputado UDI Joaquín Lavín León no solo golpeó políticamente al oficialismo. También abrió una nueva ofensiva de la derecha contra uno de los magistrados más incómodos para los sectores conservadores chilenos: el juez Daniel Urrutia.
Esta semana parlamentarios de la UDI solicitaron formalmente al presidente José Antonio Kast que impulse la remoción del magistrado, invocando el artículo 80 de la Constitución. La petición ocurrió apenas días después de que Urrutia ordenara la prisión preventiva de Lavín León en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos vinculada al caso Maipú y a la administración de Cathy Barriga.
Aunque la UDI argumenta que la solicitud se basa en antiguas controversias administrativas relacionadas con viajes realizados por Urrutia mientras estaba con licencia médica, el momento político de la ofensiva resulta imposible de ignorar. La arremetida ocurre justo después de uno de los golpes judiciales más duros sufridos por el gremialismo en los últimos años.
El episodio reabre además una discusión extremadamente sensible en cualquier democracia: hasta qué punto un gobierno puede intervenir políticamente respecto de jueces que dictan resoluciones incómodas para el poder.
La Constitución chilena efectivamente contempla una facultad presidencial para solicitar a la Corte Suprema la apertura de un procedimiento de remoción por “mal comportamiento”. Pero el Presidente no puede destituir directamente a un juez. La decisión final corresponde exclusivamente a la Corte Suprema.
Ese detalle jurídico es precisamente el que hoy se transformó en centro del debate político.
Para sectores progresistas y organizaciones vinculadas a derechos humanos, la ofensiva contra Urrutia aparece como una señal preocupante de presión política sobre el Poder Judicial. Más aún considerando que el magistrado arrastra años de enfrentamientos con la derecha debido a sus posiciones sobre derechos humanos, sus fallos durante el estallido social y sus críticas a prácticas represivas del Estado.
Daniel Urrutia se convirtió hace tiempo en una figura incómoda para sectores conservadores. Durante las protestas de 2019 autorizó revisiones de medidas cautelares para detenidos de la llamada “primera línea”, cuestionó condiciones carcelarias y defendió públicamente estándares internacionales de derechos humanos. También fue objeto de controversias mediáticas por utilizar lenguaje inclusivo en resoluciones judiciales.
Desde entonces, parte de la derecha comenzó a instalar la idea de que Urrutia sería un “juez militante” o “activista”, una acusación recurrente cada vez que sus resoluciones afectan intereses policiales, empresariales o políticos conservadores.
Pero el caso Lavín León elevó el conflicto a otro nivel.
El exdiputado UDI es una figura emblemática del entorno político gremialista y su prisión preventiva golpeó directamente a uno de los sectores históricos de la derecha chilena. La resolución de Urrutia incluyó duras referencias a la gravedad de los hechos investigados y a la existencia de una posible red de corrupción vinculada al aparato municipal de Maipú.
La reacción fue inmediata.
La defensa de Lavín León acusó parcialidad del magistrado y presentó recursos cuestionando la resolución judicial. Paralelamente, dirigentes UDI comenzaron a presionar políticamente al gobierno para activar mecanismos disciplinarios contra el juez.
En términos formales, la ofensiva se sostiene sobre antecedentes previos relacionados con viajes realizados por Urrutia mientras se encontraba con licencia médica. Sin embargo, existe un dato incómodo para los impulsores de la medida: la propia Corte de Apelaciones de Santiago ya había absuelto anteriormente al magistrado respecto de esos hechos.
Por eso, para numerosos observadores, el episodio tiene menos apariencia de una discusión administrativa y más de una represalia política.
El problema institucional es delicado. La independencia judicial existe precisamente para impedir que jueces puedan ser removidos o presionados por sus decisiones jurisdiccionales. Cuando un sector político intenta activar mecanismos de remoción inmediatamente después de un fallo adverso, inevitablemente surge la sospecha de amedrentamiento o disciplinamiento.
En el oficialismo, sin embargo, sectores cercanos a Kast sostienen que el gobierno no puede permanecer indiferente frente a conductas que consideran impropias dentro del Poder Judicial y argumentan que el artículo 80 es una herramienta constitucional legítima.
La discusión recuerda conflictos similares ocurridos en otros países de América Latina y también en Estados Unidos, donde sectores conservadores han impulsado campañas contra jueces acusados de “activismo judicial” cuando sus resoluciones chocan con agendas políticas de derecha.
Pero en Chile el caso adquiere una dimensión adicional debido al contexto político actual. El gobierno de Kast enfrenta crecientes cuestionamientos por su agenda de seguridad, por la “Megarreforma” económica y por denuncias opositoras sobre intentos de captura institucional del Estado.
En ese escenario, el choque con un juez identificado públicamente con posiciones garantistas y de derechos humanos adquiere un fuerte contenido simbólico.
El episodio revela además una tensión más profunda que atraviesa hoy a parte de la derecha chilena: la dificultad para aceptar plenamente ciertos márgenes de autonomía institucional cuando las decisiones judiciales afectan a figuras propias.
Mientras tanto, Daniel Urrutia continúa en funciones y la Corte Suprema no ha iniciado ningún proceso de remoción.
Pero el mensaje político ya quedó instalado: el conflicto entre sectores conservadores y parte del Poder Judicial entra en una nueva etapa de confrontación abierta.
Simón del Valle
