El regreso de los Chicago Boys: la apuesta ideológica de Kast y Quiroz
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La megarreforma económica, los recortes al gasto social y el discurso del ministro de Hacienda revelan algo más profundo que un ajuste fiscal: la voluntad de reinstalar en Chile un modelo de mercado extremo, con un Estado reducido y subordinado al capital privado. Pero el problema no es solo político o social. También es económico: el neoliberalismo ortodoxo que el Gobierno intenta revivir pertenece a otro tiempo histórico.
Hay algo más profundo que una discusión tributaria detrás de la llamada “megarreforma” impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Lo que empieza a dibujarse, a través de las declaraciones del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de los recortes presupuestarios en áreas sociales y de la lógica general del programa económico oficialista, es un proyecto ideológico coherente: reinstalar en Chile un neoliberalismo ortodoxo, duro y doctrinario, muy cercano al espíritu original de los Chicago Boys durante la dictadura y al experimento libertario que Javier Milei intenta aplicar en Argentina.
No se trata únicamente de rebajar impuestos corporativos del 27% al 23%, reducir regulaciones o contener el gasto fiscal. El objetivo parece mucho más ambicioso: desmontar gradualmente las correcciones sociales, regulatorias y estatales que Chile fue incorporando desde el retorno a la democracia. En otras palabras, borrar parte importante de lo construido incluso durante los gobiernos de la Concertación y, en algunos aspectos, durante las administraciones de Sebastián Piñera.
El proyecto económico de Kast-Quiroz parece inspirado en una convicción ideológica antigua: que el mercado, liberado de restricciones, es el mecanismo más eficiente para organizar toda la vida social. El Estado, bajo esta mirada, debe reducirse al mínimo, intervenir poco, regular menos y dejar amplios espacios a la lógica privada en salud, educación, pensiones, infraestructura y derechos sociales.
Pero precisamente ahí aparece la gran contradicción histórica del proyecto.
Porque el Chile de 2026 no es el Chile de 1975.
Y el mundo tampoco es el de los años del auge neoliberal.
Durante cuatro décadas, Chile fue presentado como laboratorio del libre mercado extremo. Privatizaciones masivas, apertura comercial irrestricta, debilitamiento sindical, desregulación financiera y concentración económica fueron parte de una arquitectura diseñada bajo dictadura y administrada posteriormente por gobiernos democráticos que, aunque incorporaron políticas sociales y mecanismos de protección, nunca alteraron el núcleo del modelo.
Ese modelo sí generó crecimiento en determinados períodos. También permitió estabilidad macroeconómica y consolidó grandes conglomerados empresariales. Pero produjo simultáneamente una de las sociedades más desiguales de América Latina y de la OCDE.
La concentración de la riqueza, del poder económico y de los mercados alcanzó niveles extraordinarios. Pocos grupos económicos pasaron a controlar áreas estratégicas completas: retail, banca, energía, salud privada, AFP, medios de comunicación y recursos naturales. Mientras tanto, amplios sectores de la población quedaron atrapados en salarios bajos, endeudamiento estructural, precarización laboral y servicios sociales segmentados según capacidad de pago.
El estallido social de 2019 no apareció de la nada. Fue, precisamente, la expresión de agotamiento de ese modelo.
Por eso el actual intento de restauración neoliberal tiene un componente casi anacrónico. El Gobierno parece actuar como si los problemas estructurales que el propio modelo produjo nunca hubieran existido.
El problema es que el contexto internacional tampoco acompaña esa apuesta.
En los años noventa, el neoliberalismo aparecía como el horizonte dominante del capitalismo global tras la caída de la Unión Soviética. Hoy el escenario es radicalmente distinto. Estados Unidos subsidia masivamente industrias estratégicas mediante la Inflation Reduction Act. Europa protege sectores sensibles y redefine cadenas productivas. China opera con un capitalismo fuertemente dirigido por el Estado. Incluso organismos multilaterales han comenzado a reconocer el impacto negativo de la desigualdad sobre la estabilidad democrática y el crecimiento de largo plazo.
El mundo se mueve hacia políticas industriales, transición energética, protección tecnológica y fortalecimiento estratégico del Estado.
Chile, en cambio, parece avanzar en sentido inverso.
La paradoja es particularmente evidente en medio de un contexto económico mundial incierto, marcado por desaceleración, tensiones geopolíticas, guerras comerciales y reorganización de cadenas de suministro. Apostar en este escenario a una economía basada casi exclusivamente en exportación de materias primas y reducción del Estado parece más una declaración doctrinaria que un programa realista de desarrollo.
Porque el problema de Chile no es simplemente “falta de mercado”. El país arrastra desde hace años graves déficits de productividad, baja sofisticación industrial, dependencia extractiva y una débil capacidad de innovación tecnológica.
Reducir impuestos corporativos difícilmente resolverá esos problemas estructurales.
La experiencia internacional reciente tampoco respalda las tesis más extremas del oficialismo. El “derrame” prometido durante décadas nunca llegó en la magnitud anunciada. La concentración económica aumentó más rápido que los beneficios sociales. Y las sociedades con menor desigualdad y mejores indicadores de bienestar suelen combinar crecimiento con Estados robustos, sistemas públicos fuertes e inversión estratégica.
Ahí aparece otro elemento delicado del proyecto Kast-Quiroz: la reducción sistemática del gasto social en áreas altamente sensibles como salud, educación y programas de protección. El argumento oficial apunta a la disciplina fiscal. Pero el efecto político y social es mucho más profundo: trasladar nuevamente el peso de la crisis y del ajuste hacia los sectores medios y populares.
En ese sentido, el actual gobierno no parece buscar únicamente administrar el modelo económico chileno. Busca radicalizarlo.
Y esa radicalización ocurre precisamente cuando amplios sectores del mundo discuten los límites del neoliberalismo, el rol estratégico del Estado y la necesidad de reducir desigualdades para sostener la cohesión democrática.
La gran pregunta de fondo es si Chile puede realmente construir desarrollo en el siglo XXI sobre la misma lógica económica diseñada hace medio siglo bajo dictadura: exportación primaria, mercado desregulado, Estado mínimo y concentración del poder económico.
Hasta ahora, la evidencia histórica parece indicar lo contrario.
Simón del Valle
