La estrategia de la mentira: Kast profundiza la política de la “emergencia” para imponer su agenda
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El gobierno suma nuevas denuncias sobre supuestas deudas ocultas mientras instala un clima de crisis permanente a días de la cuenta pública. Desde la oposición acusan una operación política basada en datos distorsionados, alarmismo económico y propaganda comunicacional.
La estrategia continúa. Y ya no parece posible hablar de hechos aislados ni de simples controversias técnicas. Lo que se observa desde La Moneda es una operación política sistemática: instalar la idea de que el país fue recibido en ruinas, que las finanzas públicas fueron falseadas y que el Estado arrastra un desorden cercano al colapso. Todo ello en medio de la discusión de la megarreforma económica impulsada por José Antonio Kast y a pocos días de su primera cuenta pública.
La ofensiva comenzó con el relato de la “caja vacía”. Luego vino la acusación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre un supuesto “error” de más de US$10 mil millones en las proyecciones de deuda elaboradas por el gobierno de Gabriel Boric. Economistas y exautoridades desmintieron rápidamente la tesis oficial, explicando que no existía un error contable sino diferencias en supuestos macroeconómicos proyectados.
Pero lejos de retroceder, el gobierno profundizó la ofensiva.
Ahora fue el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien aseguró haber encontrado una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos al interior del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con pagos pendientes incluso desde 2022.
“Encontramos aspectos que son criticables y que pueden ser incluso un poco más graves. Lo primero es una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, no pagada, y que algunos de sus componentes vienen del año 2022 incluso”, afirmó en Cooperativa.
El patrón comienza a repetirse con demasiada precisión.
Cada día aparece una nueva denuncia, una nueva “herencia” catastrófica, una nueva alerta sobre supuestas irregularidades del gobierno anterior. La secuencia no parece improvisada. Todo indica que forma parte de una estrategia comunicacional destinada a construir un clima político específico antes del 1 de junio: un país supuestamente devastado que obligaría al gobierno a aplicar ajustes, recortes y reformas estructurales.
La lógica es transparente. Si Chile fue recibido “quebrado”, entonces cualquier reducción de gasto social, cualquier recorte presupuestario o cualquier rebaja de derechos puede presentarse como inevitable.
El problema es que muchas de estas denuncias han comenzado rápidamente a mostrar inconsistencias, exageraciones o interpretaciones políticas de situaciones administrativas normales dentro del funcionamiento del Estado.
Y eso tiene consecuencias graves.
El diputado Gonzalo Winter lo expresó con claridad al cuestionar la ofensiva del gobierno: “Instalar la idea de que Chile falsea sus datos, que el Estado está quebrado o que Codelco está quebrado no solo son mentiras: es una irresponsabilidad que pone en riesgo la confianza en la economía chilena y en sus instituciones”.
La advertencia es profunda. Porque un gobierno puede intentar polarizar políticamente a sus adversarios, pero cuando comienza a erosionar la credibilidad de las propias instituciones fiscales y económicas del país entra en un terreno peligroso. La estabilidad económica moderna descansa precisamente en la confianza: confianza en las cifras públicas, en los organismos técnicos, en los balances fiscales y en la consistencia institucional.
Cuando el propio gobierno instala dudas sobre esa arquitectura, el daño puede ir mucho más allá de una coyuntura política.
Winter apuntó además al corazón de la operación oficialista: “El ministro Quiroz ha comprometido la fiabilidad de las finanzas públicas para una operación política, haciendo coincidir la entrega de un informe con una auditoría y una acusación constitucional basada exactamente en el mismo documento, todo a días de la cuenta pública”.
La sincronización de los hechos resulta difícil de ignorar.
Primero se presenta un informe alarmante. Luego se anuncian auditorías. Después aparecen amenazas de acusaciones constitucionales impulsadas por republicanos y libertarios. Finalmente, el Presidente prepara una cuenta pública donde probablemente volverá a insistir en la idea de haber heredado un país destruido.
Más que administración pública, parece campaña permanente.
Y esa lógica no es nueva en las ultraderechas contemporáneas. Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina han utilizado mecanismos similares: construir una sensación de crisis terminal, identificar culpables internos y usar el conflicto permanente como herramienta de cohesión política.
Kast parece avanzar en la misma dirección.
La paradoja es evidente. Mientras el gobierno denuncia supuestos agujeros fiscales heredados, impulsa simultáneamente una megarreforma que reduce impuestos a grandes empresas y sectores de altos ingresos. Es decir, la “emergencia” parece justificar recortes sociales, pero no impedir beneficios tributarios para los sectores más poderosos.
Allí aparece el verdadero núcleo ideológico de esta estrategia.
La crisis funciona como relato legitimador para avanzar hacia un modelo neoliberal más extremo, donde el Estado social sea reducido progresivamente bajo la lógica de la austeridad permanente.
Por eso las auditorías no se concentran en grandes grupos económicos ni en privilegios empresariales. Se dirigen a Junaeb, programas sociales, instituciones públicas y organismos vinculados a derechos sociales y subsidios estatales.
La señal política es clara: el problema sería el Estado, no la concentración de riqueza.
Pero existe otro riesgo aún más delicado.
Cuando un gobierno convierte cada diferencia administrativa en escándalo, cada proyección económica en “fraude” y cada debate técnico en una acusación moral, termina erosionando la frontera entre verdad y propaganda. Y una democracia donde las cifras públicas dejan de ser confiables entra rápidamente en una dinámica de polarización extrema.
Chile parece acercarse peligrosamente a ese escenario.
A días de la cuenta pública presidencial, la pregunta ya no es únicamente económica. La verdadera interrogante es cuánto daño está dispuesto a provocar el gobierno sobre la credibilidad institucional del país para sostener su narrativa política de emergencia permanente.
Simón del Valle
