Más de 130 académicos de la Universidad de Chile condenan la represión a estudiantes y cuestionan la agenda del gobierno
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Más de un centenar de académicas y académicos de distintas facultades de la Universidad de Chile suscribieron una declaración pública en la que expresan su «más profunda preocupación» por la represión ejercida contra estudiantes durante las recientes movilizaciones y llaman al gobierno a abandonar las medidas punitivas para privilegiar el diálogo social.
Las repercusiones de la marcha estudiantil del pasado miércoles continúan creciendo. Esta vez fueron más de un centenar de académicas y académicos de la Universidad de Chile quienes alzaron la voz para cuestionar la respuesta de las autoridades frente a las movilizaciones convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que terminaron con decenas de detenidos y una estudiante gravemente herida.
En una declaración pública titulada «Por el derecho a la protesta, el diálogo y la construcción de un futuro digno», los firmantes manifestaron su «más profunda preocupación y categórica condena» ante los recientes actos de represión dirigidos contra estudiantes, recordando que el derecho a la manifestación constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.
«Una democracia solo se engrandece y se legitima cuando garantiza el ejercicio pleno de la libertad de expresión», señala el texto, que reúne a académicos de facultades tan diversas como Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, Medicina, Derecho, Arquitectura, Artes, Comunicación e Imagen, Ciencias Físicas y Matemáticas, y Agronomía. Entre los firmantes destacan figuras reconocidas del mundo académico como Manuel Antonio Garretón, Faride Zerán, Claudio Nash, María Olivia Mönckeberg, Giorgio Boccardo, Gonzalo Durán y Flavio Salazar, entre otros.
Críticas a la respuesta del gobierno
La declaración apunta directamente a la estrategia adoptada por el Ejecutivo frente a las protestas sociales. Los académicos advierten que responder a las demandas ciudadanas mediante la represión y la amenaza de restricciones a derechos fundamentales constituye un «profundo error histórico».
Particularmente cuestionan iniciativas como el denominado «registro de vándalos», impulsado por sectores oficialistas, señalando que medidas de este tipo terminan castigando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Según los firmantes, una política centrada en el castigo solo profundizará el descontento y la desesperanza social.
La crítica se extiende también a la denominada «megarreforma» impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. A juicio de los académicos, dicho proyecto amenaza con precarizar aún más las condiciones de vida de millones de personas y constituye parte del contexto que explica la creciente movilización social observada en las últimas semanas.
«Los estudiantes no se movilizan en el vacío»
Uno de los aspectos centrales de la declaración es el intento por situar las protestas estudiantiles en un contexto social más amplio.
Según el documento, los jóvenes que han salido a las calles lo hacen impulsados por la necesidad de construir un futuro viable para ellos, sus familias y la sociedad en general. Los académicos sostienen que las movilizaciones expresan problemas estructurales acumulados durante décadas y apuntan a una carencia histórica de Chile: la ausencia de un verdadero Estado de Bienestar capaz de garantizar derechos sociales básicos.
«Lo que las y los jóvenes plantean tiene un sentido profundo, ético y de justicia que no puede ser ignorado», afirman.
La declaración aparece apenas días después de la marcha nacional convocada por la Confech, que terminó con 35 detenidos según cifras oficiales y con denuncias de violencia policial formuladas por dirigentes estudiantiles, brigadas de salud y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que investiga el caso de una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que resultó gravemente herida y debió ser intervenida quirúrgicamente.
Llamado al diálogo
El documento concluye con un emplazamiento directo al Ejecutivo para abandonar la lógica represiva y abrir espacios efectivos de conversación.
«A las autoridades que miran con admiración los sistemas de desarrollo europeos, les recordamos un principio básico de dichos modelos: no existe crecimiento, estabilidad económica ni paz posible sin un tejido social cohesionado y protegido», señalan.
Los académicos sostienen que escuchar las demandas estudiantiles y garantizar el respeto de sus derechos constituye una condición indispensable para construir un futuro democrático y socialmente sostenible para el país.
La declaración representa una de las reacciones más amplias surgidas desde el mundo universitario tras la movilización del miércoles y se suma a las críticas formuladas por organizaciones estudiantiles y de derechos humanos respecto del manejo policial y político de las protestas.
