La megarreforma cruza su última barrera: Kast consolida la primera gran victoria legislativa de su gobierno
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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la megarreforma económica impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, ratificando casi íntegramente las modificaciones introducidas por el Senado. Solo una disposición deberá resolverse en comisión mixta. Más que el cierre de una tramitación legislativa, la votación marca el inicio de una nueva etapa política y jurídica: la implementación de uno de los cambios estructurales más profundos del modelo económico chileno desde el retorno a la democracia.
Durante casi cuatro meses, la megarreforma ocupó el centro del debate político chileno. Su tramitación estuvo marcada por intensas negociaciones, advertencias de economistas, críticas de organizaciones sociales, cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y una fuerte confrontación entre el oficialismo y la oposición.
Este martes, sin embargo, el Congreso despejó la principal incógnita.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el grueso de las modificaciones realizadas por el Senado y dejó el proyecto prácticamente listo para convertirse en ley. Solo una norma —relativa al mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones de adultos mayores— deberá ser resuelta en comisión mixta.
El resultado constituye mucho más que una victoria parlamentaria. Representa la consolidación del principal proyecto económico del gobierno de José Antonio Kast y confirma que el Ejecutivo logró mantener intacto el núcleo de la iniciativa con la que llegó a La Moneda.
La arquitectura del proyecto permanece
Durante la discusión legislativa hubo momentos en que pareció posible introducir modificaciones sustantivas.
La oposición cuestionó la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las modificaciones a la institucionalidad ambiental, los incentivos tributarios y los efectos fiscales del proyecto.
El Consejo Fiscal Autónomo expresó reparos sobre su financiamiento.
Académicos y especialistas advirtieron que la invariabilidad tributaria podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política fiscal durante décadas.
Organizaciones ambientales denunciaron que la simplificación de permisos debilitaba la evaluación ambiental.
Sin embargo, ninguna de esas críticas logró alterar la estructura central de la reforma.
El proyecto que abandona el Congreso mantiene los principales instrumentos económicos que el Ejecutivo definió como prioritarios para impulsar la inversión y acelerar el crecimiento.
La disciplina oficialista
La sesión también dejó una señal política.
Durante las semanas previas existieron dudas respecto del comportamiento de algunos parlamentarios oficialistas frente a normas específicas que generaban controversia.
Pero, al momento de la votación definitiva, el oficialismo cerró filas en torno al proyecto.
La disciplina parlamentaria permitió que el Gobierno llegara al final de la tramitación sin fracturas visibles y con una mayoría suficiente para ratificar prácticamente todas las modificaciones aprobadas por el Senado.
Para La Moneda, ese resultado tiene un valor que trasciende el contenido de la ley.
La megarreforma fue presentada desde el inicio como el eje del programa económico del Presidente Kast. Su aprobación demuestra que el Ejecutivo fue capaz de construir una mayoría legislativa estable para sacar adelante su principal iniciativa.
Una oposición que no logró cambiar el rumbo
La oposición consiguió instalar un intenso debate público sobre diversos aspectos de la reforma.
Las advertencias sobre la invariabilidad tributaria, los efectos fiscales, la institucionalidad ambiental y la distribución de los beneficios tributarios marcaron buena parte de la discusión política de los últimos meses.
Pero esa capacidad de instalar temas en la agenda no se tradujo en cambios sustanciales al texto legal.
La diferencia entre el debate público y el resultado legislativo constituye una de las principales conclusiones del proceso.
La oposición logró tensionar políticamente la discusión, pero no modificar el diseño estratégico de la reforma.
El Congreso ya no será el escenario principal
La aprobación de la Cámara tampoco significa el fin del conflicto.
Diversos sectores de la oposición han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar algunas disposiciones, particularmente aquellas relacionadas con la invariabilidad tributaria.
Si ese recurso se concreta, el centro de gravedad del debate cambiará nuevamente.
La discusión dejará de ser parlamentaria para transformarse en una controversia constitucional.
El Tribunal Constitucional podría terminar pronunciándose sobre uno de los aspectos más sensibles de toda la reforma: la posibilidad de establecer garantías tributarias de largo plazo que condicionen la capacidad de futuros gobiernos para modificar el régimen impositivo.
Comienza otra etapa
La aprobación parlamentaria tampoco clausura las interrogantes económicas.
La verdadera evaluación de la reforma dependerá ahora de sus resultados.
El Gobierno sostiene que la reducción de impuestos, la simplificación regulatoria y los incentivos a la inversión permitirán acelerar el crecimiento económico, aumentar la inversión privada y generar empleo.
Sus críticos, en cambio, advierten que la disminución de la recaudación fiscal podría tensionar el financiamiento de políticas públicas, mientras que la invariabilidad tributaria limitaría la autonomía de futuras administraciones democráticamente elegidas.
Esas diferencias ya no podrán resolverse mediante nuevas votaciones parlamentarias.
Serán los datos económicos, la evolución de la inversión, el comportamiento del empleo y el desempeño de las cuentas fiscales los que terminarán evaluando el alcance real de la reforma.
El comienzo del verdadero debate
Paradójicamente, la aprobación de la megarreforma no pone fin a la discusión política.
La inaugura.
Hasta ahora el país debatió si este proyecto debía convertirse en ley.
A partir de hoy la discusión cambia de naturaleza.
La pregunta ya no será si la reforma debía aprobarse, sino si cumplirá las promesas que justificaron su impulso: reactivar el crecimiento, atraer nuevas inversiones y mejorar las condiciones económicas del país sin comprometer la capacidad futura del Estado para financiar sus políticas públicas.
Ese será, probablemente, el verdadero juicio político sobre la principal apuesta económica del gobierno de José Antonio Kast.
Simón del Valle
