La indicación que nadie vio venir: el debate sobre el interés sobre interés divide a la megarreforma
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Mientras la discusión sobre la megarreforma se concentró durante meses en la rebaja del impuesto a las empresas y la invariabilidad tributaria, una indicación aprobada casi silenciosamente abrió uno de los conflictos más inesperados de toda la tramitación. La prohibición del cobro de intereses sobre intereses enfrenta al Gobierno, la banca, el Banco Central y la oposición en un debate donde abundan las advertencias, pero escasean las cifras.
Durante meses, la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast estuvo dominada por un puñado de grandes temas: la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria por 25 años y el impacto fiscal del proyecto.
Sin embargo, cuando la iniciativa entra en su etapa final, la controversia más intensa ya no gira en torno a las empresas, sino a una disposición incorporada durante la tramitación parlamentaria que podría afectar directamente a millones de personas endeudadas.
Se trata de la prohibición del llamado anatocismo, el mecanismo que permite capitalizar intereses y generar nuevos intereses sobre montos previamente devengados en determinadas circunstancias reguladas por la ley y los contratos.
La norma fue aprobada por el Congreso. El Gobierno anunció que intentará eliminarla mediante un veto presidencial y, si ello no prospera, evalúa recurrir al Tribunal Constitucional.
Paradójicamente, la mayor resistencia a una disposición aprobada dentro de la propia megarreforma proviene ahora del Ejecutivo, de la banca y de las principales organizaciones empresariales.
Una oposición transversal
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han expresado reparos frente a la prohibición.
Los argumentos son similares.
Sostienen que una eliminación absoluta del anatocismo podría encarecer el crédito, reducir la oferta de financiamiento, afectar períodos de gracia y refinanciamientos, alterar diversos contratos financieros e incluso generar riesgos para la estabilidad del sistema.
El Gobierno hizo suyas esas preocupaciones.
Por esa razón anunció que impulsará un veto para eliminar la disposición o recurrirá al Tribunal Constitucional si la norma permanece en el texto definitivo.
Un debate lleno de advertencias
Llama la atención, sin embargo, la forma en que se ha desarrollado la discusión pública.
Las instituciones financieras y empresariales han descrito múltiples consecuencias potenciales de la medida.
Han advertido sobre créditos más caros.
Sobre menor acceso al financiamiento.
Sobre eventuales efectos para la estabilidad financiera.
Sobre dificultades para distintos productos bancarios.
Sin embargo, hasta ahora esas advertencias no han ido acompañadas de estudios públicos que permitan cuantificar la magnitud de esos impactos.
No se ha informado cuánto aumentarían efectivamente las tasas de interés.
Ni cuántos créditos dejarían de otorgarse.
Ni cuánto perdería la banca por la eliminación del mecanismo.
Ni cuál sería el efecto económico agregado sobre el sistema financiero.
El debate, por ahora, se construye principalmente sobre escenarios proyectados.
La otra mitad del problema
Esa ausencia de cifras también aparece desde la otra vereda.
Quienes impulsan la prohibición sostienen que el anatocismo termina agravando el sobreendeudamiento y castiga especialmente a consumidores que ya enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras.
Pero tampoco existen estimaciones públicas que permitan dimensionar cuánto ahorrarían los hogares si la norma entrara en vigencia o cuántas personas resultarían directamente beneficiadas.
Así, la discusión ha quedado atrapada entre dos hipótesis.
Una advierte sobre los riesgos de modificar las reglas del crédito.
La otra denuncia los costos sociales de mantener el sistema vigente.
Ambas contienen elementos plausibles.
Ninguna ha sido respaldada, hasta ahora, con información suficientemente cuantificada para evaluar la magnitud real de sus efectos.
El país del endeudamiento
El debate adquiere especial relevancia en un país donde el crédito forma parte de la vida cotidiana.
Durante décadas, el financiamiento mediante tarjetas, líneas de crédito, créditos de consumo e hipotecarios permitió sostener niveles de consumo superiores al crecimiento de los ingresos.
Pero ese mismo proceso convirtió a Chile en una de las economías latinoamericanas con mayores niveles de endeudamiento de los hogares.
El propio Banco Central ha advertido reiteradamente que, si bien la situación financiera de las familias ha mostrado cierta estabilización en los últimos años, los hogares de menores ingresos continúan siendo especialmente vulnerables frente al aumento del costo del crédito y al deterioro de sus condiciones económicas.
Por eso la discusión sobre el anatocismo trasciende ampliamente el ámbito jurídico.
Habla del funcionamiento del modelo crediticio chileno.
La pregunta política
Existe además otro elemento que hasta ahora ha recibido poca atención.
La indicación fue aprobada durante la tramitación parlamentaria sin generar una controversia significativa.
Varios parlamentarios del oficialismo respaldaron el proyecto que hoy el propio Gobierno busca modificar mediante un veto.
La secuencia plantea una pregunta inevitable.
¿No se dimensionó inicialmente el alcance de la norma?
¿O el Ejecutivo modificó su posición después de escuchar las advertencias del sistema financiero y de los reguladores?
Hasta ahora el Gobierno no ha explicado públicamente esa evolución.
Más que una discusión técnica
La controversia sobre el anatocismo revela una tensión más profunda que la propia megarreforma.
Por un lado, instituciones como el Banco Central y la CMF advierten sobre la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero.
Por otro, parlamentarios y organizaciones de consumidores sostienen que un sistema de crédito no puede construirse sobre mecanismos que terminan incrementando de manera acumulativa las deudas de quienes ya enfrentan mayores dificultades económicas.
Entre ambas posiciones existe un vacío.
Hasta ahora, el debate ha estado dominado por advertencias sobre riesgos futuros.
Pero sigue faltando una evaluación pública y transparente que permita comparar esos riesgos con los costos económicos y sociales que implica mantener las reglas actuales.
Mientras esa información no forme parte de la discusión, el país seguirá debatiendo uno de los cambios más relevantes de la megarreforma apoyándose más en escenarios posibles que en evidencia cuantificada.
Simón del Valle
