A 53 años del golpe: trece condenados por crímenes de lesa humanidad siguen prófugos de la justicia

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El nuevo registro elaborado por Caucoto Abogados incluye exintegrantes de la DINA, oficiales del Ejército, Armada y Carabineros y civiles condenados en causas emblemáticas como Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, el asesinato de Carmelo Soria y el caso Quemados. Algunos llevan cuatro años eludiendo el cumplimiento de sus condenas.

A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, trece personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura permanecen prófugas de la justicia, de acuerdo con un nuevo listado elaborado por el estudio Caucoto Abogados.

No se trata de personas investigadas o procesadas a la espera de una resolución judicial. Son condenados por secuestros, desapariciones forzadas, homicidios calificados, torturas y asociación ilícita que, pese a existir sentencias en su contra, no están cumpliendo las penas impuestas por los tribunales.

Algunos permanecen fugitivos desde 2022.

El listado atraviesa buena parte de los casos más emblemáticos de la represión ejercida después del golpe de Estado: Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, Conferencia II, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, la desaparición de Reinalda Pereira, los crímenes de Mulchén y el caso Quemados, entre otros.

Entre los prófugos se encuentra Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, exoficial del Ejército y agente de la DINA, condenado en varias causas. En Operación Cóndor recibió dos penas de 18 años por secuestros calificados y homicidios, mientras que posteriormente fue condenado a otros siete años como coautor de la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza.

También continúan prófugos Pablo Belmar Labbé y René Quilhot Palma, ambos exoficiales del Ejército y miembros de la DINA, condenados por el homicidio calificado del diplomático español Carmelo Soria y por asociación ilícita.

Otro de los nombres es Iván Humberto Figueroa Canobra, exoficial del Ejército condenado a 20 años de prisión por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas De Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana, víctimas del denominado caso Quemados. Permanece prófugo desde 2024.

Figura asimismo Jaime Ojeda Torrent, condenado como cómplice de los 15 homicidios perpetrados por la Caravana de la Muerte en su paso por La Serena, entre cuyas víctimas se encontraba el músico y director de orquesta Jorge Peña Hen.

Condenados que no cumplen sus sentencias

Para Caucoto Abogados, la existencia de estos prófugos plantea un problema que va más allá de la persecución policial.

“Seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”, señaló Francisco Bustos, abogado encargado de elaborar el registro.

El listado también muestra que la búsqueda puede producir resultados incluso años después de iniciada la fuga. Nelson Hasse Mazzei, condenado por los secuestros y homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, permaneció prófugo desde agosto de 2023 hasta ser detenido en julio de este año.

Alberto Fernández Michell, condenado a presidio perpetuo por 19 homicidios calificados del episodio Laja-San Rosendo, fue capturado en julio de 2025 después de permanecer fugitivo durante más de un año.

El papel del Estado bajo cuestionamiento

La publicación del registro adquiere otra dimensión por la controversia que durante este año ha rodeado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Caucoto Abogados cuestiona lo que considera un cambio de criterio del Estado frente a las solicitudes formuladas por condenados por crímenes de la dictadura para reducir, sustituir o modificar sus penas.

El caso no constituye solamente una denuncia del estudio jurídico. Durante este año se ha conocido que decenas de exagentes condenados han presentado solicitudes de reducción de penas, arresto domiciliario, libertades condicionales, acumulación de condenas u otras modificaciones de la forma en que cumplen sus sentencias.

Según antecedentes publicados en agosto, 47 condenados por crímenes de lesa humanidad habían realizado este tipo de solicitudes durante 2026. De 23 audiencias efectuadas hasta entonces, el Programa de Derechos Humanos no se presentó a alegar o desistió de recursos en 20 ocasiones, siguiendo instrucciones del Ministerio de Justicia.

En dos de esos casos se produjo la liberación inmediata del condenado y en otro una reducción de la pena.

Caucoto Abogados menciona particularmente los casos del exagente de la DINA César Manríquez y del exoficial de Carabineros Héctor Osses Yáñez.

Osses estuvo prófugo entre 2021 y 2023 y posteriormente solicitó sustituir sus penas alegando problemas de salud mental. Según Francisco Bustos, durante este año el Programa de Derechos Humanos desistió de apelaciones destinadas a conseguir nuevos exámenes para determinar su condición.

El estudio sostiene que solicitó conocer las razones que llevaron al organismo estatal a modificar su actuación, pero que esa información le fue denegada.

Para Bustos, esta política resulta especialmente preocupante porque el cumplimiento efectivo de las condenas forma parte de las obligaciones del Estado frente a los crímenes contra la humanidad.

Los trece prófugos

El registro actualizado está integrado por Luis Enrique Barrueto Bartning; Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda; Alberto Roque Badilla Grillo; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Juan de Dios Higueras Álvarez; Miguel René Riveros Valderrama; Jaime Ojeda Torrent; Andrés Pablo Potin Lailhacar; Iván Humberto Figueroa Canobra; Ángel Nicanor Bustos Farías; Sergio Patricio Chifelle Kirby y Gastón Manterola Miranda.

Sus condenas comprenden desapariciones forzadas, homicidios calificados, torturas y asociación ilícita, con penas que en algunos casos alcanzan los 20 años de prisión y, en otros, varias condenas acumuladas por diferentes causas.

La nómina ha ido cambiando a medida que algunos fugitivos son encontrados y nuevos condenados pasan a la clandestinidad. Caucoto Abogados viene confeccionando estos registros desde hace varios años como una forma de llamar la atención sobre una dimensión menos visible de los procesos por violaciones a los derechos humanos: obtener una sentencia no significa necesariamente que esta llegue a cumplirse.

Ese problema adquiere un significado particular este 11 de septiembre. A más de medio siglo de los crímenes, cuando buena parte de los procesos judiciales requirieron décadas para llegar a sentencia definitiva, la obligación estatal no termina con la condena.

Incluye también hacerla efectiva.