Bolivia: la ONU exige justicia por el asesinato del magistrado Víctor Claure

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 52 segundos

Expertos de Naciones Unidas reclamaron una investigación independiente, el esclarecimiento de los motivos del crimen y una reparación integral para la familia del magistrado agroambiental boliviano. También advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los jueces que intervienen en casos relacionados con la protección del medio ambiente.

El Gobierno de Bolivia debe garantizar que los responsables del asesinato del magistrado Víctor Claure Hinojoza sean llevados ante la justicia, que se esclarezcan los motivos del crimen y que su familia reciba una reparación integral, afirmaron expertos de Naciones Unidas.

Claure, decano del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, fue asesinado el 30 de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según la información disponible, dos individuos que circulaban en una motocicleta participaron en el ataque. Uno de ellos disparó cuatro veces a quemarropa contra el magistrado, quien murió en el lugar de los hechos.

Antes de incorporarse a la judicatura, Claure había comenzado su trayectoria como defensor de los derechos ambientales. Posteriormente desarrolló una carrera profesional en el servicio público técnico del sector agrario, antes de convertirse en magistrado del Tribunal Agroambiental.

«Este brutal asesinato constituye un grave ataque contra la independencia judicial, el derecho a un medio ambiente sano y el Estado de derecho», afirmaron los expertos. También instaron a las autoridades bolivianas a realizar una investigación eficaz e independiente, identificar a todos los responsables, aclarar el móvil del crimen y adoptar medidas que impidan la repetición de hechos similares.

Cuatro detenidos, pero sin autor material ni instigador

Casi cuatro meses después del asesinato, cuatro personas habían sido detenidas bajo sospecha de haber recibido y ocultado la motocicleta utilizada por el sicario. Sin embargo, ni el autor material del crimen ni la persona que presuntamente lo ordenó habían sido arrestados.

Para los expertos de Naciones Unidas, esta situación resulta especialmente preocupante debido a la posibilidad de que se trate de un asesinato por encargo relacionado con las funciones oficiales del magistrado. En los meses anteriores a su muerte, Claure había intervenido en varios casos sensibles vinculados con la minería ilegal, los incendios forestales y el acaparamiento de tierras.

La investigación deberá determinar si el crimen estuvo relacionado con alguno de esos procesos o con las decisiones adoptadas por el magistrado en el ejercicio de sus funciones. Para los expertos, no basta con detener a quienes pudieron haber participado en la logística del ataque: es necesario identificar a sus autores intelectuales y establecer las responsabilidades de todos los involucrados.

«Las consecuencias del asesinato son devastadoras, no solo para el poder judicial y el Estado de derecho en Bolivia, sino también para la familia de la víctima», señalaron. Las autoridades, añadieron, deben actuar de inmediato para garantizar la rendición de cuentas y proteger a los integrantes del poder judicial.

Un mensaje de intimidación al sistema judicial

El asesinato de un juez puede producir un efecto disuasorio sobre todo el sistema judicial cuando no va acompañado de una investigación eficaz, un proceso judicial y un castigo para los responsables. La ausencia de resultados puede transmitir el mensaje de que quienes ejercen funciones jurisdiccionales están expuestos a represalias cuando sus decisiones afectan intereses económicos o políticos.

Los expertos advirtieron que los riesgos enfrentados por Claure no constituyen un caso aislado. El poder judicial necesita mecanismos de protección eficaces, especialmente cuando aborda conflictos ambientales y territoriales que pueden involucrar actividades extractivas, apropiación de tierras o destrucción de ecosistemas.

Los ataques y actos de intimidación contra jueces, fiscales, abogados y otros actores judiciales que participan en la protección de los derechos ambientales pueden debilitar tanto la independencia de la justicia como la aplicación efectiva de derechos reconocidos internacionalmente.

La protección del medio ambiente depende en buena medida de la existencia de instituciones capaces de investigar abusos, resolver conflictos territoriales y hacer cumplir las normas. Cuando quienes desempeñan esas funciones son amenazados o asesinados, las consecuencias no se limitan al ámbito judicial. También afectan a las comunidades, a los defensores ambientales y a la posibilidad de garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un entorno limpio, sano y sostenible.

Reparación para la familia

Los expertos de la ONU solicitaron al Gobierno boliviano que garantice apoyo a la familia de Claure y que adopte medidas para que pueda vivir con seguridad y mantener un nivel de vida digno después del asesinato.

Entre las medidas reclamadas figuran un apoyo económico integral, pensiones de supervivencia, becas educativas, una indemnización por riesgos laborales o por muerte violenta en el cumplimiento del deber, así como asistencia inmediata para cubrir los gastos del funeral.

La reparación, señalaron, no debe limitarse a una compensación económica. También debe incluir garantías de seguridad, reconocimiento público de la responsabilidad del Estado y medidas destinadas a impedir que otros funcionarios judiciales queden expuestos a amenazas similares.

El asesinato de un magistrado en ejercicio afecta directamente a su familia, pero también compromete la confianza de la sociedad en las instituciones. Por ello, la respuesta estatal debe atender tanto las necesidades de los familiares como la dimensión institucional del crimen.

La obligación de proteger a jueces y defensores ambientales

Los expertos recordaron que las normas internacionales obligan a los Estados a garantizar que quienes ejercen funciones judiciales puedan desempeñarlas sin intimidaciones, amenazas ni injerencias indebidas. También establecen la obligación de proteger a las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.

«Deben adoptarse medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad del poder judicial», afirmaron. «Es responsabilidad de los Estados garantizar y proteger la vida y la libertad de quienes ejercen funciones judiciales, tanto en su calidad de funcionarios como en la de personas individuales».

La obligación de protección no comienza después de un ataque. Las autoridades deben evaluar los riesgos, establecer protocolos de seguridad, garantizar canales de denuncia y actuar rápidamente ante las amenazas. También deben asegurar que las investigaciones sobre agresiones contra jueces y defensores ambientales sean independientes, transparentes y capaces de conducir a sanciones efectivas.

Los expertos comunicaron formalmente sus preocupaciones al Gobierno de Bolivia.

La declaración fue suscrita por Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Son expertos independientes nombrados por el Consejo y trabajan de manera voluntaria. No son funcionarios de la ONU ni reciben un salario por su labor. Aunque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actúa como secretaría de estos mecanismos, los expertos ejercen sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización.

Las opiniones expresadas por los expertos corresponden exclusivamente a sus autores y no representan necesariamente las posiciones de Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado.