Campamentos arrasados, población expulsada: la ONU denuncia un posible crimen de lesa humanidad en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad israelíes expulsaron a toda la población palestina de tres campamentos de refugiados del norte de Cisjordania durante los primeros meses de 2025. Desde entonces, impiden el regreso de sus habitantes.

Esta es la principal conclusión de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento analiza las consecuencias de la operación militar israelí denominada Muro de Hierro en los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem.

Según la investigación, el ejército israelí combinó operaciones terrestres, ataques aéreos y demoliciones sistemáticas. La ofensiva destruyó o dañó centenares de viviendas. También inutilizó infraestructuras civiles y cortó servicios esenciales como el agua y la electricidad. Al mismo tiempo, las restricciones militares limitaron gravemente la llegada de ayuda humanitaria.

La magnitud de los daños resulta reveladora. En octubre de 2025, más de la mitad de las estructuras del campamento de Yenín estaban destruidas o dañadas. En Nur Shams la proporción alcanzaba el 48 %. En Tulkarem llegaba al 36 %. La operación redujo amplios sectores de los tres campamentos a escombros y volvió imposible el retorno inmediato de miles de familias.

Más de 33.000 desplazados

La investigación sostiene que las fuerzas israelíes consolidaron rápidamente su control sobre los campamentos. Después obligaron a la población a abandonarlos. Varios desplazados relataron que militares israelíes les comunicaron que los campamentos dejarían de existir y que debían marcharse definitivamente.

Más de 33.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. En julio de 2026, la inmensa mayoría seguía desplazada.

La destrucción como política

Los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem forman parte de los diecinueve campamentos de refugiados establecidos en Cisjordania tras la Nakba de 1948. Con el paso de las décadas dejaron de ser refugios temporales. Se transformaron en barrios densamente poblados y en símbolos de la persistencia de la cuestión de los refugiados palestinos.

La importancia del informe no reside únicamente en la destrucción material. Naciones Unidas también examina sus implicaciones jurídicas y políticas. El documento sostiene que el uso de excavadoras blindadas, ataques aéreos y demoliciones para vaciar zonas enteras e impedir el regreso de sus habitantes no puede justificarse sin una necesidad militar imperiosa.

Por ello, los expertos de la ONU alertan sobre la posible comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso. Además, consideran que la devastación de viviendas e infraestructuras civiles podría constituir una forma de castigo colectivo, prohibida por el derecho internacional.

La alarma es aún más profunda. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre un posible proceso de limpieza étnica. Según su análisis, el desplazamiento de población palestina, la destrucción de comunidades enteras y la expansión de asentamientos israelíes apuntan hacia una transformación deliberada de la realidad demográfica y territorial de Cisjordania.

Esta preocupación se inscribe en una dinámica más amplia. La expansión continua de los asentamientos israelíes y la fragmentación del territorio palestino reducen cada vez más la continuidad geográfica necesaria para la creación de un futuro Estado palestino viable.

Civiles bajo fuego

La operación tuvo además un elevado costo humano.

Durante el período analizado murieron 102 palestinos, entre ellos 21 niños. El informe sostiene que muchas de estas muertes ocurrieron en circunstancias que plantean serias dudas sobre el respeto de las normas internacionales relativas al uso de la fuerza.

La investigación documenta la utilización de drones armados, ataques aéreos y proyectiles explosivos normalmente asociados a escenarios de guerra. Para Naciones Unidas, el despliegue de este tipo de armamento en zonas densamente pobladas incrementó considerablemente los riesgos para la población civil.

Entre los casos documentados figura el de Sondos Shalabi, asesinada cuando estaba embarazada de ocho meses y trataba de abandonar el campamento de Nur Shams. El informe también menciona la muerte de Saddam Hussein Rajab, un niño de diez años abatido en Tulkarem cuando esperaba a su padre para dirigirse a la mezquita.

El documento recoge además otros casos. En Yenín, Ahmad Nimer Al-Shayeb murió por disparos cuando intentaba abandonar el campamento en automóvil. En otro incidente, una niña de dos años recibió un disparo en la cabeza mientras cenaba con su familia.

Las autoridades israelíes sostienen que las operaciones estaban dirigidas contra grupos armados y que muchas de las personas fallecidas eran combatientes o sospechosos de terrorismo. Sin embargo, el informe cuestiona la utilización extensiva de esa categoría. La investigación concluye que las fuerzas israelíes alcanzaron a numerosos civiles desarmados sin que existiera una amenaza inmediata.

La Oficina de Derechos Humanos expresa además preocupación por la flexibilización de las reglas de enfrentamiento aplicadas por el ejército israelí en Cisjordania. Según el informe, esta ampliación permite abrir fuego en más circunstancias y aumenta el riesgo de ejecuciones ilegales.

Una ocupación que se prolonga

El 23 de febrero de 2025, el ministro israelí de Defensa ordenó que las fuerzas armadas permanecieran en los tres campamentos. También anunció que los residentes desplazados no podrían regresar.

Las autoridades israelíes presentaron inicialmente la medida como temporal. Sin embargo, la decisión transformó el desplazamiento en una expulsión de duración indefinida.

Para Naciones Unidas, este elemento agrava la situación. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de proteger a la población civil y respetar las normas del derecho internacional humanitario. El informe recuerda además que la Corte Internacional de Justicia concluyó anteriormente que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados constituye una situación ilegal que debe terminar lo antes posible.

Por ello, la ONU reclama el cese de cualquier nuevo desplazamiento forzoso. También exige eliminar las restricciones que impiden el retorno de los habitantes expulsados y respetar plenamente las obligaciones internacionales.

Reconfigurar el territorio

La destrucción de los campamentos del norte de Cisjordania no aparece en este análisis como un episodio aislado de violencia militar. Se inserta en una dinámica más amplia de control territorial, desplazamiento de población y transformación permanente del espacio ocupado.

Desde esta perspectiva, la demolición de viviendas, la interrupción de servicios esenciales y la prohibición de regresar forman parte de un mismo proceso. No constituyen únicamente consecuencias colaterales de una operación militar. Configuran mecanismos que alteran de forma duradera la realidad demográfica y territorial de Cisjordania.

Allí donde desaparecen barrios enteros, donde las comunidades permanecen desplazadas durante meses o años y donde el retorno resulta imposible, la devastación deja de ser solo una consecuencia de la guerra. Se convierte en una herramienta de reordenamiento político del territorio.