Defensa de Héctor Llaitul denuncia persecución política, critica a la «prensa oficial» y anuncia nuevas acciones judiciales

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Los abogados Alberto Espinoza y John Maulén cuestionaron que la situación del dirigente mapuche sea presentada como un caso de delincuencia común, denunciaron irregularidades en su clasificación penitenciaria y anunciaron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. También vincularon su situación con la prolongada militarización del Wallmapu y con antecedentes como la Operación Huracán.

La defensa de Héctor Llaitul Carrillanca emitió una declaración en la que cuestiona el tratamiento judicial, penitenciario y público de la situación del histórico dirigente mapuche y sostiene que su caso debe ser examinado en el contexto más amplio del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Los abogados Alberto Espinoza y John Maulén rechazaron que la situación procesal de Llaitul sea presentada por lo que denominan la “prensa oficial” como un asunto de delincuencia común. A juicio de la defensa, esa caracterización omite tanto el carácter político de las reivindicaciones territoriales mapuche como las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado durante años la persecución penal contra distintos dirigentes.

En su declaración, los abogados sostienen que la atribución generalizada de violencia al pueblo mapuche es “injustificada y tendenciosa” y plantean que las acciones reivindicativas deben analizarse en el marco de las demandas históricas por territorio, autonomía y reconocimiento.

La defensa vincula además este conflicto con la utilización de mecanismos excepcionales por parte del Estado. Entre ellos menciona la prolongación del estado de excepción constitucional y el despliegue militar en la Macrozona Sur, así como la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en la condena contra Llaitul.

Para Espinoza y Maulén, este último elemento resulta particularmente relevante porque, según señalan, permite comprender una dimensión política y territorial de la persecución penal que denuncian.

Un conflicto judicial que viene de años

Los abogados recuerdan que sus cuestionamientos no comenzaron con la actual situación penitenciaria de Llaitul. Según el comunicado, desde 2011 existe una causa relacionada con él y otros dirigentes mapuche ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, actualmente en tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa presenta este antecedente como demostración de que sus denuncias sobre el tratamiento penal de dirigentes mapuche se remontan a más de una década y no corresponden exclusivamente a las sentencias que actualmente cumple Llaitul.

El comunicado también recuerda la Operación Huracán, uno de los episodios más graves en la historia reciente de las investigaciones policiales vinculadas al conflicto mapuche. Aquella investigación quedó marcada por las irregularidades detectadas en las evidencias digitales utilizadas para imputar a dirigentes y comuneros mapuche y posteriormente derivó en procesos judiciales contra funcionarios policiales.

Para la defensa de Llaitul, ese antecedente tampoco puede ser separado del contexto en el que actualmente se encuentra su representado.

Cuestionamiento a Gendarmería

Uno de los puntos centrales de la declaración se refiere a la situación penitenciaria del dirigente.

Llaitul permanece recluido en el Complejo Penitenciario Biobío. Sus abogados afirman que Gendarmería lo ha clasificado como una persona condenada bajo la Ley de Conductas Terroristas, algo que —sostienen— no corresponde a las sentencias judiciales dictadas en su contra.

La defensa considera que esta clasificación carece de fundamento jurídico y la incorpora entre los antecedentes que pretende poner en conocimiento de organismos de derechos humanos.

Espinoza y Maulén también solicitaron el traslado de Llaitul a un establecimiento penitenciario que disponga de un módulo destinado a comuneros mapuche. La petición fue rechazada.

Los abogados argumentan que durante el cumplimiento de una pena privativa de libertad deben mantenerse los derechos culturales reconocidos a los pueblos indígenas y citan específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El asunto abre una discusión que excede el caso individual de Llaitul: hasta qué punto el sistema penitenciario chileno debe incorporar la pertenencia cultural y las garantías reconocidas internacionalmente a los pueblos originarios en las condiciones de cumplimiento de las condenas.

La dimensión internacional

El comunicado destaca además la reciente distinción recibida en París y entregada en representación de Llaitul a su hijo Ernesto. La defensa señala que este reconocimiento demuestra que el caso del dirigente y, en términos más amplios, las reivindicaciones mapuche han alcanzado una dimensión internacional.

Para sus abogados, esa internacionalización tendrá también una expresión jurídica.

Espinoza y Maulén anunciaron que continuarán interponiendo las acciones constitucionales, legales y administrativas que estimen pertinentes en Chile, pero también recurrirán a mecanismos internacionales cuando consideren que los derechos fundamentales de su representado han sido vulnerados.

“Continuaremos ejerciendo las acciones constitucionales, legales, administrativas tanto a nivel nacional como internacionales que correspondan para exigir el respeto de sus derechos”, señalaron.

La declaración concluye ampliando nuevamente el foco desde la situación particular de Llaitul hacia el conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche.

“La lucha del pueblo mapuche por sus derechos, su territorio, su autonomía y su dignidad ha trascendido las fronteras de Chile”, sostienen Espinoza y Maulén, quienes aseguran que esa causa ha encontrado reconocimiento y solidaridad internacional.

El comunicado de la defensa vuelve así a colocar el caso Llaitul en un terreno que nunca ha sido exclusivamente penal. Junto con las condenas judiciales existentes, permanecen abiertas las controversias sobre el uso de legislación excepcional, las condiciones penitenciarias de dirigentes indígenas, la militarización prolongada de territorios mapuche y el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios.

Ese es precisamente el terreno en el que los abogados anuncian que continuará la disputa jurídica: en los tribunales chilenos, ante las autoridades administrativas y, cuando corresponda, ante las instituciones internacionales de derechos humanos.