¿Tiene Kast un problema comunicacional o un problema de conducción política?

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La presión oficialista para modificar la vocería abrió una discusión que parece ir mucho más allá de las comunicaciones. Descoordinaciones entre ministros, cerca de medio centenar de salidas de autoridades en seis meses, deterioro de las expectativas económicas y malas cifras en las encuestas plantean una pregunta más profunda para La Moneda: si el gobierno de José Antonio Kast enfrenta problemas para comunicar sus decisiones o una dificultad creciente para conducir políticamente su administración.

La discusión comenzó aparentemente por un asunto de comunicaciones. Dirigentes de los partidos oficialistas llevan semanas reclamando que el gobierno de José Antonio Kast necesita una vocería clara, capaz de ordenar el mensaje de La Moneda y evitar que ministros y autoridades entreguen señales contradictorias. Esta semana la presión aumentó, pero el Ejecutivo cerró la puerta: el modelo no cambiará.

“El Presidente tomó una decisión en mayo y esa decisión no ha cambiado”, respondió el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. La decisión consiste en mantener a Claudio Alvarado simultáneamente como ministro del Interior y secretario general de Gobierno, mientras Pavez realiza algunas vocerías de contingencia.

La pregunta, sin embargo, es si a estas alturas el problema puede reducirse a quién habla desde La Moneda.

Porque detrás de las dificultades comunicacionales comienza a dibujarse algo bastante más profundo: descoordinaciones entre ministros, una rotación extraordinariamente alta de autoridades, dificultades económicas que el propio oficialismo reconoce como prioritarias, expectativas ciudadanas deterioradas y un Presidente obligado cada vez con mayor frecuencia a intervenir personalmente para ordenar controversias originadas dentro de su administración.

¿Tiene Kast un problema de vocería o está enfrentando un problema de conducción política?

Cuando los ministros hablan distintos idiomas

Los episodios se han acumulado.

Hace pocos días, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tomó distancia de la meta gubernamental de reducir el desempleo, actualmente en 9,5%, hasta alrededor del 6%. Rau atribuyó inicialmente el objetivo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, antes de rectificar y señalar que la meta correspondía al conjunto del gobierno.

No fue un episodio aislado.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, había reclamado públicamente que Quiroz no quería entregarle recursos; el ministro de Defensa, Fernando Barros, realizó declaraciones sobre los aranceles estadounidenses que incomodaron a Cancillería; Alvarado reconoció no haber estado informado de una presentación del propio gobierno ante el Tribunal Constitucional; y la ministra de Salud, May Chomali, formuló reparos al borrador de la reforma de seguridad impulsada por Martín Arrau.

La propia prensa cercana al debate oficialista ha comenzado a hablar abiertamente de “desorden” dentro de La Moneda.

Esta semana se añadió la controversia entre Defensa y Cancillería respecto de las gestiones con Argentina por el Estrecho de Magallanes. El asunto adquiere especial importancia porque afecta directamente a la política exterior, un área donde tradicionalmente los gobiernos intentan evitar señales contradictorias.

La inquietud ya atravesó las fronteras de Chile Vamos. Dentro del propio Partido Republicano han surgido reparos al modelo de comunicaciones y a la doble responsabilidad entregada a Alvarado. Algunos dirigentes consideran difícil que el ministro encargado de conducir las relaciones políticas del gobierno deba asumir simultáneamente el papel de principal comunicador del Ejecutivo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), apuntó precisamente al fondo de la cuestión: el problema, sostuvo, no consiste necesariamente en tener o no tener un vocero, sino en que el gobierno se ordene y tenga una sola voz.

Esa distinción es importante.

Un vocero puede comunicar una política. Mucho más difícil es que pueda construir mediante una conferencia de prensa la coordinación política que previamente no existe.

49 salidas en seis meses

Existe otro indicador difícil de separar de este escenario: la inestabilidad de los equipos gubernamentales.

Esta semana de Fiestas Patrias se conocieron tres nuevas salidas de secretarios regionales ministeriales.

Jorge Olivares dejó Vivienda en Antofagasta tras cuestionamientos relacionados con un convenio de viviendas sociales. José Bravo fue removido de Salud en La Araucanía después de sus declaraciones tras el incendio de un hogar de ancianos en Pitrufquén que dejó 16 personas fallecidas. Y Fabián Páez dejó Energía en Coquimbo después de que surgieran reparos sobre el cumplimiento de los requisitos profesionales exigidos para desempeñar el cargo.

El cómputo varía ligeramente según las fuentes y los cargos considerados. Cooperativa contabiliza 48 salidas entre seremis y otras autoridades, mientras El Mostrador eleva el registro a 49, incluyendo 39 secretarios regionales ministeriales.

Con este último cálculo, durante los primeros seis meses del gobierno de Kast ha salido una autoridad cada 3,9 días.

La cifra por sí sola no demuestra que todas las salidas respondan a una misma causa. Las razones han sido diferentes y sería incorrecto colocarlas dentro de una sola categoría. Pero su frecuencia sí plantea una pregunta sobre los mecanismos de selección, instalación y control de los equipos de gobierno, particularmente en regiones.

A seis meses de la llegada a La Moneda resulta cada vez más difícil atribuir todo a las dificultades iniciales de instalación.

La economía cambia el escenario

El problema político aparece además cuando la economía está desplazando a la seguridad como principal preocupación ciudadana.

La encuesta Cadem publicada el 13 de septiembre muestra un cambio significativo. Un 79% de los consultados considera que economía y empleo son el área a la cual el gobierno debería dedicar mayores esfuerzos, mientras seguridad, delincuencia y narcotráfico aparecen con 33%.

El dato resulta especialmente significativo para una administración que llegó a La Moneda colocando la emergencia de seguridad en el centro de su discurso.

La misma encuesta señala que un 62% considera que el gobierno ha sido peor de lo que esperaba, contra apenas 8% que afirma que ha sido mejor. Entre los principales errores mencionados aparecen el bajo crecimiento y el aumento del desempleo, con 32%, mientras un 25% menciona haber generado expectativas difíciles de cumplir.

Además, un 54% atribuye la situación económica actual a la gestión del gobierno de Kast, frente al 39% que responsabiliza a las decisiones del gobierno anterior.

Esto explica por qué el empleo comenzó a instalarse también dentro del oficialismo como un problema político.

En el comité político ampliado de esta semana, UDI, RN y Evópoli plantearon a La Moneda la necesidad de responder con mayor rapidez al deterioro laboral. Entre las alternativas discutidas figura incluso recuperar un subsidio al empleo. La preocupación se concentra especialmente en aquellos electores que apoyaron a Kast pero cuyo respaldo depende de la evolución de la economía y del trabajo.

Las encuestas encienden otra señal

La evolución de la aprobación presidencial completa el cuadro, aunque conviene observarla sin exageraciones.

Criteria registró el 6 de septiembre el peor resultado de Kast desde su llegada al gobierno: 30% de aprobación y 58% de desaprobación. Una semana después hubo una recuperación marginal: 31% aprueba y 55% desaprueba.

Cadem entrega cifras algo diferentes —como corresponde a metodologías distintas—, pero confirma un deterioro importante: 34% aprueba la gestión presidencial y 62% la desaprueba.

No estamos, por tanto, solamente ante una discusión entre dirigentes oficialistas sobre quién debe enfrentar las cámaras.

Los problemas aparecen simultáneamente en distintos planos: gestión territorial, coordinación ministerial, relación entre los partidos de gobierno, empleo, crecimiento económico y evaluación ciudadana.

Un gobierno construido alrededor del Presidente

Aquí aparece posiblemente el elemento político más relevante.

Kast diseñó desde el comienzo una administración fuertemente concentrada en la Presidencia. El esquema buscaba transmitir austeridad, rapidez ejecutiva y una cadena de mando clara. La desaparición de una vocería tradicional después de la salida de Mara Sedini profundizó ese modelo.

Pero una estructura altamente presidencializada tiene una consecuencia: cuando las instancias intermedias no consiguen resolver las diferencias, estas terminan llegando hasta el Presidente.

Durante las últimas seis semanas Kast ha desarrollado una ronda de entrevistas radiales cada lunes en las que no solamente comunica prioridades gubernamentales. En varias oportunidades ha debido intervenir para aclarar controversias surgidas previamente entre sus propios ministros o dentro del oficialismo.

Es una paradoja para un gobierno que hizo de la autoridad, el orden y la capacidad ejecutiva elementos centrales de su propuesta política.

El problema tampoco parece solucionarse simplemente nombrando un nuevo ministro vocero. Si Hacienda y Trabajo discrepan sobre una meta fundamental de empleo, si ministros exteriorizan diferencias sobre políticas gubernamentales, si las autoridades regionales continúan abandonando sus puestos y si los partidos oficialistas reclaman mayor coordinación, una nueva cara frente a las cámaras puede ordenar el mensaje, pero no necesariamente aquello que ocurre antes de comunicarlo.

Del problema comunicacional al problema político

Los primeros meses de cualquier gobierno contienen errores de instalación. Cambian autoridades, se ajustan equipos y aparecen dificultades que pueden considerarse propias del aterrizaje en el Estado.

Después de seis meses esa explicación comienza a perder fuerza.

La controversia sobre la vocería puede estar funcionando como la expresión visible de una dificultad más amplia: cómo transformar una coalición políticamente heterogénea y un gabinete con figuras de considerable autonomía en una conducción gubernamental coherente.

La discusión adquiere mayor importancia precisamente ahora.

El deterioro del mercado laboral obliga al Ejecutivo a reaccionar; el próximo Presupuesto deberá convertir las prioridades declaradas en recursos concretos; la reforma de seguridad requiere acuerdos parlamentarios; las relaciones internacionales han abierto controversias inesperadas y los partidos oficialistas empiezan a demandar mayor participación en las decisiones.

En esas condiciones, comunicar mejor puede ser necesario.

Pero comunicar no es conducir.

Y probablemente esa sea la pregunta que La Moneda tendrá que responder durante los próximos meses: si las dificultades que hoy intenta resolver cambiando procedimientos y ordenando vocerías son problemas de comunicación o los primeros síntomas de un problema bastante más complejo de conducción política.

Simón del Valle