AFP bajo presión: pérdidas millonarias desatan ofensiva parlamentaria y ponen en cuestión la fiscalización de los ahorros previsionales

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La caída de 10,39% real del Fondo E entre enero y septiembre y las pérdidas de valoración asociadas a operaciones con derivados financieros provocaron una reacción transversal en el Congreso. Parlamentarios exigen identificar a las administradoras responsables, esclarecer si hubo negligencia y determinar por qué la Superintendencia de Pensiones no logró evitar una exposición de esta magnitud. Las AFP niegan haber realizado apuestas especulativas y defienden sus decisiones como parte de una estrategia de largo plazo.

La controversia por las pérdidas de los fondos de pensiones chilenos ha dejado de ser una discusión limitada a los mercados financieros. Durante las últimas horas llegó al Congreso Nacional, donde parlamentarios de distintos sectores políticos exigieron explicaciones a las administradoras y a la Superintendencia de Pensiones. En el centro de la polémica se encuentra el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, que acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de este año, uno de sus peores resultados históricos.

La inquietud aumentó después de que Bloomberg revelara que las administradoras chilenas habían acumulado posiciones financieras vinculadas a la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos. Las operaciones, realizadas mediante instrumentos derivados conocidos como swaps, estaban expuestas a pérdidas si las tasas evolucionaban en sentido contrario al esperado.

Eso fue precisamente lo que ocurrió. Según los antecedentes difundidos por Bloomberg, las posiciones que un año atrás mostraban una valoración positiva de aproximadamente US$1.400 millones registraban en septiembre una valoración negativa cercana a US$7.700 millones.

Una investigación posterior de Diario Financiero, basada en las carteras de inversión publicadas por la Superintendencia de Pensiones, estimó que el deterioro de los contratos de intercambio de tasas restó alrededor de US$11.600 millones al valor de los fondos previsionales durante 2026. De ese monto, aproximadamente US$1.400 millones corresponden al Fondo E.

Las cifras no representan exactamente lo mismo. Mientras Bloomberg informó sobre la valoración de determinadas posiciones en derivados extranjeros, el cálculo de Diario Financiero considera un universo más amplio de operaciones y su efecto durante el año. Tampoco debe confundirse una pérdida de valoración con una pérdida definitivamente realizada mediante el cierre de los contratos. Sin embargo, el deterioro ya se refleja en la rentabilidad de los ahorros previsionales.

El Congreso exige responsabilidades

La magnitud de las pérdidas provocó reacciones desde el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido de la Gente, el PPD y la UDI, entre otros sectores.

El diputado socialista Raúl Leiva exigió explicaciones sobre las operaciones y una fiscalización que permita establecer si las inversiones respetaron los límites establecidos por la normativa. Su preocupación apunta especialmente a los afiliados próximos a jubilarse, para quienes una caída significativa del ahorro acumulado puede tener consecuencias inmediatas.

El diputado independiente vinculado al PPD Jaime Araya ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar que se identifique a las administradoras involucradas y se informe a los trabajadores sobre el impacto de las operaciones en sus cuentas individuales.

Araya fue más allá y pidió investigar si existieron actuaciones negligentes, culpables o dolosas. En caso de acreditarse responsabilidades, sostuvo que deberían aplicarse las sanciones correspondientes.

Desde el Partido de la Gente también se solicitaron antecedentes sobre las decisiones que originaron las pérdidas, los controles aplicados y las medidas adoptadas por el regulador. El diputado UDI Hotuiti Teao, por su parte, anunció que solicitará citar al superintendente ante la Comisión de Economía de la Cámara.

El secretario general del PDG, Franco Parisi, llamó al presidente José Antonio Kast a intervenir políticamente en la controversia y exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

La amplitud de las reacciones constituye un hecho relevante. Aunque los sectores políticos mantienen diferencias profundas respecto del sistema previsional, comienza a instalarse una exigencia compartida: conocer quién tomó las decisiones de inversión, cuáles fueron sus fundamentos y qué mecanismos de control se utilizaron.

Las AFP responden: no fue una apuesta

La Asociación de AFP rechazó que las operaciones puedan calificarse como apuestas especulativas. En una declaración difundida el miércoles, el gremio defendió las decisiones de inversión y sostuvo que corresponden a estrategias financieras de largo plazo.

«Esto no es una apuesta, es una estrategia de largo plazo», afirmó la organización.

Las administradoras explicaron que el aumento de las tasas de interés estadounidenses redujo el valor de los instrumentos de renta fija, afectando a carteras de inversión en numerosos países.

También recordaron que las inversiones deben evaluarse en horizontes prolongados y que las pérdidas de determinados períodos pueden revertirse cuando cambian las condiciones del mercado.

El gremio destacó que, pese al retroceso del Fondo E, el conjunto de los fondos previsionales registraba un incremento de US$10.778 millones durante 2026.

La defensa introduce una distinción necesaria. Los instrumentos derivados no son, por definición, operaciones especulativas. Pueden utilizarse para cubrir riesgos, estabilizar carteras o administrar la exposición a determinados movimientos financieros.

Pero esa explicación no resuelve por sí sola la controversia. La cuestión central no es únicamente si los instrumentos estaban permitidos, sino si la magnitud de las posiciones asumidas era compatible con el perfil de riesgo de los fondos administrados.

Una estrategia puede ser legal, habitual en los mercados internacionales y concebida para el largo plazo, sin que ello garantice que haya sido prudente. Perder dinero en un casino también puede considerarse legal.

La Superintendencia conocía los riesgos

La actuación del organismo fiscalizador constituye otro de los aspectos que deberá esclarecerse.

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reconoció su preocupación por la evolución de los fondos y confirmó que había mantenido reuniones con las administradoras para examinar la situación.

Existe, además, un antecedente importante: durante abril, la Superintendencia estableció nuevas restricciones a la exposición al riesgo de determinados instrumentos derivados, con un período de adecuación que culmina a comienzos de noviembre.

La decisión demuestra que el regulador ya había identificado riesgos que requerían una intervención normativa.

Sin embargo, entre abril y septiembre las pérdidas se profundizaron, mientras las administradoras continuaban expuestas a la evolución de las tasas internacionales.

Esto no permite concluir automáticamente que existió negligencia fiscalizadora. Pero abre interrogantes sobre la oportunidad de las medidas, la extensión del período de adaptación y la capacidad de anticipar las consecuencias de posiciones financieras de gran magnitud.

También será necesario determinar si las administradoras redujeron oportunamente sus exposiciones y qué resultados produjo esa reducción.

El Fondo E y la paradoja del menor riesgo

Uno de los antecedentes más inquietantes de la investigación publicada por Diario Financiero es la contribución de los swaps a la caída del Fondo E.

Según sus cálculos, estas operaciones restaron 5,9 puntos porcentuales a la rentabilidad nominal del fondo durante los primeros nueve meses del año. Esto representa aproximadamente el 80% de su caída nominal y cerca del 57% de su pérdida real.

El dato es especialmente significativo porque el Fondo E se caracteriza por su mayor concentración en instrumentos de renta fija y su menor exposición relativa a acciones.

Pero menor riesgo no significa ausencia de riesgo. Los instrumentos de renta fija pueden sufrir pérdidas importantes cuando suben las tasas de interés, particularmente si tienen plazos prolongados. Las operaciones con derivados pueden ampliar esa sensibilidad.

La pregunta es hasta qué punto los afiliados conocen estos riesgos y si el diseño de los fondos responde adecuadamente a las necesidades de quienes se encuentran cerca del retiro laboral.

Las AFP han señalado que la mayoría de las personas próximas a pensionarse se concentra en el Fondo D y no en el E. Aun así, el desempeño del fondo conservador plantea interrogantes sobre la protección efectiva del ahorro previsional.

¿Quién asume las pérdidas?

La controversia tiene una dimensión que va más allá de las cifras financieras.

Las administradoras reciben ingresos por la gestión de los fondos, mientras que las variaciones positivas o negativas de las inversiones afectan el patrimonio previsional de los afiliados. La responsabilidad legal de las AFP por eventuales incumplimientos constituye una cuestión distinta, que debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Esta separación entre administración y riesgo económico vuelve particularmente importante la fiscalización.

Si las inversiones producen ganancias, estas incrementan los ahorros previsionales. Si generan pérdidas, disminuye el valor de las cuentas individuales, aunque una parte de ese deterioro pueda recuperarse posteriormente.

Para quienes todavía tienen décadas de vida laboral, existe un horizonte más amplio para absorber las fluctuaciones. Para una persona próxima a jubilarse, en cambio, una caída importante puede reducir el capital disponible para financiar su pensión si debe materializar el ahorro en un momento desfavorable.

El episodio también ocurre cuando Chile se prepara para implementar un nuevo esquema de fondos generacionales en abril de 2027, que modificará la forma en que se distribuye el riesgo de inversión según la edad de los afiliados.

Las pérdidas actuales constituyen, por tanto, una advertencia sobre la importancia de establecer reglas comprensibles, controles eficaces y mecanismos de información oportunos.

Una explicación que todavía está pendiente

La investigación parlamentaria apenas comienza. Hasta ahora no se ha establecido judicial ni administrativamente que las AFP hayan cometido irregularidades en estas operaciones.

Pero la ausencia de una infracción demostrada tampoco significa que las decisiones hayan sido acertadas.

Las administradoras deberán explicar por qué mantuvieron una exposición tan significativa a determinados movimientos de las tasas internacionales, cuáles fueron los escenarios de riesgo considerados y qué medidas adoptaron cuando el mercado comenzó a evolucionar en su contra.

La Superintendencia, a su vez, tendrá que precisar qué información recibió, cuándo identificó los riesgos y por qué estableció los plazos de adecuación que actualmente rigen.

La discusión no debería agotarse en si los instrumentos utilizados eran legales o si las pérdidas podrían revertirse. Lo que está en juego es la confianza de millones de trabajadores en un sistema que administra sus ahorros obligatorios.

La pregunta de fondo es sencilla: si los trabajadores están obligados a entregar una parte de sus remuneraciones a las administradoras, ¿qué garantías efectivas tienen de que esos recursos se gestionen con la prudencia que exige su finalidad previsional?

Por ahora, las pérdidas están cuantificadas, las explicaciones son parciales y las responsabilidades siguen sin esclarecerse.

Redacción Clarín

Fuente: Superintendencia de Pensiones, DF, Asociación de AFP.