Presupuesto 2027: organizaciones de derechos humanos denuncian severos recortes al Plan Nacional de Búsqueda y los sitios de memoria
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Un amplio conjunto de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares y sitios de memoria denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce en un 27,71% real los recursos destinados a diligencias y peritajes del Plan Nacional de Búsqueda y en un 36,74% el financiamiento global de los sitios de memoria. Advierten que las medidas comprometen la búsqueda de detenidos desaparecidos, eliminan los fondos de inversión patrimonial y ponen en riesgo la conservación de antiguos centros de detención y tortura.
La política de memoria y derechos humanos enfrenta uno de sus escenarios presupuestarios más difíciles de los últimos años. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast defiende la necesidad de reducir el gasto público, organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, sitios de memoria y entidades de derechos humanos denuncian que los recortes propuestos para 2027 afectan directamente las capacidades del Estado para buscar a los detenidos desaparecidos y preservar los espacios vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
En un comunicado público fechado el 14 de octubre, las organizaciones presentan un detallado análisis de las partidas presupuestarias y advierten que las reducciones no se limitan a gastos administrativos. Por el contrario, afectan recursos destinados a investigaciones en terreno, prospecciones, peritajes forenses, conservación de inmuebles y recuperación patrimonial.
El documento, elaborado con antecedentes de la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, sostiene que las modificaciones propuestas representan un retroceso en las políticas públicas de verdad, justicia y memoria.
La denuncia cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones de distintas regiones, entre ellas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, ex prisioneros políticos, entidades estudiantiles y redes nacionales de sitios de memoria.
El Plan Nacional de Búsqueda pierde recursos para investigar
Una de las principales preocupaciones se concentra en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, creado durante el gobierno de Gabriel Boric para avanzar en el esclarecimiento del destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
Según el análisis de las organizaciones, el presupuesto consolidado destinado a diligencias y peritajes forenses disminuirá desde $1.526 millones en 2026 a $1.135 millones en 2027.
La reducción equivale a $391 millones nominales y representa una caída real de 27,71%, considerando la inflación.
El ajuste afecta dos componentes fundamentales.
El primero corresponde al Programa de Derechos Humanos, encargado de financiar diligencias de búsqueda, investigaciones en terreno, levantamiento de testimonios y otras actuaciones necesarias para reconstruir el destino de las víctimas. Sus recursos pasarían de $1.036 millones a $844 millones, una disminución real de 20,88%.
El segundo corresponde al Servicio Médico Legal, cuya asignación específica para peritajes forenses en el marco del Plan Nacional de Búsqueda bajaría de $489 millones a $291 millones. En este caso, la reducción real alcanzaría el 42,21%.
La magnitud de este último recorte resulta especialmente significativa porque los peritajes científicos son indispensables para examinar restos humanos, establecer identidades y aportar antecedentes a las investigaciones judiciales.
Las organizaciones advierten que la reducción simultánea de recursos para diligencias y análisis forenses puede ralentizar las investigaciones y dificultar el cumplimiento de las obligaciones estatales de búsqueda.
El comunicado recuerda, además, que durante 2026 el Programa de Derechos Humanos ya había sufrido recortes por $91,3 millones mediante los decretos 135 y 332 del Ministerio de Hacienda. Esas medidas representaron una reducción de 8,8% respecto de su presupuesto inicial.
De esta manera, el ajuste propuesto para 2027 se suma a una disminución de recursos que comenzó durante el presente ejercicio presupuestario.
Los sitios de memoria pierden más de mil millones de pesos
El segundo gran componente de la denuncia corresponde al financiamiento de los sitios de memoria.
Según los cálculos presentados, el presupuesto ordinario exclusivo del Programa de Sitios de Memoria disminuiría desde $1.689 millones en 2026 a $683 millones en 2027, una reducción de aproximadamente 60,69%.
La medida más drástica es la eliminación completa de los recursos destinados a inversión patrimonial.
Esta línea, que en el presupuesto base de 2026 contemplaba $505 millones, quedaría sin financiamiento para 2027.
Los fondos permitían ejecutar proyectos de recuperación, rescate arqueológico, conservación y estabilización de infraestructura en antiguos recintos de detención, tortura y exterminio.
La eliminación de esta asignación significa que el programa perdería su capacidad presupuestaria específica para financiar nuevas obras de inversión patrimonial, aunque se mantengan otras líneas de apoyo a los sitios.
Al considerar conjuntamente los recursos del Programa de Sitios de Memoria y el financiamiento directo mediante una glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el presupuesto global pasaría de $2.888 millones a $1.879 millones.
Se trata de una reducción nominal de poco más de mil millones de pesos y una caída real de 36,74%.
Las organizaciones califican este escenario como una asfixia presupuestaria que amenaza la continuidad de las labores de preservación y recuperación de los espacios de memoria.
La situación no es enteramente nueva. Durante 2026, el Decreto 332 ya había reducido significativamente los recursos de funcionamiento de estos recintos.
De acuerdo con el comunicado, ocho sitios y entidades quedaron sin financiamiento estatal en esa oportunidad, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Cerro Chena, José Domingo Cañas, Venda Sexy, la Casa de la Memoria de los Derechos Humanos de Valdivia, Casa Sola Sierra, FASIC y el Sitio de Memoria de Mulchén.
Para las organizaciones, el proyecto de 2027 profundiza esas restricciones y elimina herramientas financieras necesarias para mantener inmuebles que, en numerosos casos, requieren intervenciones estructurales y trabajos permanentes de conservación.
También peligra la digitalización de las causas judiciales
El documento identifica otro cambio que ha recibido menor atención pública: la eliminación de la Glosa Nº 03 de la partida del Poder Judicial.
Esta disposición contemplaba recursos por $384,6 millones para el proyecto de Búsqueda y Digitalización de Causas de Derechos Humanos.
La glosa no solamente identificaba el financiamiento de la iniciativa. También establecía la obligación de entregar informes trimestrales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre su ejecución técnica y operativa.
Las organizaciones advierten que su eliminación genera incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y debilita los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El comunicado reconoce que la comparación presupuestaria no permite concluir que la totalidad de esos recursos haya sido eliminada. Sin embargo, exige que el Ejecutivo aclare cómo continuará financiándose el programa y qué mecanismos de seguimiento se mantendrán.
La digitalización de los expedientes judiciales tiene especial importancia para las investigaciones sobre crímenes de la dictadura, debido a la dispersión y antigüedad de numerosos antecedentes documentales.
A ello se suma la preocupación por la eliminación del Subtítulo 24 del Programa de Derechos Humanos, que permitía financiar transferencias destinadas, entre otras actividades, a conmemoraciones y encuentros nacionales de agrupaciones de familiares.
Las organizaciones solicitan que la Subsecretaría de Derechos Humanos explique cómo se financiarán estas actividades durante 2027.
Sesenta y tres solicitudes de protección patrimonial pendientes
El comunicado también denuncia problemas administrativos que afectan la protección jurídica de los sitios de memoria.
Según las organizaciones, existen 63 solicitudes de declaratoria o ampliación de protección patrimonial pendientes de resolución desde marzo de 2026.
Los expedientes deben ser tramitados por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero su avance requiere antecedentes proporcionados por otros organismos estatales.
La falta de resolución tiene consecuencias prácticas. El reconocimiento patrimonial puede constituir un requisito para acceder a determinadas líneas de financiamiento público y permitiría incorporar nuevos recintos a los mecanismos de protección contemplados en futuras iniciativas legales.
Las organizaciones sostienen que la demora administrativa, combinada con la reducción presupuestaria, genera una doble dificultad: algunos sitios carecen de protección suficiente y, al mismo tiempo, encuentran obstáculos para financiar su conservación.
Una denuncia que reúne a organizaciones de todo el país
El pronunciamiento fue suscrito por 60 organizaciones y representantes incluidos en su nómina principal, además de la Red Nacional de Sitios de Memoria, que reúne a otras 58 entidades, y la Coordinadora de Sitios de Memoria, integrada por diez espacios y organizaciones.
Entre los adherentes figuran la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Coordinadora de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Santiago, sobrevivientes de Tejas Verdes, la Fundación Víctor Jara, Londres 38, Villa Grimaldi, el Memorial Paine y agrupaciones de familiares de distintas ciudades del país.
También aparecen organizaciones estudiantiles como la CONFECH, la FECH y representantes de federaciones universitarias.
La amplitud de las adhesiones refleja que la preocupación no se limita a las instituciones que administran sitios de memoria. Incluye a familiares de víctimas, sobrevivientes de la represión, organizaciones territoriales y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Exigen al Congreso revertir los recortes
Ante este escenario, las organizaciones formularon cuatro solicitudes principales a las autoridades.
Piden al Congreso Nacional reponer los recursos destinados a peritajes forenses del Servicio Médico Legal y restablecer el fondo de inversión patrimonial de los sitios de memoria, considerando los ajustes necesarios por inflación.
También solicitan que el Ejecutivo explique la eliminación de la glosa destinada a la digitalización de causas judiciales y garantice la continuidad de esa iniciativa.
A la Subsecretaría de Derechos Humanos le exigen aclarar cómo financiará las conmemoraciones y encuentros de agrupaciones de familiares.
Finalmente, reclaman al Consejo de Monumentos Nacionales resolver prioritariamente las 63 solicitudes de declaratoria pendientes.
Las organizaciones sostienen que la eliminación de recursos de inversión patrimonial contradice el principio internacional de no regresividad en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales asociados a la preservación de la memoria.
Se trata de una interpretación jurídica planteada por los firmantes, que deberá ser examinada a la luz de las obligaciones internacionales del Estado y de las características específicas de las asignaciones presupuestarias.
El presupuesto como definición de prioridades
La denuncia introduce una dimensión especialmente sensible en la discusión del Presupuesto 2027.
El Gobierno ha defendido la reducción del gasto público como una necesidad para ordenar las cuentas fiscales, revisar programas y concentrar recursos en determinadas prioridades.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que las partidas afectadas no financian únicamente actividades culturales o conmemorativas. También sostienen funciones vinculadas a la investigación de desapariciones forzadas, la identificación de víctimas y la preservación de evidencias materiales de los crímenes cometidos durante la dictadura.
La distinción resulta fundamental. La búsqueda de detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos forman parte de las obligaciones permanentes del Estado, independientemente del gobierno que se encuentre en ejercicio.
El proyecto presupuestario todavía debe ser discutido y votado por el Congreso, por lo que las asignaciones pueden modificarse durante su tramitación.
Por ahora, el comunicado pone sobre la mesa una pregunta que el Ejecutivo deberá responder: cómo garantizará la continuidad y eficacia del Plan Nacional de Búsqueda y la preservación de los sitios de memoria con los recursos propuestos para 2027.
A más de medio siglo del golpe de Estado de 1973, la búsqueda de los desaparecidos sigue inconclusa. Para sus familiares, el paso del tiempo no ha reducido la necesidad de verdad y justicia. Por el contrario, hace cada vez más urgente recuperar testimonios, examinar antecedentes e identificar los restos de quienes todavía permanecen desaparecidos.
En ese contexto, la discusión presupuestaria adquiere una dimensión que trasciende la administración de recursos: determinar qué capacidades conservará el Estado chileno para cumplir sus compromisos de verdad, justicia y memoria.
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