Caso Rabat/Silva: la ideología jurídica de clase como manto de estupidez

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Un ministro que integró la defensa de Pinochet y un subsecretario que lo llamó estadista rebajaron penas a abusadores de niños y a torturadores de la dictadura. Kast los sostiene.

Este 28 de octubre, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrentó una sesión especial de la Cámara de Diputados por 56 decretos que, entre marzo y septiembre de 2026, rebajaron penas a condenados por abuso sexual y violación de menores. Los reveló el medio digital Interferencia. Por 68 votos contra 42, la Cámara pidió a Kast remover al ministro y a dos subsecretarios, y la oposición anunció una acusación constitucional. La Moneda habla de error de cálculo: explicación cómoda, y por eso insuficiente.

¿Qué revela de quienes gobiernan que la letra de la ley les resultara más visible que un niño abusado o que la liberación de un narcotraficante, un homicida neonazi y dos torturadores de la dictadura?

Para un gobierno que se proclama guardián de la familia y la moral cristiana, el caso es más que un tropiezo. Y para quien no es abogado, el asunto es simple. Desde 2003, la Ley 19.856 permite rebajar la pena a un preso de conducta ejemplar. En 2022, el Congreso excluyó de ese premio a los abusadores de niños. Quedó una zona gris: los delitos anteriores a la reforma, en los que algunos fallos de la Corte Suprema admitieron la rebaja.

Frente a esa duda, el Estado tenía dos caminos. El ministro Jaime Gajardo (PC), del gobierno de Gabriel Boric, rechazaba las solicitudes y obligaba a cada preso a convencer a un juez. Rabat las concedió con su propia firma, sin esperar a que un tribunal se lo ordenara: juzgó sin reflexionar sobre el impacto de su decisión. Y podía negarse. Según la prensa digital, en un decreto Rabat sostuvo que no podía rechazar una rebaja por la gravedad del delito; en otro, su subsecretario Luis Silva admitió que sí podía.

Ese es el centro del caso. La ley no obligaba a conceder; solo lo permitía. Al convertir un permiso en obligación, la autoridad borra su propia responsabilidad: si decide la norma, nadie responde ante las víctimas. Es la coartada técnica. Rabat la repitió ante la Cámara: dijo que su cartera solo formaliza lo que resuelven otras comisiones, y que el vacío legal es culpa del Congreso.

Por eso no cabe normalizar lo ocurrido como un traspié administrativo. De los 33 decretos conocidos, Rabat firmó 22, y Silva, exvicepresidente del Partido Republicano, firmó diez. Los papeles circularon seis meses sin que nadie levantara la vista del expediente. Un gobierno de ultraderecha no tropieza con la norma: se escuda en ella para hacer avanzar su cultura política, conservadora y autoritaria.

Las decisiones de Rabat no nacen solo de una doctrina jurídica, sino de lo que Pierre Bourdieu llamó habitus: disposiciones de clase que hacen ver unas cosas como evidentes y otras como invisibles. De ahí la estupidez jurídica: el formalismo que borra el discernimiento. Dietrich Bonhoeffer, teólogo cristiano ejecutado por el nazismo, la vio como un defecto moral, no intelectual, que el poder produce. Bajo ese manto, la letra de la ley queda a la vista y el niño abusado desaparece.

Esa estructura tiene historia. El gremialismo de Jaime Guzmán, matriz dogmática y autoritaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la que salió Kast, concibió el derecho como un orden neutro, blindado frente a la deliberación democrática por la Constitución de 1980. Desde esa matriz, aplicar la norma sin preguntar por su sentido no es frialdad, es virtud. El formalismo es una ética de clase que se presenta como ausencia de ética universal y humanista.

La distancia social completa el mecanismo. Según medios digitales, Rabat integró la defensa judicial de Pinochet. Silva confesó en 2023 «un dejo de admiración» por el dictador, al que llamó estadista. Entre los favorecidos por el nuevo criterio hay dos exmilitares de Punta Peuco, condenados por secuestro calificado y tortura. Las víctimas de los 56 casos, en cambio, no tienen nombre público: en el expediente son «menores de edad».

La gestión de la crisis lo confirma. Del «procedimiento impecable» se pasó al «el Estado les falló» de Kast, que aun así sostuvo al ministro. Ante la Cámara, Rabat no admitió error. La lista de beneficiados creció: un narcotraficante italiano vinculado a la mafia, condenado por intentar ingresar a Chile 103 kilos de cocaína, y un homicida neonazi cuya libertad condicional habían negado 14 jueces. Según la encuesta Cadem, el 77% desaprueba a Rabat.

Por eso la indulgencia no se vivió como transgresión. No hubo cinismo, sino algo más hondo: una clase que no necesita reflexionar sobre ciertas víctimas porque nunca las ha tenido cerca. El daño se percibió cuando tocó las encuestas, no cuando tocó a los niños.

Que la pregunta por quién protege el Estado la haya formulado la prensa, y no el Ejecutivo, es el verdadero fracaso.

Leopoldo Lavín Mujica