Gobierno confirma que Silva fue destituido por publicar un video y no por firmar rebajas de condenas
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El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, reconoció que la salida del exsubsecretario de Justicia respondió a una ruptura de confianza provocada por sus declaraciones públicas, y no a su participación en los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores. Fernando Rabat, señalado por Silva como responsable del criterio jurídico aplicado, permanece en el gabinete con el respaldo del presidente José Antonio Kast.
El gobierno de José Antonio Kast confirmó este domingo que la destitución del exsubsecretario de Justicia Luis Silva no estuvo relacionada con su participación en la firma de decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La decisión respondió a la publicación de un video en el que explicó su actuación y señaló que había aplicado el criterio jurídico establecido por el ministro Fernando Rabat.
La explicación fue entregada por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, durante una entrevista en Mesa Central, de Canal 13.
«No lo sacan por el tema de las firmas de los decretos, no lo sacan para aplacar esta crisis», afirmó Arenas. Según explicó, Silva fue removido porque difundió el registro audiovisual sin informar previamente al gobierno ni al ministro de Justicia.
El vocero sostuvo que la publicación fue interpretada como un intento de deslindar responsabilidades y que el presidente Kast consideró especialmente grave esa actuación.
«¿Qué confianza puede tener un ministro o un gobierno en un subsecretario que va a hablar por la prensa sin contarle al gobierno?», preguntó Arenas, justificando la decisión presidencial.
La responsabilidad por los decretos
El jueves pasado, Silva difundió un video en sus redes sociales para explicar por qué su firma aparecía en algunos de los decretos cuestionados.
En la grabación señaló que había firmado esos documentos cuando le correspondió subrogar al titular de Justicia y que, en esas circunstancias, actuó siguiendo el criterio definido por Rabat.
También explicó que el ministerio había comenzado rechazando solicitudes de rebaja de condenas, pero posteriormente modificó su interpretación jurídica a raíz de resoluciones judiciales.
Al día siguiente, Silva reconoció que no había consultado con Rabat antes de publicar el video, aunque sostuvo que su propósito era informar a la ciudadanía y no contradecir al ministro.
Horas después fue removido de su cargo.
Las declaraciones de Arenas permiten establecer una distinción significativa: el Ejecutivo no destituyó a Silva por sus decisiones administrativas relacionadas con las rebajas de condenas, sino por la forma en que comunicó públicamente su participación en ellas.
Rabat continúa en el gobierno
A diferencia de Silva, Fernando Rabat permanece al frente del Ministerio de Justicia.
Arenas defendió esa decisión y afirmó que Kast encargó al ministro corregir los problemas detectados y evitar que situaciones semejantes vuelvan a producirse.
El vocero también cuestionó la acusación constitucional que prepara la oposición, argumentando que los errores políticos reconocidos por el gobierno no constituyen necesariamente infracciones a la Constitución o las leyes.
La controversia, sin embargo, continúa abierta. La oposición exige responsabilidades políticas por los decretos y la Fiscalía investiga una denuncia contra Rabat y Silva por eventual prevaricación administrativa.
La explicación oficial sobre la destitución del exsubsecretario introduce ahora un nuevo elemento en el debate: mientras el ministro responsable del criterio jurídico permanece en su cargo, su subordinado fue apartado después de explicar públicamente cómo se adoptaron las decisiones cuestionadas.
La secuencia está confirmada. Lo que sigue en discusión es el alcance de las responsabilidades políticas y jurídicas por las rebajas de condenas.
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