El caso Ueno llega a Chile: las AFP bajo escrutinio por sus inversiones en Paraguay
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La crisis financiera que provocó la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña ha llegado al Congreso chileno. Once senadores exigen conocer si los fondos previsionales de los trabajadores tienen inversiones en el banco Ueno o en empresas del Grupo Vázquez. La inquietud surge cuando las AFP enfrentan cuestionamientos por las cuantiosas pérdidas del Fondo E y por la responsabilidad de las administradoras frente a sus afiliados
La caída de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales de Paraguay, ha desencadenado una crisis financiera y política que culminó el viernes 6 de noviembre con la destitución del presidente Santiago Peña. El mandatario fue separado del cargo por el Senado, que lo declaró responsable de mal desempeño de sus funciones, mientras la justicia investiga las circunstancias del colapso bancario y sus relaciones con el conglomerado propietario de la entidad.
La crisis también ha cruzado la frontera hacia Chile. Once senadores solicitaron formalmente a la Superintendencia de Pensiones establecer si las administradoras de fondos previsionales mantienen inversiones directas o indirectas en Ueno Bank, Ueno Holding, el Grupo Vázquez o cualquiera de sus empresas relacionadas.
La petición, presentada el 5 de noviembre, no constituye una denuncia de inversiones irregulares ni demuestra que existan pérdidas para los afiliados chilenos. Sin embargo, plantea una pregunta de evidente interés público: ¿están expuestos los ahorros previsionales de los trabajadores a la crisis de uno de los mayores conglomerados financieros paraguayos?
Los parlamentarios solicitaron identificar montos, instrumentos financieros, fondos involucrados y eventuales pérdidas de valoración. También pidieron revisar inversiones en deuda soberana paraguaya, fondos de inversión y otros vehículos financieros que pudieran tener exposición al país.
Entre los firmantes figuran Yasna Provoste y Daniel Núñez. La solicitud busca establecer con antecedentes oficiales si existe algún riesgo para el patrimonio previsional chileno.
Un banco que creció junto al poder político
La crisis comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia. La institución, que atendía a cerca de tres millones de usuarios, administraba también aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos.
El cierre de sus operaciones dejó a numerosos clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y desencadenó protestas, investigaciones judiciales y una crisis de confianza en las autoridades financieras.
La relación de Santiago Peña con el Grupo Vázquez, controlador del banco, quedó en el centro de las investigaciones. El mandatario había mantenido vínculos empresariales con el conglomerado y aseguró haber vendido su participación en marzo de 2025.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la supervisión bancaria y el manejo de recursos públicos. La existencia de estas investigaciones no equivale a una condena penal de sus involucrados.
El Grupo Vázquez constituye una estructura empresarial diversificada. Además de sus negocios bancarios, participa en seguros, tecnología, servicios financieros, logística y otras actividades.
Entre las sociedades mencionadas en investigaciones de la prensa paraguaya aparecen ITTI, Technoma, Ueno Seguros, IDL, Discover Paraguay e Inter-Express.
Una investigación de ABC Color identificó adjudicaciones públicas por aproximadamente 38 millones de dólares a empresas integrantes o relacionadas con el conglomerado durante el gobierno de Peña. Una parte significativa correspondía a servicios tecnológicos.
El caso plantea interrogantes sobre las relaciones entre poder político, contratación pública, regulación financiera y expansión empresarial.
Las inversiones chilenas en Paraguay
Paraguay ha atraído durante años a importantes grupos empresariales chilenos, interesados en sectores como construcción, inmobiliario, servicios, tecnología, educación y logística.
En noviembre de 2023, pocos meses después de asumir la Presidencia, Santiago Peña realizó una visita oficial a Chile y sostuvo encuentros con representantes de grandes compañías y grupos económicos.
Las reuniones fueron organizadas en el marco de las relaciones empresariales bilaterales y contaron con la participación de representantes de la Sofofa y del Consejo Empresarial Binacional Chile-Paraguay.
Entre los asistentes figuraron Andrónico Luksic, vinculado a Quiñenco; Piero Solari, del grupo Megeve; Richard von Appen, de Ultramar; Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma; y Laurence Golborne, relacionado con el vehículo de inversión Tavamay.
También participaron ejecutivos vinculados a empresas industriales y tecnológicas con intereses en el mercado paraguayo.
Las inversiones tienen características diversas. El grupo Megeve participa en desarrollos inmobiliarios mediante Urban Domus. Tavamay ha desarrollado actividades inmobiliarias, ganaderas y proyectos vinculados a servicios de salud. Sonda mantiene presencia en el sector tecnológico paraguayo, mientras otros grupos han explorado oportunidades comerciales y de infraestructura.
Estas actividades corresponden a inversiones empresariales legítimas. No existen antecedentes suficientes para afirmar que los empresarios chilenos mencionados tengan participación en las irregularidades investigadas en Ueno Bank o vínculos societarios con el Grupo Vázquez.
Sin embargo, la amplitud de las relaciones económicas bilaterales justifica examinar documentalmente las estructuras de propiedad, las inversiones compartidas y los posibles vínculos financieros entre empresas de ambos países.
La investigación debe distinguir claramente entre la presencia de capital chileno en Paraguay y cualquier eventual relación específica con las sociedades involucradas en la crisis bancaria.
El antecedente del Fondo E
La preocupación parlamentaria adquiere especial relevancia por la situación que atraviesa el sistema previsional chileno.
Durante 2026, el Fondo E, tradicionalmente considerado el más conservador de los multifondos, registró importantes pérdidas. Entre enero y septiembre acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39%, según antecedentes de la Superintendencia de Pensiones.
Una parte importante del deterioro ha sido relacionada con operaciones financieras mediante derivados de tasas de interés, instrumentos cuya complejidad y riesgos han abierto cuestionamientos sobre las decisiones de inversión de las administradoras.
La Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para determinar si existieron incumplimientos de sus deberes fiduciarios. La investigación se encuentra en desarrollo y todavía no establece responsabilidades definitivas.
El problema es especialmente sensible porque las pérdidas afectan el patrimonio previsional de los afiliados, mientras las administradoras mantienen un modelo de ingresos basado principalmente en las comisiones por administrar esos recursos.
La eventual compensación por las pérdidas tampoco está resuelta.
El artículo 149 del Decreto Ley 3.500 contempla mecanismos para exigir indemnizaciones cuando las administradoras causan perjuicios directos a los fondos mediante actuaciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales. No obstante, una pérdida de mercado no constituye automáticamente una infracción indemnizable.
El superintendente Joaquín Cortez ha señalado que corresponde esperar los resultados de las investigaciones antes de determinar responsabilidades.
Mientras tanto, el deterioro del ahorro previsional vuelve a poner sobre la mesa una contradicción del sistema: los trabajadores deben asumir la incertidumbre sobre sus futuras pensiones y enfrentan, además, el debate recurrente sobre la necesidad de prolongar su vida laboral para mejorar sus ingresos durante la vejez.
La transparencia como obligación
La solicitud de los senadores sobre Paraguay debe entenderse en este contexto.
No se trata de afirmar que las AFP hayan perdido dinero en Ueno Bank. Tampoco de sostener que las inversiones internacionales sean necesariamente riesgosas o inconvenientes.
Se trata de establecer dónde están invertidos los recursos de los trabajadores, qué exposición mantienen frente a determinados conglomerados y qué mecanismos existen para prevenir o responder ante riesgos financieros relevantes.
La Superintendencia dispone de atribuciones para fiscalizar las inversiones previsionales y exigir información a las administradoras.
Su respuesta al requerimiento parlamentario permitirá determinar si existe alguna conexión financiera entre los fondos de pensiones chilenos y el conglomerado paraguayo.
Hasta entonces, la sospecha debe permanecer como una pregunta abierta, no como una acusación.
Pero después de las pérdidas del Fondo E y de las investigaciones que estas desencadenaron, exigir información completa sobre los ahorros previsionales no constituye una alarma injustificada. Es una demanda elemental de transparencia sobre recursos que pertenecen a millones de trabajadores chilenos.
