Reino Unido: el gobierno laborista apuesta por el gasto militar mientras crece el malestar social
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El presupuesto presentado por el gobierno de Andy Burnham promete aliviar el costo de la vida, pero también consolida una estrategia de rearme, disciplina fiscal y restricciones al gasto público. Mientras millones de británicos enfrentan dificultades para pagar sus cuentas, los sindicatos reclaman políticas más ambiciosas y el Partido Laborista busca recuperar la confianza de una sociedad golpeada por años de estancamiento económico.
En el Reino Unido, el gobierno laborista ha encontrado una fórmula para describir su política económica: ofrecer un respiro a las familias mientras prepara al país para un futuro de mayores exigencias militares y restricciones fiscales. El problema es que ese respiro parece demasiado breve para una población que lleva años soportando el encarecimiento de la vivienda, la energía, el transporte y los alimentos.
El presupuesto presentado el 28 de octubre por el canciller de Hacienda, John Healey, es el primero desde que Andy Burnham asumió como primer ministro en julio. Su propósito declarado es estimular el crecimiento económico, contener el costo de la vida y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Pero detrás de esos objetivos aparece una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno compromete miles de millones de libras para fortalecer la industria militar, buena parte de los servicios públicos y de las prestaciones sociales continúa sometida a fuertes presiones presupuestarias.
La política económica británica se desarrolla, además, en un escenario internacional marcado por la guerra en Oriente Medio, la prolongación del conflicto en Ucrania y el encarecimiento de la energía. El gobierno presenta estas circunstancias como razones para reforzar la seguridad nacional y proteger a los hogares de los aumentos de precios.
Sin embargo, la discusión que comienza a extenderse entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores del propio laborismo es otra: ¿quién financiará esas prioridades y cuánto mejorará realmente la vida cotidiana de la población?
El rearme como motor económico
Una de las apuestas centrales del gobierno consiste en transformar la industria de defensa en un sector capaz de impulsar el crecimiento y crear empleos.
El Reino Unido mantiene su compromiso de elevar el gasto militar al 3,5% del producto interno bruto para 2035, con una meta intermedia del 3% en 2030. Se trata de un esfuerzo financiero considerable, asociado a las nuevas exigencias de la OTAN y a la estrategia de fortalecimiento de las capacidades militares europeas.
El presupuesto contempla un Plan de Inversión en Defensa de 15.000 millones de libras entre los ejercicios fiscales 2026-27 y 2029-30. De ese monto, 10.300 millones procederán de una reorganización de prioridades presupuestarias ya anunciada. Los 4.700 millones restantes se financiarán principalmente mediante ajustes en los presupuestos de inversión de distintos departamentos gubernamentales y recursos de reserva del Tesoro.
El Ejecutivo sostiene que estos cambios no reducirán los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de los servicios públicos esenciales. Sin embargo, una reducción de los presupuestos de inversión puede afectar la capacidad de desarrollar infraestructura y equipamiento en otras áreas del Estado.
El gobierno también espera que la expansión de la industria militar genere aproximadamente 60.000 empleos adicionales hacia 2029-30, respecto de los niveles de 2023-24. Para ello contempla facilitar inversiones privadas y fortalecer las cadenas nacionales de suministro.
La defensa deja así de presentarse únicamente como una obligación estratégica y pasa a ocupar un lugar destacado en la política industrial.
La pregunta es si el crecimiento de ese sector podrá compensar las debilidades de una economía que lleva años mostrando bajos aumentos de productividad y dificultades para mejorar los ingresos reales de los trabajadores.
Una economía que crece poco y recauda más
Las perspectivas económicas ofrecen escaso margen para el optimismo.
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, conocida como OBR, ha advertido que el crecimiento seguirá siendo débil y que las presiones inflacionarias continuarán afectando el poder adquisitivo.
Las proyecciones incorporadas en las notas de nuestro corresponsal apuntan a un crecimiento de apenas 1% para el próximo año, inferior al 1,6% previsto anteriormente. Al mismo tiempo, la carga tributaria se encamina hacia niveles históricamente elevados.
La OBR proyecta que los ingresos fiscales, medidos como proporción del PIB, aumentarán desde alrededor del 36% en 2025-26 hasta cerca del 38% en 2027-28.
Una parte de ese incremento se explica por el congelamiento de los umbrales del impuesto sobre la renta. Cuando los salarios nominales aumentan debido a la inflación, pero los límites tributarios permanecen inmóviles, más trabajadores comienzan a pagar impuestos o pasan a tramos superiores.
Se trata de una forma de aumentar la recaudación sin modificar necesariamente las tasas nominales del impuesto.
El resultado es una presión adicional sobre los ingresos disponibles de los hogares, precisamente cuando el gobierno reconoce que el costo de la vida continúa siendo uno de los principales problemas económicos del país.
Cien libras frente al aumento de la energía
Entre las medidas destinadas a aliviar las dificultades familiares figura una ayuda de 100 libras para aproximadamente veinte millones de hogares, dirigida a compensar parte del aumento de las cuentas de energía.
El gobierno también anunció medidas tributarias sobre la electricidad para reducir temporalmente el costo de las facturas.
La ayuda puede representar un alivio inmediato, especialmente para los hogares de menores ingresos. Pero las organizaciones sociales advierten que las medidas temporales no resuelven las causas estructurales del encarecimiento energético.
La situación resulta especialmente difícil para quienes destinan una proporción elevada de sus ingresos a calefacción, electricidad, transporte y alimentación.
Durante años, los gobiernos británicos han recurrido a subsidios y ayudas extraordinarias para enfrentar los aumentos de precios. Sin embargo, estas intervenciones no han eliminado la vulnerabilidad de millones de familias frente a las fluctuaciones del mercado energético.
El presupuesto vuelve a plantear el mismo dilema: cómo proteger a los hogares sin realizar transformaciones de mayor alcance en los sistemas de energía, vivienda y servicios públicos.
Los jóvenes, entre las deudas y la incertidumbre laboral
Las dificultades económicas afectan especialmente a los jóvenes, que deben incorporarse a un mercado de trabajo debilitado mientras enfrentan los costos acumulados de la educación superior.
Los préstamos universitarios constituyen un ejemplo de esa situación. En el sistema británico, los intereses pueden hacer que una deuda continúe aumentando incluso cuando el graduado realiza pagos durante varios años.
Abelardo recoge el caso de una persona que terminó sus estudios en 2015 con una deuda de 38.000 libras y que, pese a haber efectuado pagos por varios miles de libras, todavía debe 44.000.
El ejemplo ilustra una característica del sistema: los pagos dependen de los ingresos del deudor, pero cuando no alcanzan para cubrir los intereses, el saldo pendiente puede continuar creciendo.
El presupuesto estableció un límite temporal del 6% para los intereses de determinadas modalidades de préstamos estudiantiles. La medida busca contener su acumulación, aunque no elimina las deudas existentes.
A esta situación se agregan las dificultades para conseguir empleos estables, los elevados precios de los arriendos y las restricciones a determinadas prestaciones sociales.
La Fundación Joseph Rowntree, organización dedicada al estudio de la pobreza, ha advertido que reducir los apoyos económicos a jóvenes con discapacidad puede dificultar precisamente aquello que el gobierno declara promover: su incorporación al trabajo y la educación.
La organización sostiene que el costo del transporte, la alimentación y otras necesidades básicas constituye una barrera real para quienes intentan completar sus estudios o encontrar empleo.
El gobierno argumenta que las reformas buscan orientar las prestaciones hacia quienes presentan mayores necesidades y facilitar la incorporación laboral. Sus críticos consideran que sustituir ingresos regulares por ayudas puntuales puede aumentar la inseguridad económica.
Servicios públicos bajo presión
El deterioro de determinados servicios públicos constituye otro de los problemas que enfrenta el gobierno laborista.
En el sistema sanitario, las dificultades de contratación y retención de personal siguen afectando la atención. Las unidades de maternidad han sido objeto de especial preocupación debido a problemas de seguridad, falta de profesionales y cierres temporales de servicios.
En vivienda, la demanda de alojamiento social continúa superando ampliamente la oferta disponible. Según los antecedentes reunidos por Abelardo, alrededor de 1,3 millones de hogares permanecen en listas de espera.
El presupuesto incluye recursos adicionales para las administraciones locales y medidas destinadas a ampliar sus atribuciones. El gobierno sostiene que una mayor descentralización permitirá adaptar las políticas a las necesidades de cada territorio.
Sin embargo, las autoridades locales deben responder a demandas acumuladas durante años de restricciones presupuestarias, mientras aumentan los costos de funcionamiento de los servicios.
El problema no se limita a la cantidad de dinero disponible. También involucra la capacidad del Estado para sostener infraestructura, contratar personal y garantizar servicios adecuados en regiones que han experimentado prolongados procesos de desindustrialización y empobrecimiento.
Los sindicatos reclaman medidas más profundas
Las reacciones sindicales al presupuesto reflejan una mezcla de reconocimiento a algunas ayudas y frustración por la ausencia de cambios más profundos.
Paul Nowak, secretario general del Congreso de Sindicatos Británicos (TUC), valoró las medidas destinadas a proporcionar alivio a familias y empresas en medio del encarecimiento de la energía y las consecuencias económicas de los conflictos internacionales.
Sin embargo, otros dirigentes sindicales consideran que el Partido Laborista debería adoptar políticas más ambiciosas para enfrentar el costo de la vida, mejorar los salarios y fortalecer los servicios públicos.
Las críticas también provienen de organizaciones empresariales, aunque por motivos diferentes.
La Confederación de la Industria Británica acogió favorablemente algunas iniciativas, pero consideró insuficientes los estímulos al crecimiento. La Federación de Pequeñas Empresas manifestó su decepción ante la falta de medidas más contundentes para aliviar los costos y las obligaciones tributarias que afectan a los negocios de menor tamaño.
El Partido Conservador, por su parte, cuestionó el alcance del presupuesto, mientras el Partido Verde criticó la ausencia de nuevas inversiones relevantes en adaptación climática y la decisión de no aumentar de manera más significativa los impuestos sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios.
Estas reacciones muestran las dificultades del gobierno para construir un consenso alrededor de su estrategia económica.
El dilema político del laborismo
Andy Burnham llegó al gobierno con la promesa de recuperar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los británicos.
Su administración sostiene que la disciplina fiscal es necesaria para recuperar la confianza económica y que la inversión en defensa puede convertirse en un motor de desarrollo industrial.
Pero la estrategia contiene una tensión que difícilmente desaparecerá.
El rearme exige compromisos presupuestarios de largo plazo, mientras las necesidades sociales requieren respuestas inmediatas. La construcción de viviendas, el mejoramiento de los hospitales, la protección de los ingresos y la creación de empleos estables no pueden aplazarse indefinidamente sin consecuencias políticas.
La OBR prevé que el crecimiento económico se reduzca al 1% en 2027 y que la inflación alcance un promedio del 3,4% ese año. Son cifras que limitan la posibilidad de una recuperación rápida del poder adquisitivo.
El gobierno atribuye parte importante de estas dificultades a los conflictos internacionales y a problemas económicos heredados. Sus críticos, en cambio, cuestionan la distribución de las prioridades presupuestarias y la confianza depositada en la expansión de la industria militar.
Ambas dimensiones forman parte del debate: las presiones externas son reales, pero también lo son las decisiones internas sobre cómo distribuir los recursos disponibles.
Para amplios sectores de la población, la evaluación del gobierno dependerá menos de sus objetivos industriales o de las cifras agregadas de crecimiento que de cuestiones concretas: cuánto cuesta mantener una vivienda, si los salarios alcanzan hasta fin de mes, cuánto demora una atención médica y qué oportunidades encuentran los jóvenes.
El presupuesto de octubre intenta responder a esas preocupaciones mediante ayudas temporales, incentivos económicos y una reorganización del gasto público. Pero deja abierta una pregunta central para el futuro del laborismo británico: si una estrategia que otorga creciente importancia al rearme podrá, al mismo tiempo, reconstruir la seguridad económica y social que sus votantes esperan.
La respuesta no dependerá solamente de los próximos indicadores económicos. También se expresará en la relación entre el gobierno, los sindicatos y una ciudadanía que continúa esperando mejoras tangibles en su vida cotidiana.
Abelardo Clariana-Piga
Corresponsal de El Clarín en el Reino Unido
