CECT: ¿Quién y qué define a una persona privada de libertad como prisionera política?

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En Chile muchos son los presos políticos, aunque el Estado tenga mucha dificultad en reconocerlo. Para poner un poco de claridad alrededor de este tema, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) hace una declaración pública respondiendo a las preguntas más confusas.

¿Quién y qué define a una persona privada de libertad, como prisionera política?

“En Chile, entre el 18 de octubre de 2019 y el 3 de enero 2020, según el INDH, cerca de 10.000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales 1.133 son niños, niñas y adolescentes; sólo en la Región Metropolitana 3.266 personas fueron detenidas, seguido por Antofagasta con 1.136; las restantes cifras se sitúan en Copiapó con 766 personas presas; Concepción con 644 y Temuco con 476.

A un año de la revuelta social, el 18 de octubre 2020, solo en Santiago se detuvo a 600 personas. Varias de las personas detenidas denunciaron torturas y violencia sexual por parte de la policía, así como también denunciaron que fueron objeto de tratos y penas crueles inhumanas y degradantes. Por su parte, el Ministerio Público señala que 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado y que existen 4.681 causas relacionadas con violencia institucional vigentes; de todo ello, solo 25 agentes del Estado se encuentran en prisión preventiva y un solo imputado ha sido condenado[1]”.

¿Se puede considerar presos políticos a quienes han sido perseguidos o encarcelados por supuestos delitos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del 2019?

“Sobre gran parte de las personas encarceladas pesa la Ley de Seguridad Interior del Estado, invocada por el Ministerio del Interior, por lo tanto la denominación de ser “presos políticos” se ajusta a esta categoría de acuerdo a los instrumentos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Al igual que la dictadura de Pinochet, el gobierno autoritario de Piñera, quien recientemente  en la última encuesta de Asuntos Públicos de Criteria arrojó que su aprobación cayó a un 7%  en la ciudadanía, niega la existencia de personas encarceladas por razones políticas y por quienes su gobierno a través de su Ministerio del Interior se ha hecho parte de los procesos en contra de ellas.

A las voces destempladas de personeros de la feneciente ex Nueva Mayoría apoyando al gobierno, se ha sumado Josá Miguel Vivanco el director de la División de las Américas del Human Rights Watch que de un minuto al otro pasó de ser un ente asesor técnico de los Estados en materia de derechos humanos a ser portavoz y defensor de un Gobierno que ha violado sistemática y gravemente los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado.

El gobierno de Piñera  ha cometido graves crímenes contra la integridad física y psíquica de las personas y ha dejado cientos de personas en prisión preventiva prolongada, más allá de los plazos que estipula la propia ley, negándoles el derecho a defensa, a un debido proceso, a probar su inocencia y el derecho legítimo de aspirar a su libertad.

Declaran a los cuatro vientos que nadie es perseguido por sus ideas o por sus convicciones políticas y que esas personas no serían presos políticos para concluir que quienes han sido encarcelados en el contexto de la revolución iniciada en el 2019, se encuentran presos por cometer graves delitos de violencia en contra de la propiedad.

La Comisión Ética contra la Tortura señala al Gobierno y a todos los que han salido en su apoyo, que en Chile efectivamente no se encarcela por tener ideas diferentes, sino que se les asesina.

El Estado de Chile ha cometido crímenes gravísimos contra quienes han profesado y declarado querer un mundo diferente. En efecto,  varios comuneros mapuche han sido cobardemente asesinados por la policía en el último tiempo; dirigentes sindicales y ambientalistas han sido asesinados y jamás han sido encontrado los culpables, ni investigado ni menos castigado dichos crímenes.  Entre las personas asesinadas desde octubre 2019, varias de ellas aparecieron calcinadas, luego de ser baleadas, en los incendios de empresas y supermercados: no fue suficiente asesinarlos, también quemaron sus cuerpos para evitar su identificación sin que a la fecha los responsables hayan sido llevados ante un tribunal.  Recientemente, el policía que asesinó a Camilo Catrillanca confesó cómo el aparato del Estado desde sus altos mando policiales y civiles le obligaron a mentir.  Para qué vamos hablar de los montajes pauteados desde el aparato del Estado, fiscales y policías como la Operación Huracán y otras que han permitido el encarcelamiento de comuneros mapuche.

Ni hablar del poder judicial que calló ante los crímenes durante todos los años de dictadura y en estos 30 años de gobiernos civiles no ha sido diferente. Más aún, hoy tiene el desparpajo de determinar medidas de impunidad para 31 genocidas condenados como autores de asesinatos, igualmente libera de culpas a 30 agentes condenados como autores de secuestro calificado que mantiene a personas en condición de detenidos desaparecidos y benefició a otros 42 agentes perpetradores con rebajas de condenas, todos ellos participes del Terrorismo de Estado, haciendo que un total de 103 genocidas sean liberados.

El Gobierno de Piñera, el Poder Judicial y otros factores de poder, han perdido toda noción de lo que es la Justicia y el ejercicio de los derechos que competen a las personas; hoy resulta más grave sostener una idea que sembrar desigualdad social; propiciar la defensa del medio ambiente, la defensa del agua y el derecho a vivir dignamente, es más grave que el cohecho y la corrupción de políticos y empresarios. El robo si lo realizan las empresas financieras y otras como las AFP, las Fuerzas Armadas o las Policías son un problema que merece cuanto más un arresto domiciliario o una clase de ética. Un semáforo roto, un adoquín arrancado o la autodefensa ejercida frente a una represión que arranca ojos, mutila personas, apalea hasta matar o dejar parapléjica a la gente, es confinada en una cárcel sin derecho alguno al debido proceso, expuestos al hacinamiento en medio de una pandemia, negados del apoyo de sus familias y aislados de todo contacto social. Lo que ha pasado con las personas encarceladas luego de octubre 2019, no sólo muestra las distintas velocidades con que opera la justicia, sino también muestra castigo, ensañamiento y encarnizamiento penal.

Lo que sí sabemos es que por las ideas, aún no han podido encarcelar al 93% restante que no apoya al gobierno; ni tampoco  han podido encerrar al casi 80% que votó contra el Gobierno al optar por una Nueva Constitución en el plebiscito de octubre pasado. Ni tampoco han podido encarcelar a los cientos de miles de mujeres por cantar contra el patriarcado y la violencia hacia las mujeres ejercidos por el Estado, la represión de las policías y los vínculos sociales, laborales por contar solo algunos de los tantos amarres opresores hacia ellas.

Tampoco han podido encarcelar a las familias cuyos hijos han sido confinados en el SENAME para morir a manos del Estado ni a todas las personas que con nuestra lucha expresamos la solidaridad permanente con las y los luchadores sociales encarcelados y cuya motivación primera ha sido y es oponerse a un Estado autoritario y violento que obliga a miles a vivir sin derechos elementales y los “delitos” por los que son acusados no  se comparan en medida alguna a los crímenes cometidos por el Estado.

A los presos políticos mapuche y chilenos les llamamos a seguir resistiendo a esta política de la muerte de un gobierno políticamente finalizado y de un sistema que nos hemos propuesto cambiar”.

[1] http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=18771

Elena Rusca, Ginebra

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