Comité de Escazú pide a Chile proteger a la familia de Julia Chuñil ante hostigamientos y amenazas
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El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú instó al Estado chileno a “proteger” a la familia de Julia Chuñil, dirigenta mapuche y defensora ambiental desaparecida hace un año en la región de Los Ríos. El organismo advirtió la existencia de un “riesgo razonable” para su núcleo inmediato, luego de constatar “evidencias de hostigamiento, estigmatización y amenazas continuas”.
Se trata de la primera vez que este comité, encargado de promover la implementación del tratado regional, dirige un llamado de este tipo a un país firmante. La resolución surge tras el alegato presentado por el hijo de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, quien denunció incumplimientos del Estado chileno en materia de seguridad y protección de defensores ambientales, contemplada en el artículo 9 del acuerdo.
Riesgo y denuncias de hostigamiento
San Martín Chuñil aseguró ante el organismo internacional que, en su condición de familiar directo de una defensora desaparecida, ha sido objeto de “acciones intimidatorias y hostigamientos”, situación que se extiende también a su entorno cercano.
El Comité advirtió que el riesgo se ve incrementado por “la falta de adopción de medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas e intimidaciones cometidos” contra la familia de Chuñil.
Recomendaciones al gobierno chileno
En su resolución, el organismo recomendó al gobierno adoptar medidas de protección inmediatas para la familia de la dirigenta, incluyendo la investigación de hostigamientos policiales denunciados por sus hijos, así como eventuales actos de discriminación judicial o penal.
Cabe recordar que, a mediados de octubre, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la investigación sobre la desaparición de Chuñil se mantiene abierta bajo distintas hipótesis, entre ellas la participación de terceros en su desaparición y posible muerte. Sin embargo, evitó entregar detalles por el carácter reservado del caso.
Un tratado clave para los defensores ambientales
El Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que establece obligaciones específicas de protección para activistas y defensores ambientales. La resolución sobre el caso Chuñil marca un precedente en su aplicación, al exigir a un Estado parte que adopte acciones urgentes frente a situaciones de riesgo.
La desaparición de Julia Chuñil y las amenazas a su familia se han transformado en un caso emblemático sobre la vulnerabilidad de defensores ambientales en Chile, abriendo un debate sobre el alcance real de los compromisos asumidos por el país con la ratificación del acuerdo.
