Un reajuste de 7.546 pesos: el debate que vuelve a desnudar el abuso salarial chileno
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La discusión sobre el salario mínimo en Chile volvió a abrir una vieja herida estructural: el problema de los bajos salarios y la creciente distancia entre el costo real de la vida y los ingresos que perciben millones de trabajadores.
La propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo en apenas 7.546 pesos líquidos mensuales no sólo generó críticas desde sindicatos y organizaciones sociales. También volvió a instalar una pregunta incómoda para el modelo económico chileno: ¿es posible hablar de crecimiento, estabilidad y modernización cuando la mitad de los trabajadores gana apenas 600 mil pesos líquidos o menos?
El debate adquirió una nueva dimensión tras la publicación del estudio “Los bajos salarios de Chile”, elaborado por los investigadores Gonzalo Durán y Marco Kremerman de Fundación SOL, basado en los datos de la Encuesta CASEN 2024.
Las conclusiones del informe son difíciles de ignorar.
Según los datos analizados por los investigadores, la mitad de las y los trabajadores chilenos percibe ingresos líquidos iguales o inferiores a 600 mil pesos mensuales. Más aún: el 55,7% de las personas ocupadas gana 600 mil pesos o menos y sólo el 20,5% supera el millón de pesos líquidos.
La cifra adquiere especial relevancia precisamente cuando el reajuste propuesto por el Ejecutivo equivale, en términos prácticos, a poco más de 250 pesos diarios.
El problema no es sólo el salario mínimo
El debate político suele concentrarse en el monto exacto del ingreso mínimo legal, pero el estudio de Fundación SOL apunta hacia una cuestión más profunda: el salario mínimo funciona como un “faro” para toda la estructura salarial del país.
Cuando el piso salarial es bajo, argumentan Durán y Kremerman, el resto de la estructura de remuneraciones también tiende a deprimirse.
Por eso el problema excede a quienes reciben directamente el ingreso mínimo.
La investigación muestra que incluso trabajadores asalariados de jornada completa presentan ingresos insuficientes para garantizar condiciones básicas de vida familiar. El 50% de quienes trabajan jornada completa recibe menos de 650 mil pesos líquidos mensuales.
En un país donde el costo de arriendos, transporte, alimentación y servicios básicos se ha incrementado sostenidamente durante la última década, el reajuste propuesto aparece para muchos sectores sociales más como una corrección administrativa que como una política real de fortalecimiento salarial.
Y allí emerge uno de los principales nudos del debate económico chileno contemporáneo: mientras las cifras macroeconómicas suelen enfatizar estabilidad fiscal, inversión y control inflacionario, la experiencia cotidiana de amplios sectores de trabajadores sigue marcada por salarios insuficientes, endeudamiento y precariedad.
Una economía que crece, pero salarios que no despegan
Uno de los elementos más llamativos del informe es precisamente la constatación de que el problema salarial no responde únicamente a coyunturas económicas específicas ni a un gobierno en particular.
Según Durán y Kremerman, el deterioro relativo de los salarios se arrastra desde hace décadas y ha persistido bajo distintos ciclos políticos y económicos.
La paradoja es evidente: Chile ha experimentado crecimiento económico sostenido durante buena parte de las últimas décadas, pero ese crecimiento no se ha traducido proporcionalmente en mejoras salariales para la mayoría de la población.
El propio estudio sostiene que incluso considerando el aumento del PIB per cápita entre 2009 y 2024, la suficiencia salarial continúa siendo crítica para una parte significativa de la población trabajadora.
El fenómeno refleja una tensión estructural del modelo chileno: la economía puede expandirse mientras los frutos de ese crecimiento permanecen altamente concentrados.
Fundación SOL recuerda además que el 1% más rico concentra cerca del 26,7% de los ingresos nacionales, según estimaciones basadas en datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos y la World Inequality Database.
En ese contexto, el reajuste de 7.546 pesos aparece simbólicamente potente no sólo por su magnitud reducida, sino porque parece confirmar la incapacidad estructural del sistema político y económico para modificar significativamente la distribución del ingreso.
La fractura territorial y de género
Otro aspecto central del estudio es la enorme desigualdad territorial y de género que atraviesa el mercado laboral chileno.
Mientras regiones como Antofagasta y Magallanes presentan medianas salariales cercanas a los 700 mil pesos líquidos, zonas como Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos apenas alcanzan medianas de 500 mil pesos.
Las diferencias también golpean particularmente a las mujeres.
La mediana salarial femenina llega sólo a 510 mil pesos líquidos mensuales, muy por debajo de la masculina.
Eso significa que millones de mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente salarios más bajos, mayores niveles de informalidad y mayores responsabilidades de cuidados no remunerados.
La discusión sobre el salario mínimo, por tanto, no es neutra. Tiene impactos diferenciados según territorio, género y tipo de empleo.
El costo de la moderación salarial
Durante años, buena parte del establishment económico chileno defendió la moderación salarial como un mecanismo para mantener competitividad, atraer inversiones y contener presiones inflacionarias.
Sin embargo, el debate actual comienza a mostrar límites cada vez más visibles de esa estrategia.
Una economía basada en bajos salarios tiende también a producir bajo consumo interno, alta dependencia del endeudamiento y creciente malestar social.
No es casual que el problema salarial reaparezca periódicamente en momentos de tensión política.
El estallido social de 2019 tuvo precisamente entre sus principales detonantes la percepción de abuso, desigualdad y precariedad material acumulada durante décadas.
En ese sentido, el reajuste propuesto por el gobierno corre el riesgo de ser interpretado no sólo como insuficiente económicamente, sino también como desconectado del clima social real que atraviesa el país.
Negociación colectiva y poder empresarial
El informe de Fundación SOL introduce además una crítica estructural al sistema laboral chileno heredado desde la dictadura.
Los investigadores sostienen que uno de los principales mecanismos que explican los bajos salarios es la debilidad de la negociación colectiva.
Chile mantiene un sistema donde la negociación ocurre principalmente a nivel de empresa, mientras la negociación por rama o sector productivo permanece prácticamente bloqueada desde fines de los años setenta.
Según Durán y Kremerman, los países más igualitarios y con mejores niveles de productividad suelen contar con sistemas de negociación sectorial más robustos, capaces de elevar el conjunto de la estructura salarial.
El problema, por tanto, no sería simplemente cuánto aumenta el salario mínimo este año, sino qué capacidad real tienen los trabajadores para disputar una mayor participación en la riqueza que producen.
Más que una cifra
La controversia por los 7.546 pesos probablemente seguirá dominando parte del debate político inmediato.
Pero el verdadero problema parece ser más profundo.
El estudio de Fundación SOL vuelve a mostrar que Chile enfrenta una contradicción estructural entre crecimiento económico y bienestar social efectivo.
La economía puede mostrar estabilidad macroeconómica mientras millones de trabajadores continúan atrapados en una lógica de salarios insuficientes para sostener condiciones de vida dignas.
Y allí radica quizás el núcleo más incómodo de esta discusión: el salario mínimo ya no aparece únicamente como una política laboral.
Se transforma en una pregunta política mayor sobre qué tipo de sociedad produce Chile y quiénes participan realmente de la riqueza que el país genera.
