Pymes toman distancia del plan económico de Kast y alertan impacto fiscal y social
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La señal no pasó inadvertida. En medio del debate económico abierto por el denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, fue esta vez la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONUPIA) la que levantó una voz de alerta frente a las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), advirtiendo sobre eventuales riesgos fiscales, sociales y productivos derivados de la iniciativa.
El pronunciamiento de CONUPIA adquiere especial relevancia política y económica debido a que históricamente buena parte del mundo de las pequeñas y medianas empresas ha sido considerado un sector cercano a discursos promercado y críticos de la excesiva regulación estatal. Sin embargo, el actual debate parece estar generando fisuras importantes, particularmente respecto al diseño tributario y al financiamiento de las propuestas económicas del Ejecutivo.
La organización gremial manifestó su preocupación tras el informe emitido por el Consejo Fiscal Autónomo, organismo técnico encargado de supervisar la sostenibilidad de las cuentas públicas, el cual cuestionó las proyecciones financieras del llamado Plan de Reconstrucción Nacional y advirtió sobre un eventual deterioro fiscal en los próximos años.
Según planteó la confederación, las observaciones realizadas por el CFA —y respaldadas además por diversos economistas y ex autoridades económicas— “no pueden ser ignoradas por el Ejecutivo”, especialmente considerando el eventual impacto fiscal negativo que podría generar la propuesta gubernamental.
El presidente de CONUPIA, Humberto Solar, sostuvo que varios de los ejes centrales del plan económico benefician principalmente a grandes grupos económicos y sectores de altos ingresos, dejando en una posición desventajosa a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran la reducción de impuestos corporativos a grandes empresas, la reintegración del sistema tributario, las exenciones a las ganancias de capital y diversos incentivos tributarios orientados a fomentar la inversión privada.
Para la organización, dichas medidas podrían terminar debilitando la capacidad recaudatoria del Estado sin garantizar necesariamente un efecto expansivo suficiente sobre la economía real o sobre el empleo.
“La preocupación principal es que las pequeñas empresas nuevamente terminen absorbiendo los costos de políticas diseñadas pensando en grandes capitales”, señalan desde el gremio.
El debate adquiere mayor profundidad debido a que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el efecto fiscal negativo del plan podría extenderse más allá del actual período presidencial, alcanzando cerca de un 0,71% del PIB hacia el año 2030.
Ese punto es particularmente sensible en un contexto internacional todavía marcado por alta incertidumbre económica, conflictos geopolíticos, volatilidad energética y desaceleración de varios mercados internacionales.
Desde CONUPIA advirtieron precisamente que las proyecciones de crecimiento utilizadas para sustentar el plan oficial podrían verse afectadas por factores externos difíciles de controlar.
“Existen factores internacionales que impactan directamente los mercados internos y dificultan proyectar escenarios económicos estables”, sostuvo Humberto Solar, haciendo referencia al aumento de costos energéticos, combustibles y presiones inflacionarias derivadas de los conflictos internacionales.
Pero uno de los puntos que más inquietud genera en el sector pyme es la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de invariabilidad tributaria, idea promovida por sectores del oficialismo como una forma de entregar certezas a los inversionistas.
Para CONUPIA, una estructura rígida de largo plazo podría limitar la capacidad futura del Estado para adaptarse a cambios económicos, sociales o incluso emergencias fiscales.
La crítica del gremio se suma a un debate más amplio instalado en el mundo económico respecto a si el crecimiento proyectado por el Ejecutivo será suficiente para compensar las menores tasas de recaudación derivadas de las rebajas tributarias contempladas en el programa.
Diversos economistas han advertido que el supuesto “shock de inversión” esperado por el gobierno podría no alcanzar la magnitud necesaria para equilibrar las cuentas fiscales en el mediano plazo, especialmente considerando el actual escenario internacional y las restricciones estructurales de la economía chilena.
En este contexto, CONUPIA expresó además preocupación por las posibles consecuencias sociales del ajuste fiscal que eventualmente podría requerirse en los próximos años para compensar los menores ingresos del Estado.
La organización alertó que la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento podría traducirse en recortes de programas sociales, subsidios productivos y mecanismos de apoyo económico fundamentales para miles de pequeñas empresas y emprendedores.
La advertencia no es menor considerando que gran parte del ecosistema pyme chileno todavía enfrenta secuelas económicas derivadas de la pandemia, altas tasas de interés, dificultades de acceso al crédito y una desaceleración persistente del consumo interno.
“Nos preocupa que finalmente el costo de estas políticas termine recayendo sobre programas esenciales para el desarrollo productivo y social del país”, indicaron desde la entidad.
El pronunciamiento de CONUPIA refleja además un fenómeno político más amplio: el creciente debate sobre el equilibrio entre crecimiento económico, disciplina fiscal y protección social en el nuevo ciclo político chileno.
Mientras el gobierno de José Antonio Kast apuesta a una estrategia centrada en desregulación, incentivos tributarios y atracción de inversiones, distintos sectores sociales y productivos comienzan a expresar dudas respecto a los costos fiscales y distributivos del modelo.
Finalmente, la Confederación hizo un llamado al Ejecutivo y al conjunto de los actores políticos, económicos y sociales a abrir un diálogo amplio sobre las implicancias del plan y considerar la participación de organizaciones representativas de emprendedores y pequeñas empresas antes de avanzar en reformas estructurales de largo alcance.
La señal enviada por las pymes podría transformarse así en uno de los primeros focos de tensión económica relevantes para el gobierno, especialmente si las advertencias fiscales del CFA continúan profundizando el debate sobre la viabilidad financiera del programa oficialista.
