El dinero del crimen y el silencio de la derecha
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Mientras la Fiscalía revela una red que sacó US$85 millones del país a través de cuentas bancarias, empresas de papel y criptomonedas, la derecha vuelve a bloquear herramientas para seguir la ruta del dinero. El discurso de la seguridad parece encontrar un límite cuando la investigación se acerca al sistema financiero.
Durante años la derecha chilena ha construido buena parte de su discurso político sobre la inseguridad. Narcotráfico, crimen organizado, migración irregular, violencia urbana. En cada campaña electoral, en cada encuesta, en cada debate televisivo, la promesa ha sido la misma: mano dura.
Pero esta semana apareció una fisura difícil de ocultar.
Mientras la Fiscalía Sur revelaba una operación de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua por cerca de 85 millones de dólares, parte importante de la derecha volvía a rechazar modificaciones al secreto bancario, una de las principales herramientas para seguir la ruta financiera de las organizaciones criminales.
La contradicción es evidente.
Si el crimen organizado es la principal amenaza para Chile, ¿por qué se rechazan mecanismos destinados precisamente a rastrear el dinero que lo sostiene?
Porque el narcotráfico moderno no funciona principalmente con armas. Funciona con cuentas corrientes, sociedades comerciales, transferencias internacionales, criptomonedas y estructuras financieras cada vez más sofisticadas. Los jefes de las organizaciones criminales no esconden millones bajo un colchón. Necesitan introducirlos en la economía formal.
Y allí aparece el verdadero problema.
El punto ciego del discurso de seguridad
La investigación conocida esta semana no solo involucró a miembros del Tren de Aragua. También mostró cómo enormes sumas de dinero circularon a través del sistema financiero chileno y cómo empresas recién creadas pudieron mover recursos millonarios sin despertar sospechas suficientes.
El propio fiscal Héctor Barros deslizó una preocupación que pocos actores políticos parecen querer discutir: el rol de los bancos y de los mecanismos de control financiero.
Hasta ahora el debate se había presentado como una disputa entre libertad individual y facultades del Estado. Pero la realidad parece mucho más incómoda.
La pregunta ya no es únicamente si la Fiscalía puede acceder a información bancaria.
La pregunta es cómo decenas de millones de dólares pudieron circular por el sistema financiero formal sin ser detectados a tiempo.
La defensa de la privacidad
Los argumentos utilizados por los sectores conservadores y libertarios son conocidos.
Hablan de privacidad.
Hablan de garantías constitucionales.
Hablan del riesgo de que funcionarios públicos tengan acceso excesivo a información sensible.
Algunos incluso han llevado el debate al terreno ideológico. El exdiputado Johannes Kaiser resumió esa visión cuando afirmó que no quería que un funcionario de determinada orientación política pudiera revisar sus cuentas.
Son argumentos que pueden ser legítimos en una democracia.
Sin embargo, la discusión cambia cuando el país enfrenta organizaciones criminales transnacionales capaces de mover decenas de millones de dólares dentro y fuera del territorio nacional.
Porque la privacidad financiera protege al ciudadano común. Pero también protege al evasor tributario, al lavador de activos, al narcotraficante y a las redes empresariales que eventualmente puedan facilitar operaciones ilegales.
Ese es precisamente el dilema que la derecha evita explicar.
Lo que no dicen
Los senadores de derecha han votado en bloque contra la flexibilización del secreto bancario.
Lo que no han explicado es cuál sería entonces la herramienta alternativa para seguir el dinero del crimen organizado.
Tampoco han explicado cómo esperan combatir redes financieras complejas manteniendo barreras que fiscales y organismos especializados consideran obstáculos para las investigaciones.
El resultado es una paradoja política.
Los mismos sectores que exigen más atribuciones policiales, más cárceles, más control migratorio y mayores facultades represivas, se vuelven extraordinariamente cautelosos cuando la persecución penal se aproxima al sistema financiero.
¿A quién beneficia la opacidad?
No existe evidencia para afirmar que la derecha proteja deliberadamente a organizaciones criminales.
Pero sí existe evidencia para afirmar que protege un sistema de opacidad financiera que beneficia indistintamente a ciudadanos honestos, evasores tributarios, grandes patrimonios que buscan privacidad y organizaciones dedicadas al lavado de activos.
Esa es la discusión de fondo.
La verdadera pregunta no es quién revisa una cuenta bancaria.
La verdadera pregunta es por qué, frente a una de las mayores operaciones de lavado de dinero descubiertas en Chile, algunos sectores políticos siguen considerando que el principal riesgo está en el investigador y no en quienes esconden el dinero.
Quizás porque el crimen organizado se ha convertido en una bandera política rentable. Pero seguir la ruta del dinero implica ingresar a un terreno mucho más sensible: el de los intereses económicos, las redes financieras y los espacios donde el poder criminal puede encontrarse con el poder económico.
Y allí, al parecer, el entusiasmo por la mano dura comienza a desaparecer.
Simón del Valle
