Bolivia bajo estado de emergencia: Rodrigo Paz militariza el conflicto social tras 50 días de protestas
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La crisis política y social en Bolivia entró en una nueva fase este fin de semana luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara un estado de emergencia de 90 días y ordenara el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar carreteras bloqueadas por manifestantes. La medida busca poner fin a casi siete semanas de movilizaciones que han paralizado amplias zonas del país, provocado desabastecimiento y dejado al menos 14 fallecidos.
La decisión representa uno de los momentos más delicados para el gobierno de Paz desde que asumió la presidencia a fines de 2025, convirtiéndose en el primer mandatario conservador de Bolivia en dos décadas. El decreto permite restringir las protestas y autoriza la participación directa de los militares en tareas de orden interno, una medida especialmente sensible en un país con una larga historia de intervenciones militares en la política.
Una crisis que se arrastra desde mayo
Las protestas comenzaron hace más de 50 días como respuesta al deterioro de las condiciones económicas y a las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno. Entre las causas principales figuran la eliminación de subsidios a los combustibles, el aumento del costo de la vida, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel.
A las movilizaciones se sumaron organizaciones campesinas, sindicatos, comunidades indígenas, mineros y productores de coca. Los bloqueos de carreteras se extendieron por buena parte del territorio nacional, especialmente en Cochabamba, El Alto y las rutas que conectan La Paz con el resto del país.
Las consecuencias económicas han sido severas. El transporte de mercancías quedó interrumpido durante semanas, generando escasez de alimentos, combustible y medicamentos en diversas ciudades. El gobierno estima pérdidas de miles de millones de dólares para la economía boliviana.
El decreto de emergencia
En un mensaje televisado a la nación, Rodrigo Paz sostuvo que los bloqueos habían dejado de ser una protesta social para transformarse en una amenaza contra el funcionamiento del país y la institucionalidad democrática. El mandatario afirmó que los ciudadanos no podían seguir siendo «rehenes» de los cortes de rutas y anunció que el Estado utilizaría todos los instrumentos legales disponibles para restablecer la circulación y los suministros básicos.
Pocas horas después comenzaron los operativos conjuntos entre policías y militares. En distintos puntos del país se desplegaron bulldozers y maquinaria pesada para remover barricadas construidas con piedras, troncos y escombros. En La Paz y El Alto se observaron convoyes militares custodiando instalaciones estratégicas y vías de comunicación.
El decreto tendrá una vigencia inicial de 90 días, aunque el Ejecutivo podría levantarlo antes si considera restablecida la normalidad.
Evo Morales vuelve al centro del conflicto
Uno de los elementos más significativos de la crisis es la persistente influencia política del expresidente Evo Morales.
El gobierno de Paz acusa a Morales y a sectores afines del movimiento cocalero de Cochabamba de promover y coordinar parte de las movilizaciones con el objetivo de desestabilizar a la administración actual. Desde el Ejecutivo se sostiene que la protesta ha adquirido un carácter político que excede las demandas económicas iniciales.
Morales rechaza esas acusaciones y asegura que las manifestaciones responden al deterioro de las condiciones de vida y al rechazo popular a las políticas económicas del gobierno. Las organizaciones campesinas cercanas al exmandatario han denunciado además una creciente militarización y represión de las protestas.
Un acuerdo insuficiente
Horas antes de decretar el estado de emergencia, el gobierno había alcanzado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país. El pacto incluía medidas para compensar problemas derivados de la distribución de combustibles, congelar algunos precios básicos y abrir mesas de diálogo sobre otras demandas sociales.
Sin embargo, sectores campesinos e indígenas rechazaron el entendimiento y acusaron a la dirigencia sindical de abandonar las reivindicaciones del movimiento. La fractura entre los distintos actores sociales terminó debilitando las posibilidades de una solución negociada.
¿Fin de la crisis o tregua temporal?
Durante las últimas horas comenzaron a aparecer señales de distensión. La Asamblea Legislativa ratificó el estado de emergencia y algunas organizaciones levantaron los principales bloqueos de carreteras. Las autoridades informaron que ya no existen cortes activos en las rutas nacionales y que el abastecimiento podría comenzar a normalizarse.
Sin embargo, diversos analistas advierten que la situación está lejos de resolverse. Las demandas relacionadas con el costo de la vida, los salarios, la escasez de combustible y la falta de dólares siguen sin una respuesta estructural. El riesgo es que la militarización permita despejar temporalmente las carreteras sin abordar las causas profundas del conflicto.
Un escenario con resonancias históricas
La crisis boliviana refleja las tensiones que atraviesan varios países de América Latina ante programas de ajuste económico impulsados en contextos de desaceleración y dificultades fiscales. La decisión de recurrir al estado de emergencia y a las Fuerzas Armadas recuerda episodios históricos que han marcado la relación entre poder político y movimientos sociales en Bolivia.
Para el gobierno de Rodrigo Paz, la prioridad inmediata es recuperar el control territorial y garantizar el abastecimiento. Para los movimientos sociales, en cambio, la emergencia representa una señal de que el Ejecutivo ha optado por la coerción antes que por la negociación.
La incógnita es si el despeje de los bloqueos abrirá una etapa de diálogo o si, por el contrario, el estado de emergencia inaugurará un ciclo de mayor confrontación política en uno de los países más convulsionados de América del Sur.
Fuentes: El País, The Guardian, Reuters
