La memoria esquiva y los costos de la unidad, una respuesta a Camilo Escalona
Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 15 segundos
El reciente y vehemente llamado a la unidad de la oposición o del Partido Socialista formulado por Camilo Escalona en las páginas de La Tercera no puede dejar indiferente a quien haya dedicado años de estudio a desentrañar los laberintos, dolores y mutaciones de nuestra vertiente histórica.
Como historiador, y habiendo depositado buena parte de esas reflexiones en mi obra El socialismo chileno de Allende a Bachelet, observo con genuina preocupación cómo la urgencia política del presente suele ser utilizada para edificar llamados de una pureza conceptual que colisiona de forma abierta con la terca realidad de los procesos históricos. La apelación a la cohesión de la oposición e interna del socialismo es, sin duda, un imperativo loable en tiempos de fragmentación, pero pierde su fuerza moral y su eficacia estratégica cuando se divorcia de la memoria y omite los propios actos que pavimentaron el actual estado de cosas.
Para analizar con rigurosidad el valor de este emplazamiento unitario, es indispensable examinar el itinerario político de quien hoy lo promueve.
En la mitología contemporánea que rodea al aparato partidario de calle París, se ha intentado instalar la idea de que los actuales liderazgos han sido eternos custodios de la cohesión interna. No obstante, la reconstrucción documental demuestra lo contrario. Si nos remontamos al crucial hito de la reunificación socialista de 1989 —un verdadero milagro político que permitió cerrar las heridas de la fractura de 1979 y proyectar al socialismo como eje articulador de la naciente Concertación—, el rol del exsenador fue nulo. Aquella gesta unificadora fue el resultado del esfuerzo generoso y sistemático de dirigentes que supieron leer las demandas de la sociedad civil y los desafíos de la transición democrática, en un diseño colectivo en el que las lógicas de exclusión y de control faccional que caracterizaron los años posteriores no tuvieron cabida.
Muy por el contrario, la consolidación de su influencia a comienzos de la década de los noventa coincidió con el progresivo desmantelamiento de lo que en su momento se conoció de manera promisoria como “la casa común de la izquierda”. Aquel espacio de convergencia amplia, pluralista y arraigado en el tejido social, fue sistemáticamente sacrificado en aras de una política de adaptación pragmática al poder y de una progresiva subordinación de la doctrina partidaria a las estructuras del Estado. En lugar de preservar al PS como el gran cauce de las aspiraciones populares, se optó por un viraje táctico hacia alianzas con los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, clausurando el debate interno e instalando una cultura política donde la deliberación de ideas fue sustituida por la disciplina burocrática y la negociación de meras cuotas de poder.
El punto más dramático de este diseño —y cuyas secuelas explican la fisonomía de la actual oposición— se escenificó el último fin de semana de enero de 2005, durante el XXVII Congreso General del Partido Socialista. Aquella cita, llevada a cabo en el entonces edificio Diego Portales, ha quedado registrada en los anales de nuestra historia política como un verdadero «golpe blanco» contra la directiva legítimamente elegida y encabezada por el economista Gonzalo Martner. La mesa conducida por Martner había ensayado un necesario recambio generacional e institucional tras la crisis de corrupción sistémica que azotó a la Concertación en 2003, abriendo el partido al debate programático, defendiendo con autonomía banderas históricas y delimitando con nitidez las fronteras entre el ejercicio de la militancia y el cabildeo corporativo, así como institucionalizando las decisiones políticas de la colectividad.
La respuesta de los denominados «barones» de la colectividad frente a esta autonomía fue implacable. En una maratónica jornada nocturna donde se relegó a un segundo plano cualquier discusión sustantiva sobre el proyecto de país, una alianza circunstancial articulada por Camilo Escalona, Ricardo Núñez y Ricardo Solari selló la defenestración de Martner por un estrecho e histórico margen de apenas diez votos. Este hecho político debilitó la institucionalidad interna e inició una de las fases más oscuras de la convivencia socialista: la instauración de una hegemonía faccional que priorizó el control disciplinario de la militancia por sobre la articulación de un proyecto transformador en democracia.
Las consecuencias de aquel descabezamiento no tardaron en manifestarse y adquirieron ribetes críticos durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, período en el cual Escalona ejerció la presidencia del partido con mano de hierro y se convirtió en el principal factótum político de la administración. Bajo su conducción, la colectividad experimentó una severa «archipielaguización». La inflexibilidad ante las demandas de apertura de nuevos liderazgos se tradujo en el sistemático bloqueo a las aspiraciones de sectores emergentes, gatillando una diáspora masiva y dolorosa que desangró al socialismo de sus cuadros intelectuales y juveniles más valiosos. Fue en este ciclo cuando se produjo la renuncia y partida de figuras emblemáticas de la historia socialista y de la izquierda, tales como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami y el mismo Gonzalo Martner, quienes se vieron forzados a buscar fuera de los muros partidarios los espacios de expresión que la asfixia interna les negaba.
Daño extendido
Pero el daño de esta política del atrincheramiento y el pragmatismo no se limitó a las fronteras del PS; afectó el corazón mismo de la coalición gobernante. La incapacidad para conducir el conflicto y la lógica de la exclusión terminaron por tensionar y quebrar las relaciones con los socios históricos, propiciando rupturas estructurales en el Partido Demócrata Cristiano —con la salida del sector de los «colorines»— y profundas escisiones en el Partido por la Democracia (PPD), simbolizadas en el abandono de liderazgos fundacionales. El corolario histórico de esta forma de administrar el poder fue la pérdida de la elección presidencial de 2010 frente a Sebastián Piñera, devolviendo a la derecha a La Moneda por la vía de las urnas tras medio siglo de ausencia. Aquella derrota significó el fin del proyecto progresista de la Concertación y el colapso de un bloque que, habiendo iniciado su andadura con amplias mayorías absolutas, concluyó sumido en la dispersión orgánica y la esterilidad programática.
Hoy, cuando el mapa de la izquierda chilena se presenta como un archipiélago fragmentado, donde el Partido Socialista exhibe una evidente merma en su arraigo popular, el emplazamiento a la unidad requiere un examen de conciencia que trascienda la mera retórica de la contingencia. Como historiador, entiendo que la unidad auténtica no es un decreto de la dirigencia ni una herramienta para asegurar la supervivencia de aparatos burocráticos aislados de la sociedad; es el resultado de un compromiso ético con la verdad histórica, con la democracia interna y con un proyecto de transformación social de largo plazo.
El llamado que hoy leemos en la prensa, desprovisto de una autocrítica explícita sobre las responsabilidades individuales y colectivas en la demolición de nuestra convivencia pasada, corre el riesgo de ser percibido como un ejercicio estéril de realismo político. Para que la palabra «unidad» recupere su dignidad y su potencia transformadora dentro del socialismo chileno, es imperativo que quienes condujeron al partido hacia su paulatino ocaso asuman el costo histórico de sus decisiones. La reconstrucción del espacio común de la izquierda no puede cimentarse sobre el olvido de las diásporas pasadas, sino sobre el reconocimiento de los errores que las provocaron. Solo así, mirando de frente el espejo de nuestra propia historia, el socialismo podrá volver a ser la casa común de las esperanzas del pueblo de Chile
Edison Ortiz
Fuente: el Regionalista
