Kast y el fin del consenso chileno
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El episodio de Villarrica y la ajustada aprobación de la megarreforma no son hechos aislados. Son señales de un cambio de época: el consenso que sostuvo la transición se agotó y el gobierno de Kast intenta llenar ese vacío con un proyecto de restauración neoliberal.
José Antonio Kast ganó esta semana. Pero también mostró, quizá como nunca antes, la naturaleza del proyecto político que encabeza.
Ganó en el Senado. La llamada megarreforma fue aprobada en general por un solo voto, suficiente para mantener vivo el principal proyecto económico de su gobierno. Dos días después, en Villarrica, un niño se negó a estrecharle la mano. El Presidente decidió responderle, enfrentó luego a su madre y terminó alejándose al grito de «¡Viva la libertad!».
No son hechos equivalentes. Tampoco pertenecen al mismo plano. Uno corresponde a la política legislativa; el otro, a un episodio menor ocurrido en una actividad pública.
Sin embargo, juntos revelan algo mucho más profundo que una votación estrecha o una reacción destemplada.
Muestran una forma de ejercer el poder.
Y también muestran que Chile ha entrado en una etapa política distinta de la que conoció durante las últimas tres décadas.
El error de buena parte del análisis político consiste en seguir interpretando el país como si aún viviéramos dentro del ciclo inaugurado en 1990. Como si Kast fuera simplemente el presidente de derecha que sucede a un gobierno de izquierda dentro de una alternancia relativamente normal.
No es eso lo que está ocurriendo.
Lo que comenzó a agotarse hace varios años no fue un gobierno determinado, sino el consenso político que sostuvo la transición chilena.
Durante más de treinta años existió un acuerdo implícito que ordenó la vida política nacional.
La Concertación aceptó el modelo económico heredado de la dictadura. No lo reemplazó. Lo administró. Pero también entendió que ese modelo necesitaba correcciones para preservar la cohesión social y la estabilidad democrática.
Así fueron apareciendo nuevas políticas públicas, subsidios, regulaciones, programas sociales, ampliaciones graduales de derechos y un Estado que, sin abandonar su carácter subsidiario, asumió responsabilidades que el neoliberalismo original nunca contempló.
La derecha terminó aceptando buena parte de esas transformaciones.
Incluso los gobiernos de Sebastián Piñera gobernaron sobre ese equilibrio.
Por eso resulta un error describir el Chile de las últimas décadas como la simple continuidad del proyecto económico diseñado por la dictadura. Hubo continuidad, sin duda. Pero también hubo adaptaciones. El modelo sobrevivió porque fue corregido. No porque permaneciera intacto.
Ese equilibrio comenzó a romperse mucho antes de que Gabriel Boric llegara a La Moneda.
El estallido social de octubre de 2019 no creó la crisis.
La hizo visible.
Las multitudinarias movilizaciones expresaron el agotamiento de un pacto que había perdido legitimidad para millones de personas. El crecimiento económico ya no compensaba la desigualdad; la movilidad social se había frenado; la política era percibida como distante y las instituciones comenzaban a perder credibilidad aceleradamente.
Chile seguía funcionando.
Pero el consenso que lo sostenía ya no convencía.
El proceso constituyente abrió entonces la posibilidad de construir un nuevo acuerdo político.
Su fracaso en 2022 cerró esa puerta.
No fue solamente el rechazo a un texto constitucional.
Fue el fracaso del intento más ambicioso por reemplazar el consenso nacido en la transición.
Desde entonces el país quedó suspendido entre dos épocas.
El gobierno de Boric terminó administrando esa incertidumbre. Llegó prometiendo transformaciones estructurales, pero gobernó condicionado por un escenario político completamente distinto al que lo había llevado al poder. Más que inaugurar un nuevo ciclo, administró el agotamiento del anterior.
Es en ese vacío donde emerge el proyecto de Kast.
Aquí reside la principal diferencia con los gobiernos de derecha que Chile conoció después de 1990.
Kast no busca administrar el equilibrio construido durante la transición.
Busca modificarlo.
La megarreforma es probablemente la expresión más nítida de ese propósito.
No pretende cambiar el modelo económico.
Pretende cambiar el equilibrio político y social que lo había hecho viable durante tres décadas.
Reducir impuestos a las grandes empresas, disminuir el papel redistributivo del Estado, debilitar regulaciones, consolidar privilegios tributarios y restringir políticas sociales no significa abandonar el capitalismo chileno. Significa desplazarlo hacia una versión más ortodoxa, más cercana a los postulados originales del neoliberalismo.
Es, en ese sentido, una restauración.
No una restauración institucional de la dictadura, como a veces se afirma de manera simplista.
Una restauración doctrinaria.
La idea de que el mercado, liberado de las correcciones incorporadas durante la transición, volverá a producir crecimiento, bienestar y cohesión social.
Esa convicción explica buena parte de las decisiones del actual gobierno.
Y también ayuda a entender episodios aparentemente menores, como el ocurrido en Villarrica.
Porque un Presidente que convierte el rechazo espontáneo de un niño en una discusión pública no solo revela un problema de temperamento.
Expresa una determinada concepción del poder.
Una autoridad que entiende el desacuerdo como una confrontación personal.
Que siente la necesidad de responder incluso donde bastaría con guardar silencio.
Que interpreta la política como una afirmación permanente de autoridad antes que como un ejercicio de representación.
Quizá por eso terminó alejándose al grito de «¡Viva la libertad!», una consigna eficaz en campaña, pero difícil de comprender en una escena donde nadie estaba discutiendo la libertad de nadie.
Las imágenes de esta semana parecen pequeñas.
No lo son.
La aprobación por un voto de la megarreforma y la discusión con un niño en Villarrica hablan del mismo país.
Un país donde el viejo consenso de la transición ya no existe.
Y donde el nuevo todavía está lejos de construirse.
La pregunta decisiva ya no es si Chile volverá al equilibrio político de las últimas tres décadas.
Ese Chile ya terminó.
La verdadera pregunta es cuál será el nuevo consenso que logre reemplazarlo. Y, sobre todo, cuánto conflicto deberá atravesar el país antes de encontrarlo.
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
Felipe Portales says:
¡El consenso básico entre la derecha y la «centro-izquierda» (o más bien derecha centro-izquierdista) continuará en la medida que ambos sigan considerando la post-dictadura neoliberal como «los 30 mejores años de la historia de Chile»! Y ha llegado a tal grado el neoliberalismo práctico y concreto de la «centro-izquierda» que su gobierno pasado llegó a ¡salvar a las Isapres, que estaban virtualmente quebradas, consensuando una ley con la derecha tradicional que les aportó cerca de mil millones de dólares!; ¡consensuó también con aquella una consolidación de las AFP que estaban sumamente afectadas con los retiros!; y ¡le regaló la mitad del litio al yerno de Pinochet hasta 2060! Esto además de acentuar la inserción solitaria y subordinada de Chile a la globalización neoliberal, al adherir al TPP11 y a un tratado con la Unión Europea, lo que en la campaña presidencial previa había prometido rechazar; y no cumplir con un fallo de la Justicia española que le ordena al Estado chileno a cancelarle una indemnización a quienes el CIADI consideró los legítimos dueños de los bienes del diario «Clarín» confiscados por la dictadura; reforzando con esto último el duopolio El Mercurio-Copesa generado también por las políticas solapadas de dichos gobiernos de «eficaz» exterminio de la prensa de centro-izquierda que existía a 1990 y de varios otros medios de dicha orientación que se crearon después. Esto, sólo para indicar las más importantes muestras más recientes de que continúa en su rumbo derechista.