La oposición cambia de estrategia tras el dictamen contra Steinert: impulsa comisión investigadora y abre la puerta a una acusación constitucional
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 11 segundos
El pronunciamiento de la Contraloría que concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert actuó fuera del marco legal reconfiguró el escenario político. Parlamentarios de oposición anunciaron una comisión especial investigadora y no descartan una acusación constitucional. A diferencia del fallido libelo contra Nicolás Grau, esta vez existe un pronunciamiento previo del órgano contralor que acredita una infracción a las atribuciones legales de una ministra de Estado.
La ofensiva de la oposición contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, comenzó a tomar forma este martes con el anuncio de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exsecretaria de Estado se extralimitó en sus funciones al solicitar antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI).
La iniciativa, impulsada por un grupo transversal de parlamentarios de oposición, busca esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del dictamen del órgano fiscalizador. Además, varios legisladores dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional, una herramienta que hasta hace pocos días parecía políticamente improbable.
El anuncio fue realizado por parlamentarios de distintas fuerzas de oposición, encabezados por la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio) y la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista), quienes comparecieron junto al diputado Raúl Leiva (Partido Socialista), impulsor del requerimiento que dio origen al dictamen de la Contraloría, y al diputado Jaime Araya (PPD), integrante de la Comisión de Seguridad. Los legisladores destacaron que la decisión refleja una acción coordinada entre las bancadas opositoras para ejercer las facultades fiscalizadoras de la Cámara y reunir todos los antecedentes antes de resolver si corresponde avanzar hacia una acusación constitucional.
La decisión representa un cambio significativo en el clima político. Hace apenas unas semanas, la acusación constitucional presentada por Republicanos y otros sectores de la derecha contra el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, fue ampliamente rechazada por el Congreso debido a la debilidad de sus fundamentos jurídicos y a la percepción de que respondía más a una estrategia de confrontación política que a una infracción constitucional efectiva.
Un dictamen que cambia el escenario
La diferencia, sostienen parlamentarios y expertos, radica en que el caso Steinert cuenta ahora con un antecedente institucional de gran peso: un dictamen de la Contraloría que concluyó expresamente que la entonces ministra actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley.
El órgano encabezado por la contralora Dorothy Pérez determinó que Steinert, pocos días después de asumir el Ministerio de Seguridad, solicitó a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios policiales que habían trabajado con ella cuando era fiscal regional de Tarapacá en la investigación del denominado «Clan Chen».
Si bien la Contraloría estimó que la solicitud general de información podía enmarcarse dentro de las facultades ministeriales, estableció que requerir antecedentes personales, disciplinarios y penales de esos funcionarios excedía las competencias legales del ministerio y, además, vulneraba el deber de abstención que debía observar la exfiscal respecto de investigaciones en las que había intervenido previamente.
Ese pronunciamiento no atribuye responsabilidades penales, pero sí configura una infracción administrativa y constitucionalmente relevante respecto del ejercicio de la función ministerial.
Comisión investigadora como primer paso
Los parlamentarios anunciaron que la Comisión Especial Investigadora tendrá como objetivo reconstruir la secuencia completa de los hechos, determinar quiénes conocieron o respaldaron las actuaciones de Steinert y establecer eventuales responsabilidades políticas dentro del Gobierno.
El diputado socialista Raúl Leiva, uno de los legisladores que originalmente recurrió a la Contraloría, sostuvo que el dictamen acredita un incumplimiento grave de la ley y adelantó que la oposición evaluará todas las herramientas disponibles «desde el punto de vista penal, administrativo y constitucional».
Otros parlamentarios, entre ellos integrantes de las comisiones de Seguridad, han planteado que la comisión investigadora permitirá reunir mayores antecedentes antes de decidir si corresponde avanzar hacia una acusación constitucional.
¿Una acusación constitucional viable?
El debate jurídico comienza precisamente allí.
A diferencia del caso Grau, donde la acusación fue ampliamente cuestionada por la ausencia de una infracción constitucional claramente acreditada, en el caso Steinert la discusión parte desde un escenario distinto: existe un órgano constitucional autónomo que determinó que la actuación de la exministra «no se ajustó estrictamente» a las atribuciones legales de su cargo y que incumplió el deber de abstención.
Eso no significa automáticamente que prospere un eventual libelo.
La acusación constitucional es un mecanismo de responsabilidad político-jurídica que exige reunir mayorías tanto en la Cámara como en el Senado y demostrar que la autoridad incurrió en alguna de las causales previstas por la Constitución.
Sin embargo, el dictamen de la Contraloría entrega un fundamento objetivo que no existía en otros intentos recientes de destitución de ministros.
El Gobierno intenta cerrar el episodio
Desde La Moneda el mensaje ha sido distinto.
El Ejecutivo ha señalado que valora tanto el trabajo desarrollado por Steinert durante su breve paso por el Ministerio de Seguridad como el pronunciamiento de la Contraloría, afirmando que la actual administración ha reforzado los resguardos para evitar cualquier intervención ministerial en investigaciones penales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que el ministerio mantiene exclusivamente funciones de coordinación estratégica y ha sido especialmente cuidadoso de no involucrarse en labores investigativas que corresponden al Ministerio Público y a las policías.
En paralelo, dirigentes del oficialismo han relativizado la posibilidad de una acusación constitucional, argumentando que la salida de Steinert del gabinete ya produjo las consecuencias políticas del caso y cuestionando el alcance jurídico del dictamen de la Contraloría. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), incluso planteó reparos al precedente que podría abrir el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
