¿Quién perjudicó realmente a Chile? El debate que abrió el Gobierno tras los aranceles de Trump
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Durante varios días la discusión pareció relativamente sencilla.
Estados Unidos impuso un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas. El Gobierno rechazó la medida, anunció gestiones diplomáticas para revertirla y el sector exportador comenzó a calcular sus efectos sobre la competitividad de productos como el salmón, las frutas y los vinos.
Pero la controversia acaba de dar un giro inesperado.
Esta vez el foco ya no está en Washington.
Está en Chile.
Las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien responsabilizó a organizaciones de la sociedad civil por haber contribuido al deterioro de la posición chilena durante la investigación desarrollada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), modificaron completamente el eje del debate.
Por primera vez, el Gobierno dejó de discutir únicamente con la administración de Donald Trump.
Comenzó también a discutir con quienes, desde Chile, participaron en ese procedimiento internacional.
La pregunta que emerge es más amplia que un conflicto comercial.
¿Puede una organización de la sociedad civil transformarse en responsable política de una decisión adoptada por otro Estado?
Una investigación que no comenzó en Chile
Conviene recordar los hechos.
La investigación de la USTR no fue abierta contra Chile exclusivamente.
Washington revisó la legislación de decenas de países para evaluar si contaban con mecanismos suficientes para impedir que bienes producidos mediante trabajo forzoso ingresaran a las cadenas internacionales de suministro.
El proceso incluyó audiencias públicas y recepción de antecedentes provenientes de gobiernos, empresas, sindicatos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Chile fue uno de los países examinados.
No el único.
La decisión final alcanzó a más de sesenta economías.
Ese contexto resulta importante.
Porque la investigación no nació a partir de una denuncia presentada por organizaciones chilenas.
Las organizaciones participaron en un procedimiento que ya había sido abierto por las autoridades estadounidenses.
Lo que hicieron Fundación Libera y Ecoceanos
Dentro de ese proceso comparecieron, entre otros actores, Fundación Libera y Ecoceanos.
Fundación Libera, presidida por la abogada Carolina Rudnick, presentó antecedentes sobre las debilidades que, a su juicio, existen en la legislación chilena para prevenir el trabajo forzoso y propuso avanzar hacia reformas legales compatibles con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.
Ecoceanos expuso antecedentes relacionados con las condiciones laborales en la industria salmonera, la alta accidentabilidad registrada en el sector, la situación de los trabajadores subcontratados y las dificultades de fiscalización en determinadas actividades productivas.
Ambas organizaciones han insistido posteriormente en un punto que resulta relevante.
No solicitaron la aplicación de aranceles contra Chile.
Por el contrario, sostienen que propusieron un proceso de adecuación normativa que evitara precisamente que Estados Unidos recurriera a sanciones comerciales.
La respuesta del Gobierno
El canciller Francisco Pérez Mackenna tiene una lectura distinta.
Según sus declaraciones, la participación de estas organizaciones terminó debilitando la posición negociadora de Chile y entregando argumentos que fueron posteriormente utilizados por Washington.
El planteamiento abre una discusión legítima.
Toda acción desarrollada en el plano internacional puede producir efectos políticos y económicos.
Pero también plantea otra interrogante.
¿Hasta qué punto puede establecerse una relación causal entre los antecedentes aportados por dos organizaciones chilenas y una decisión que forma parte de una política comercial aplicada simultáneamente a decenas de países?
Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado que la decisión respecto de Chile haya sido adoptada exclusivamente por las presentaciones de Fundación Libera o Ecoceanos.
La propia explicación oficial de la USTR sitúa el caso chileno dentro de una revisión mucho más amplia sobre mecanismos para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Una vieja discusión bajo un nuevo escenario
La controversia, sin embargo, trasciende el caso concreto.
Porque Chile ha recurrido durante décadas a mecanismos internacionales para resolver controversias.
Empresas chilenas han litigado ante tribunales arbitrales internacionales.
Organizaciones ambientales han acudido a organismos multilaterales.
Comunidades indígenas han presentado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Trabajadores y sindicatos han recurrido a los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
Forma parte del funcionamiento normal del derecho internacional contemporáneo.
Lo novedoso no es que organizaciones de la sociedad civil participen en instancias internacionales.
Lo novedoso es que esa participación pase a ser presentada como una conducta contraria al interés nacional.
¿Quién define el interés nacional?
Tal vez ahí reside la cuestión de fondo.
En una democracia, el interés nacional rara vez es una categoría única e indiscutible.
Para algunos consiste, ante todo, en proteger la capacidad exportadora del país.
Para otros incluye también garantizar que ese desarrollo económico se construya sobre estándares laborales, ambientales y de derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Ambas preocupaciones pueden entrar en tensión.
Pero esa tensión no desaparece desacreditando a quienes sostienen una posición distinta.
Se resuelve fortaleciendo las instituciones encargadas de verificar los hechos.
Si las denuncias carecen de fundamento, corresponde demostrarlo con evidencia.
Si revelan problemas reales, corresponde corregirlos.
Ese ha sido, precisamente, el camino seguido por las democracias que han logrado combinar competitividad económica con altos estándares laborales.
Más allá de Trump
Es probable que el arancel de 12,5% termine siendo revisado mediante negociaciones diplomáticas.
También es posible que la controversia comercial pierda intensidad cuando cambien las prioridades de Washington.
Lo que permanecerá es otra discusión.
La que pregunta cuál debe ser el lugar de la sociedad civil en una democracia abierta al mundo.
Porque cuando el debate deja de centrarse en las condiciones laborales, las normas o la fiscalización y comienza a concentrarse exclusivamente en quienes hicieron visibles esos problemas, el riesgo consiste en desplazar la atención desde los hechos hacia sus mensajeros.
Y esa es una vieja tentación.
No sólo en Chile.
También en muchas sociedades donde el poder económico y el poder político descubren que resulta más sencillo discutir quién habló que responder, con evidencia, a aquello que fue dicho.
Félix Montano
