Ni los aliados quedan fuera: Trump aplica los nuevos aranceles y Chile descubre los límites de su acercamiento a Washington
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Durante meses, el gobierno chileno apostó por profundizar la relación política con la administración de Donald Trump. Firmó acuerdos estratégicos en materias tecnológicas, respaldó iniciativas impulsadas desde Washington y buscó presentarse como uno de los socios más confiables de Estados Unidos en América del Sur.
La decisión de la Casa Blanca de aplicar a las exportaciones chilenas una sobretasa arancelaria de 12,5%, el nivel más alto contemplado dentro de su nuevo esquema comercial, revela sin embargo una realidad distinta: en la política exterior de Trump, la condición de aliado no garantiza protección cuando entran en juego los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos.
La noticia no consiste únicamente en un aumento de aranceles. Lo verdaderamente significativo es que Washington decidió imponer la tasa más elevada precisamente a un país con el que mantiene un Tratado de Libre Comercio vigente desde hace más de dos décadas, una estrecha cooperación política y una creciente convergencia estratégica en materias como minerales críticos, inteligencia artificial y cadenas de suministro.
El mensaje resulta difícil de ignorar: en la nueva doctrina comercial estadounidense, los tratados y las afinidades diplomáticas pesan menos que la lógica de la negociación permanente.
El castigo más alto
La decisión de Washington sorprendió tanto por su contenido como por su alcance. Chile quedó afectado con una sobretasa arancelaria de 12,5%, el nivel más alto aplicado dentro del nuevo paquete de medidas comerciales anunciado por la administración Trump.
La resolución se originó en una investigación iniciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que evaluó si distintos países cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Tras ese proceso, Washington concluyó que la legislación chilena presenta deficiencias respecto de los estándares exigidos por la normativa estadounidense y decidió aplicar la sobretasa.
La medida no sostiene que las exportaciones chilenas sean producto de trabajo forzoso. Lo que cuestiona es el marco regulatorio y los instrumentos de fiscalización que, a juicio de Estados Unidos, deberían impedir que bienes elaborados bajo esas condiciones ingresen a las cadenas de comercio internacional.
La respuesta del Gobierno
La reacción de La Moneda fue inmediata.
A través de una declaración pública, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) manifestó su «profundo desacuerdo» con la decisión estadounidense y afirmó que esta «no se condice con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos» entregados por Chile durante la investigación.
El Gobierno recordó que el país es parte de los principales convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cuenta con legislación destinada a prevenir y sancionar el trabajo forzoso y que colaboró activamente durante todo el proceso desarrollado por las autoridades estadounidenses.
La Cancillería anunció además que continuará las gestiones diplomáticas con Washington para revisar la decisión y buscar mecanismos que permitan excluir a los productos chilenos afectados.
Más que un arancel
Aunque el impacto económico todavía deberá medirse con precisión, el efecto político ya resulta evidente.
El cobre —principal exportación chilena hacia Estados Unidos— quedó fuera de esta decisión por estar sujeto a otra investigación comercial específica. Sin embargo, diversos productos agroindustriales, alimentos, vinos, frutas y salmones podrían enfrentar mayores dificultades para competir en el mercado estadounidense.
Pero el significado de la medida trasciende los sectores exportadores.
Durante los últimos meses, el gobierno de José Antonio Kast había presentado el fortalecimiento de la relación con Washington como uno de los ejes de su política exterior. La reunión del canciller Francisco Pérez Mackenna con el secretario de Estado Marco Rubio, la adhesión de Chile a la Pax Silica Declaration y la cooperación en materias de inteligencia artificial, minerales críticos y seguridad de las cadenas de suministro parecían confirmar una etapa de mayor cercanía entre ambos países.
La decisión de aplicar igualmente el arancel muestra que ambas agendas no necesariamente avanzan de la mano.
El nuevo proteccionismo estadounidense
Lo ocurrido con Chile forma parte de un cambio mucho más profundo en la política económica de Estados Unidos.
Durante décadas, Washington promovió la apertura comercial y los tratados de libre comercio como instrumentos para consolidar su liderazgo internacional. La administración Trump ha invertido esa lógica.
Hoy el comercio aparece subordinado a objetivos industriales, estratégicos y geopolíticos. Los aranceles dejaron de ser una medida excepcional para transformarse en una herramienta permanente de presión sobre gobiernos extranjeros.
En esa lógica, los acuerdos comerciales ya no constituyen garantías absolutas.
La prioridad pasa a ser la defensa de la industria estadounidense, aun cuando ello implique tensionar relaciones con países considerados aliados.
Una señal para Chile
La decisión obliga también a revisar algunos supuestos de la política exterior chilena.
Durante más de tres décadas, Chile construyó su inserción internacional sobre la base de tratados comerciales, estabilidad institucional y reglas relativamente permanentes. Ese modelo permitió expandir las exportaciones y consolidar una amplia red de acuerdos económicos.
La política comercial impulsada por Donald Trump introduce un escenario diferente.
Las decisiones dejan de depender exclusivamente de compromisos multilaterales o tratados vigentes y pasan a responder, cada vez más, a prioridades estratégicas definidas unilateralmente por Washington.
Para Chile, el episodio constituye una advertencia.
La cercanía política no necesariamente se traduce en ventajas económicas cuando la principal potencia mundial redefine las reglas del comercio internacional desde una lógica de competencia industrial y seguridad nacional.
Más que el 12,5% de arancel, lo que queda instalado es una pregunta de mayor alcance: ¿hasta qué punto el nuevo orden económico impulsado por Estados Unidos está dejando atrás el sistema de reglas sobre el cual Chile construyó su estrategia de desarrollo durante las últimas décadas?
Félix Montano
