Por qué Kast convirtió la absolución de Claudio Crespo en una victoria política
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La celebración del Presidente José Antonio Kast por la absolución del excarabinero Claudio Crespo revela que el caso dejó de ser únicamente un asunto judicial para convertirse en un símbolo de la disputa política sobre el legado del estallido social. El fallo reabre el debate sobre seguridad, derechos humanos, el respaldo a las policías y el cambio de paradigma que comenzó con la Ley Nain-Retamal y que hoy el oficialismo reivindica como una victoria política.
La absolución definitiva del excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica cerró uno de los procesos judiciales más emblemáticos derivados del estallido social. Pero la rapidez con que el Presidente José Antonio Kast celebró públicamente la sentencia dejó en evidencia que, para el Gobierno, el fallo representa mucho más que una resolución de los tribunales.
La reacción de Kast, reforzada horas más tarde por las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, revela que el oficialismo interpreta esta decisión como la confirmación de un cambio político e ideológico que comenzó hace varios años y que hoy considera consolidado. No celebra únicamente la absolución de un excarabinero. Celebra la victoria de un relato sobre el estallido social, el papel de Carabineros y el lugar que debe ocupar la seguridad en la democracia chilena.
Durante los años posteriores al 18 de octubre de 2019, Claudio Crespo fue identificado como uno de los rostros más visibles de las investigaciones por el uso de la fuerza policial. En el extremo opuesto, Gustavo Gatica se transformó en uno de los símbolos más poderosos de las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las manifestaciones, luego de perder la visión de ambos ojos tras recibir impactos de balines disparados por Carabineros.
Seis años después, la derecha intenta resignificar esa historia.
Para el oficialismo, Crespo dejó de ser únicamente un excarabinero sometido a proceso. Se convirtió en el símbolo de los policías que —según esa interpretación— fueron abandonados por el Estado y perseguidos judicialmente por cumplir su deber en medio de una crisis de orden público sin precedentes. Esa carga simbólica explica por qué Kast no se limitó a expresar respeto por la independencia de los tribunales. Optó por celebrar el fallo y presentarlo como una reivindicación.
Las palabras del ministro Martín Arrau profundizaron esa lectura. Al afirmar que Crespo vivió un «calvario de persecución» y calificar la sentencia como «tranquilizadora», el Gobierno dejó de actuar como un observador institucional para convertirse en protagonista de la disputa por el significado político de la resolución judicial.
Un cambio que comenzó antes del gobierno de Kast
La victoria política que hoy reivindica el oficialismo no comenzó con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.
Su origen puede encontrarse en el profundo cambio que experimentó el debate público chileno durante los últimos años. Después del estallido social, la agenda estuvo dominada por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y por la discusión sobre los límites del uso de la fuerza policial. Sin embargo, el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y la creciente demanda ciudadana por seguridad fueron desplazando progresivamente ese eje hacia el fortalecimiento de las policías y el restablecimiento del orden público.
Uno de los hitos más significativos de ese giro fue la aprobación de la Ley Nain-Retamal durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Más allá del papel específico que esa legislación haya tenido en este caso judicial, su aprobación representó un cambio político de gran magnitud. Un gobierno de izquierda terminó respaldando una reforma destinada a ampliar la protección jurídica de Carabineros en el ejercicio de sus funciones. Para la derecha, aquello constituyó una victoria política mucho antes de que Kast llegara al poder.
La sentencia que hoy favorece a Claudio Crespo se inscribe en ese nuevo contexto político e institucional. El Gobierno interpreta el fallo como una confirmación de que Chile modificó su manera de entender la relación entre seguridad pública, actuación policial y responsabilidad penal.
La paradoja del progresismo
Ese cambio también deja al progresismo frente a una contradicción difícil de resolver.
Hoy numerosos sectores cuestionan la absolución y advierten sobre los riesgos de impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el nuevo marco político y jurídico en materia de seguridad comenzó a configurarse durante el propio gobierno de Gabriel Boric, presionado por una ciudadanía cuya principal preocupación dejó de ser el estallido social para concentrarse en la delincuencia y el crimen organizado.
No puede afirmarse que la Ley Nain-Retamal determine por sí sola el resultado del caso Crespo. Pero sí es evidente que el país modificó el contexto desde el cual hoy se juzgan las actuaciones policiales.
La batalla por la memoria
Por eso el verdadero debate ya no gira exclusivamente en torno a la responsabilidad penal de Claudio Crespo.
Lo que está en disputa es la memoria política del estallido social.
Durante años, Gustavo Gatica simbolizó para amplios sectores de la sociedad las consecuencias del uso excesivo de la fuerza estatal. Hoy, la derecha intenta instalar un símbolo diferente: Claudio Crespo como representación de los policías que enfrentaron la violencia, soportaron largos procesos judiciales y terminaron siendo absueltos.
No se trata simplemente de dos personas.
Se trata de dos interpretaciones profundamente distintas sobre un mismo episodio histórico.
Organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado la celebración del fallo por parte del Ejecutivo, advirtiendo que la resolución vuelve a instalar el debate sobre la rendición de cuentas cuando agentes del Estado provocan daños irreparables a civiles. Para estas organizaciones, la discusión no concluye con la absolución, porque permanece abierta la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Precisamente ahí radica la importancia política del caso.
Un mensaje hacia el futuro
La celebración del Presidente Kast tampoco parece estar dirigida únicamente a su electorado.
Constituye además una señal institucional hacia Carabineros y las Fuerzas Armadas: bajo este gobierno, quienes intervengan en tareas de seguridad pública contarán con respaldo político frente a las consecuencias judiciales derivadas del ejercicio de sus funciones, siempre dentro del marco legal.
Ese mensaje forma parte del núcleo del proyecto político del actual oficialismo. La seguridad no es solo una política pública; es uno de los pilares de la identidad del gobierno.
Por eso la sentencia fue convertida casi de inmediato en una victoria política.
No porque resolviera únicamente la situación judicial de un excarabinero, sino porque el Ejecutivo la interpreta como la confirmación de un cambio más profundo: el desplazamiento del consenso político desde el paradigma que dominó los años posteriores al estallido social hacia otro donde el orden público y el respaldo a las policías ocupan un lugar central.
La celebración del fallo Crespo tampoco constituye un episodio aislado. Se suma a otras iniciativas impulsadas por el oficialismo —desde proyectos vinculados a la agenda valórica hasta propuestas para revisar instituciones creadas tras la transición— que buscan redefinir algunos de los consensos construidos durante las últimas décadas.
Por eso la controversia trasciende ampliamente el destino judicial de Claudio Crespo. Lo que permanece en disputa es la memoria del estallido social y el marco político desde el cual Chile decidirá interpretar uno de los episodios más decisivos de su historia reciente.
Simón del Valle
