La segunda etapa de Kast: las huellas del programa de 2021 en el gobierno de 2026
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La cadena nacional de José Antonio Kast posterior a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional puede haber tenido un significado bastante más profundo que el anuncio de una nueva agenda de seguridad. El propio Presidente proporcionó una pista cuando comparó los cuatro meses empleados en aprobar su reforma económica con el plazo que ahora pretende imponer al Congreso para despachar, antes de Navidad, más de treinta iniciativas contra el crimen organizado y el «terrorismo». Primero la economía. Ahora la seguridad.
La secuencia permite preguntarse si el Gobierno está simplemente cambiando sus prioridades o si comienza una segunda etapa de su proyecto político.
Para responder esa pregunta hay un documento que adquiere inesperada actualidad: el programa con que Kast compitió por la Presidencia en 2021.
Su lectura, cinco años después, resulta reveladora. Varias ideas que fueron atenuadas, reformuladas o desplazadas del centro de la campaña que finalmente llevó a Kast a La Moneda en 2025 reaparecen ahora en decisiones, anuncios y debates promovidos desde el Gobierno y los partidos oficialistas.
No significa que Kast esté ejecutando literalmente aquel programa. Hay propuestas que fueron abandonadas y otras que hoy aparecen bajo formas considerablemente más moderadas. Pero la continuidad del diagnóstico político e ideológico es difícil de ignorar.
El programa que no era solamente económico
El documento de 2021 tenía una característica que lo diferencia de la campaña que Kast desarrolló cuatro años después: explicitaba sin demasiados rodeos su fundamento ideológico.
Su introducción hablaba del surgimiento de una “Nueva Derecha” destinada a recuperar la “batalla cultural, ideológica y programática”. El texto criticaba a la derecha tradicional porque, después de la caída de la Unión Soviética, habría cometido el error de creer que la historia podía reducirse a “pura administración económica”.
Era precisamente aquello lo que el nuevo proyecto conservador pretendía corregir.
El programa establecía tres campos de batalla: “Libertad, Estado de Derecho y Familia”. La libertad aparecía vinculada a limitar la acción del Estado y al principio de subsidiariedad; el Estado de Derecho, al orden y la seguridad; y la familia, a valores considerados trascendentes.
La economía era una parte central del proyecto, pero no era todo el proyecto.
Esta distinción es importante para comprender lo que puede estar ocurriendo ahora.
La moderación que permitió llegar a La Moneda
Entre aquel Kast de 2021 y el candidato de 2025 hubo una transformación política evidente.
La tercera candidatura presidencial concentró mucho más su mensaje en preocupaciones capaces de construir una mayoría electoral: delincuencia, inmigración, empleo, crecimiento y eficiencia del Estado. Buena parte de las propuestas culturales e institucionales más polémicas de 2021 dejó de ocupar el centro de la campaña.
Pero eso no necesariamente significaba que las convicciones anteriores hubieran desaparecido.
Un antecedente particularmente interesante ocurrió ya en la segunda vuelta de 2021. Ante la controversia generada por su primer programa, Kast presentó una versión modificada. La propuesta de clausurar el INDH se transformó entonces en una reforma profunda del organismo. El propio candidato explicó que había materias que habían sido mal redactadas o que no había sabido explicar adecuadamente, mientras insistía en que no había perdido “el norte” de construir un Estado más pequeño y con menor carga tributaria.
La moderación, por tanto, tiene antecedentes.
Y eso permite formular la pregunta que adquiere relevancia en 2026: ¿la moderación electoral modificó el proyecto político o modificó principalmente sus tiempos y prioridades?
El INDH, una continuidad difícil de ignorar
El caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos permite observar esa tensión con especial claridad.
El programa original de 2021 proponía directamente la “clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos” y su sustitución por una nueva institución. En el mismo apartado planteaba derogar la ley de exonerados políticos y limitar beneficios otorgados a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
La posición aparecía nuevamente casi al final de sus más de 800 propuestas. Allí se planteaba reformar legalmente al INDH “mientras siga vigente” y se acusaba al organismo de haber tomado partido por “los violentistas” frente a Carabineros.
Cinco años después, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha vuelto sobre el mismo diagnóstico.
El Gobierno no está proponiendo —al menos por ahora— clausurar el Instituto. Pero Rabat afirmó el 2 de agosto que el INDH tiene “absolutamente un tinte de izquierda” que debe ser corregido y defendió cambios tanto en su composición como en algunas de sus atribuciones.
La diferencia entre ambas propuestas es sustancial. La de 2026 es menos radical.
Pero el diagnóstico político es extraordinariamente parecido: el problema del INDH no sería únicamente su funcionamiento, sino su orientación ideológica.
Por eso la reforma anunciada no puede analizarse únicamente como una modernización institucional. Existe un antecedente programático directo que permite situarla dentro de una concepción mucho más antigua del actual Presidente.
De la economía al Estado coercitivo
La aprobación de la megarreforma permite observar otra continuidad.
El programa de 2021 proponía reducir impuestos, gasto y regulaciones, disminuir el tamaño del aparato estatal y reforzar la subsidiariedad. El Gobierno acaba de conseguir una parte importante de esa transformación mediante la Ley de Reconstrucción Nacional.
Pero el mismo programa que proponía reducir al Estado en la economía pretendía simultáneamente fortalecerlo en otro terreno: seguridad, fronteras, inteligencia, cárceles y orden público.
Las medidas eran particularmente detalladas.
Se proponía revisar completamente los protocolos de Carabineros, autorizar escopetas antidisturbios, crear zonas de exclusión para protestas, cerrar sectores urbanos durante manifestaciones y desplegar equipos especiales de fiscales en lugares como Plaza Baquedano y Plaza Aníbal Pinto.
En materia de inteligencia se planteaba crear un Consejo Superior y reestructurar la ANI incorporando especialistas provenientes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.
En inmigración aparecían propuestas que hoy resultan familiares: recintos transitorios para preparar expulsiones, zanjas en la frontera, torres de vigilancia, drones, visión nocturna, campamentos militares y una unidad especializada de la PDI inspirada explícitamente en el modelo del ICE estadounidense.
Muchas de aquellas ideas han cambiado en su formulación jurídica. Pero la nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo vuelve sobre varios de esos instrumentos: control territorial, endurecimiento penal, fronteras, cárceles, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado.
Aquí aparece una de las características centrales del proyecto: un Estado que se retira parcialmente de la economía mientras incrementa su presencia en seguridad y control.
Una política exterior que tampoco debía ser neutral
La continuidad puede extenderse más allá de las fronteras nacionales.
El programa de 2021 dedicaba un capítulo completo a la “Supremacía Soberana”. Allí sostenía que las leyes chilenas debían prevalecer frente a los tratados internacionales y advertía contra organismos supranacionales que, según sus autores, intervenían crecientemente en los asuntos internos de Chile.
La frase central era explícita:
“La política exterior de Chile no es neutra”.
El programa proponía reforzar los vínculos estratégicos con Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, denunciar el Pacto de Bogotá, romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela y retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También denunciaba la influencia internacional sobre materias como derechos humanos, inmigración, política laboral y pueblos indígenas, describiéndolas como posibles agendas de movimientos transnacionales ideologizados.
Este antecedente obliga a observar con mayor atención los cambios que está introduciendo el Gobierno en política exterior. No porque cada decisión actual estuviera escrita literalmente en 2021, sino porque algunas pueden responder a una concepción internacional que sí estaba claramente formulada: soberanía frente al multilateralismo, selección ideológica de aliados y una relación preferente con Estados Unidos y las democracias occidentales.
La batalla cultural que quedó en segundo plano
Esta puede ser la dimensión más importante.
Durante sus primeros meses el Gobierno concentró prácticamente toda su energía política en la megarreforma. Pero simultáneamente comenzaron a emerger desde Republicanos y el Partido Nacional Libertario iniciativas que parecían inicialmente dispersas: “Escucha su corazón”, los indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, cuestionamientos al INDH y otras propuestas de contenido institucional y valórico.
Observadas aisladamente pueden parecer iniciativas parlamentarias particulares.
Leídas junto al programa de 2021 adquieren otro significado posible.
Porque aquel documento decía expresamente que el error de la derecha tradicional había consistido en abandonar “el mundo de las creencias, ideas y cultura” y dejar ese terreno a sus adversarios. La “Nueva Derecha” debía recuperar precisamente esa disputa.
La megarreforma, desde esa perspectiva, nunca habría constituido el proyecto completo.
Era su dimensión económica.
Una sociedad que también cambió
Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre 2021 y 2026: Chile cambió.
El programa de hace cinco años fue considerado demasiado radical incluso por sectores de la derecha y Kast debió moderarlo durante la segunda vuelta. Hoy varias de las materias que entonces parecían situadas en los márgenes del debate —control migratorio, ampliación de atribuciones policiales, endurecimiento penitenciario— encuentran una recepción social diferente.
Ese cambio es probablemente una de las claves de la estrategia actual.
El Gobierno no necesita imponer una transformación conservadora contra todas las demandas ciudadanas. Puede apoyarse en una preocupación real por la delincuencia y el crimen organizado para construir legitimidad alrededor de una agenda de orden mucho más amplia.
La cuestión es hasta dónde pretende llevarla.
Porque seguridad pública y transformación institucional no son necesariamente lo mismo.
El desafío para una oposición que todavía responde por partes
Aquí aparece también un problema para la oposición.
Si responde separadamente a cada iniciativa —INDH, inmigración, indultos, seguridad, política exterior, derechos reproductivos— puede terminar discutiendo las ramas sin observar el árbol.
El programa de 2021 muestra que, al menos en la concepción original de Kast, esas dimensiones no estaban desconectadas. Formaban parte de un proyecto que buscaba combinar liberalismo económico, fortalecimiento del orden, conservadurismo cultural y una concepción soberanista del Estado.
Eso no demuestra que todo aquel programa esté regresando.
Pero obliga a preguntarlo.
La oposición deberá decidir si enfrenta cada iniciativa exclusivamente por sus méritos legislativos o si comienza a discutir el modelo de sociedad y de Estado que eventualmente las articula.
Kast quizá no cambió; cambió el momento
La campaña de 2025 demostró que José Antonio Kast había aprendido una de las lecciones de sus derrotas anteriores: para llegar a La Moneda necesitaba ampliar su mayoría electoral y disminuir el protagonismo de algunas de sus posiciones más ideológicas.
Lo consiguió.
La pregunta que comienza a abrirse ahora es si aquella moderación electoral transformó también el proyecto político o simplemente alteró su calendario.
La aprobación de la megarreforma puede haber despejado precisamente ese calendario. Una vez encaminada la transformación económica, aparecen la seguridad como principio ordenador, la reforma del INDH, nuevas señales en política exterior y una agenda cultural impulsada desde los partidos oficialistas.
No estamos todavía ante la ejecución del programa de 2021. Varias de sus propuestas más radicales no han sido retomadas y otras han sido considerablemente moderadas.
Pero algo está cambiando.
Cuando se observan juntas las decisiones de estas semanas y se vuelve a leer aquel programa, el Gobierno que comienza su segunda etapa se parece bastante más al Kast de 2021 que al candidato moderado que necesitó construir una mayoría en 2025.
Quizá no estemos viendo un cambio de rumbo.
Quizá estemos viendo, simplemente, el comienzo de la siguiente etapa del viaje.
Simón del Valle
