Historiadoras feministas cuestionan concurso Fondecyt 2027 y advierten retroceso para las mujeres en la investigación
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La Red de Historiadoras Feministas rechazó la decisión de concentrar el 70% del financiamiento del concurso Fondecyt Postdoctoral 2027 en áreas consideradas prioritarias, mayoritariamente vinculadas a disciplinas STEM. La organización sostiene que la medida margina a las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, contradice los principios establecidos en la legislación que creó el Ministerio de Ciencia y podría profundizar las brechas de género existentes en el sistema académico chileno.
La Red de Historiadoras Feministas manifestó su “desánimo y preocupación” ante las nuevas condiciones establecidas para el concurso Fondecyt Postdoctoral 2027, cuestionando especialmente la definición de áreas prioritarias que concentrarán el 70% del financiamiento disponible.
A través de un manifiesto fechado el 7 de agosto, la organización advirtió que las prioridades fijadas se encuentran mayoritariamente vinculadas a las áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, dejando al resto de las disciplinas en una posición considerablemente más restringida para acceder a recursos públicos.
Para la Red, la decisión representa en los hechos una política de exclusión de las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (HACS) de los ámbitos considerados estratégicos para la producción de conocimiento en Chile.
La declaración se suma a las críticas formuladas por distintos sectores académicos frente a la convocatoria y añade una dimensión específica al debate: sus posibles consecuencias sobre las desigualdades de género existentes en la investigación científica.
Una decisión que cuestionan también desde la legislación
Uno de los principales argumentos del manifiesto apunta a una eventual contradicción entre las nuevas prioridades del concurso y los principios establecidos en la Ley 21.105, que creó en 2018 el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
La Red recuerda que la legislación establece entre los ámbitos de acción del Estado el cultivo de “las ciencias, las artes y las humanidades” y encomienda al Ministerio velar por políticas de investigación que abarquen “todas las áreas del conocimiento”.
Asimismo, cita el artículo 4 de la ley, que incluye expresamente entre los campos que deben ser fomentados las ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales, artes y humanidades.
La norma establece además que el Ministerio debe procurar un “adecuado balance” entre la investigación motivada por la curiosidad y aquella orientada hacia los objetivos de desarrollo del país y sus regiones.
Desde esta perspectiva, las historiadoras sostienen que destinar el 70% de los recursos a determinadas áreas rompe ese equilibrio y reduce el pluralismo que debería caracterizar a la investigación financiada con fondos públicos.
El cuestionamiento se extiende al procedimiento mediante el cual se habrían establecido las prioridades. Según la organización, la decisión fue adoptada sin una consulta previa suficiente a universidades, instituciones científicas, asociaciones de investigadores y otros integrantes del sistema de ciencia y conocimiento.
El manifiesto recuerda que la propia Ley 21.105 contempla mecanismos de diálogo y coordinación entre las autoridades y la comunidad científica para definir los desafíos estratégicos del país.
El impacto sobre las investigadoras
La Red de Historiadoras Feministas pone especial énfasis en una consecuencia que, a su juicio, no puede separarse de la distribución de los recursos: la desigual presencia de hombres y mujeres entre las diferentes disciplinas.
Las investigadoras recuerdan que durante los últimos años el propio Ministerio de Ciencia ha impulsado políticas destinadas a reducir las brechas de género existentes en la academia y la investigación.
Entre ellas mencionan la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su plan de acción “50/50 para el 2030”, destinado a avanzar hacia la paridad de género en el sistema científico.
También destacan iniciativas como el modelo de diagnóstico Huella de Género y los proyectos INES de Género, implementados en instituciones de educación superior para identificar y disminuir las barreras que enfrentan las mujeres en investigación, desarrollo e innovación.
Según la organización, los diagnósticos elaborados en este contexto han mostrado una persistente división de género dentro del trabajo académico: las mujeres tienen una presencia proporcionalmente mayor en las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y una participación menor en numerosas disciplinas STEM.
Es precisamente por esta distribución que, argumentan, la nueva estructura de financiamiento no tendría efectos neutrales.
Si las áreas donde existe una mayor presencia femenina deben competir por una fracción considerablemente menor de los recursos, la política podría terminar reproduciendo las desigualdades que otras iniciativas estatales han intentado disminuir.
“Una política de gobierno que relegue a las HACS a un espacio marginal, donde solo se podrá acceder a un 30% del financiamiento, profundiza y reproduce las mismas barreras y brechas que el Estado a través de políticas públicas ha tratado de reducir en los últimos años”, señala el manifiesto.
La organización recuerda además que la ley que creó el Ministerio de Ciencia establece entre sus funciones promover la perspectiva de género y “la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la ciencia, tecnología e innovación”.
“Violencia epistémica”
El pronunciamiento utiliza un concepto particularmente crítico para describir las consecuencias de la decisión: “violencia epistémica”.
Según las historiadoras, existe una larga tradición cultural que ha asociado determinadas formas de conocimiento —especialmente las ciencias sociales, las humanidades y las artes— con atributos considerados femeninos y, simultáneamente, les ha asignado un menor reconocimiento social y económico.
La consecuencia sería la existencia de verdaderas “paredes de cristal” que dificultan el desarrollo de las carreras científicas de mujeres y niñas.
“Esto no puede ser entendido más que como un retroceso y una nueva barrera en materia de equidad de género en el acceso al financiamiento de la ciencia”, sostiene la declaración.
El mensaje que reciben las investigadoras, agrega la Red, es que continúan siendo consideradas “ciudadanas e intelectuales de segunda clase”.
Llamado a impugnar la medida
La Red de Historiadoras Feministas llamó finalmente a las autoridades, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse e impugnar las nuevas condiciones establecidas para el concurso Fondecyt Postdoctoral 2027.
El emplazamiento alcanza directamente al Gobierno. Las historiadoras solicitaron un pronunciamiento de la ministra de la Mujer y Equidad de Género sobre los efectos que la distribución de los recursos podría generar para las investigadoras.
El debate abierto por el concurso excede así la distribución administrativa de fondos científicos. Lo que está en discusión es también qué disciplinas considera prioritarias el Estado, qué conocimiento entiende como estratégico para el desarrollo del país y cuáles pueden quedar relegadas cuando los recursos públicos se concentran en determinados campos.
Para la Red, separar el desarrollo científico de las humanidades y las ciencias sociales implica además reducir la capacidad de una sociedad para comprender sus propios conflictos y transformaciones.
“En estos tiempos, donde se cuestiona a la humanidad, una visión humanista de las ciencias y la investigación es indispensable para el desarrollo de sociedades más igualitarias y democráticas”, concluye el manifiesto.
