Pescadores de Atacama cortan la Ruta 5 tras 16 meses esperando ayuda de $500 mil comprometida por el Estado
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Cerca de un centenar de pescadores artesanales interrumpió el tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de Caldera, para exigir la entrega de un beneficio aprobado para enfrentar la escasez de recursos pesqueros que afecta a la región desde 2023. Más de 2.500 trabajadores llevan un año y cuatro meses esperando. Los dirigentes advirtieron que, si este jueves no reciben una respuesta definitiva, las movilizaciones continuarán.
La paciencia de los pescadores artesanales de Atacama llegó este lunes a la Ruta 5 Norte. Cerca de un centenar de trabajadores del mar interrumpió el tránsito en ambos sentidos a la altura de Caldera para exigir una respuesta que, aseguran, llevan esperando durante un año y cuatro meses: la entrega de una gift card de $500.000 comprometida para paliar los efectos de la prolongada escasez de pesca en la región.
La manifestación se desarrolló durante la mañana del lunes 10 de agosto y concluyó sin incidentes luego de la llegada de Carabineros y de la alcaldesa de Caldera, Brunilda González Anjel, quien se reunió en el lugar con los dirigentes.
Como resultado de la movilización se acordó una nueva reunión para este jueves 13 de agosto en el municipio de Caldera, con representantes del Gobierno Regional de Atacama. Según las organizaciones de pescadores, está confirmada la asistencia de la senadora Daniella Cicardini y se espera también la participación de otros parlamentarios y de la delegada presidencial Sofía Cid.
Esta vez, sin embargo, los pescadores aseguran que no esperan un nuevo anuncio, sino una fecha concreta para recibir el beneficio.
Una crisis que se prolonga desde 2023
La movilización tiene como trasfondo una situación económica que golpea desde hace años a numerosas familias de la costa de Atacama. La disminución de los recursos pesqueros ha reducido los ingresos de quienes dependen directamente de la actividad artesanal.
Fue precisamente para enfrentar esa situación que se comprometió una ayuda directa de $500.000 por pescador, aprobada por el Consejo Regional. Sin embargo, según denuncian las organizaciones, han transcurrido 16 meses sin que los recursos lleguen a sus destinatarios.
Enzo Checura, dirigente de Atacama e integrante de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, explicó que la protesta fue consecuencia directa de esa demora.
“La toma de carretera fue por la demora de un año de la gift card de 500 mil pesos, para en algo solventar la escasez de pesca en la región de Atacama. Fue una toma de carretera sin mayor desorden; llegó Carabineros y la alcaldesa a escuchar nuestra demanda y a ver la solución a la brevedad. De no ser así, las movilizaciones se van a poner más duras”, señaló.
Checura agregó que, según la información que han recibido, el actual Gobierno no habría dado la celeridad necesaria al proceso.
Los dirigentes estiman que son más de 2.500 los pescadores artesanales afectados en Atacama y esperan que la reunión del jueves termine definitivamente con la sucesión de reuniones, anuncios y trámites.
“El jueves hay una reunión en el municipio a escuchar de nuevo al gobierno regional. Esperamos que nos den una respuesta definitiva a los más de 2.500 pescadores artesanales de la región de Atacama”, sostuvo Checura.
El dirigente planteó además una segunda demanda, esta vez dirigida a la Subsecretaría de Pesca: que Atacama sea declarada zona de emergencia hidrobiológica debido a la escasez de recursos.
“Le pedimos al subsecretario Osvaldo Urrutia que declare a la región de Atacama zona de emergencia hidrobiológica”, afirmó.
“Nadie corta una carretera por gusto”
La protesta recibió el respaldo de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, organización que sostiene que lo ocurrido en Caldera trasciende el retraso de un beneficio específico y revela un problema más profundo: la falta de mecanismos de protección social capaces de activarse rápidamente cuando una crisis ambiental o productiva deja a los pescadores sin ingresos.
Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza, cuestionó duramente el tiempo transcurrido.
“Un año y cuatro meses esperando 500 mil pesos. Ese es el trato que este gobierno le da a quienes viven del mar”, afirmó.
Cortés contrapuso la demora en las ayudas destinadas a los trabajadores artesanales con la capacidad del Estado para resolver decisiones relacionadas con las grandes empresas del sector.
“A los más ricos del sector se les resuelve todo en semanas: sus cuotas, sus permisos, sus prórrogas. A los pescadores de Atacama se les hace esperar hasta que tengan que cortar una carretera y quemar un neumático para ser escuchados. Ahí está retratado quién tiene prioridad en este país”, sostuvo.
Para la organización, el problema no se limita a Atacama. La crisis revela, a su juicio, la ausencia de una verdadera plataforma social para la pesca artesanal, capaz de proteger los ingresos de las familias cuando fenómenos ambientales, biológicos o productivos reducen drásticamente las capturas.
La Alianza sostiene además que los $500.000 comprometidos por pescador representan una cantidad reducida si se compara con el valor económico de los recursos pesqueros entregados mediante cuotas al sector industrial.
El jueves será decisivo
La reunión programada para este jueves aparece así como un punto de inflexión. Después de 16 meses, los dirigentes afirman que ya no consideran suficiente una nueva promesa administrativa.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal exige que el Gobierno Regional de Atacama establezca una fecha cierta y un mecanismo verificable para entregar los recursos, informe públicamente en qué etapa administrativa se encuentra el beneficio y explique las causas que han impedido concretarlo.
También solicita que las organizaciones de pescadores participen directamente en el seguimiento del proceso.
Pero la demanda va más allá del conflicto inmediato. Los dirigentes plantean que los beneficios estatales comprometidos al sector artesanal deberían contar con plazos de cumplimiento legalmente exigibles, para evitar que su materialización dependa finalmente de la presión ejercida en las calles.
“Nadie corta una carretera por gusto: se corta cuando ya no queda otra forma de ser escuchado”, sostuvo Cortés.
Y advirtió que la reunión del jueves puede definir el curso de las próximas jornadas: “Si el Gobierno Regional vuelve con los mismos anuncios, la respuesta ya fue anunciada y habrá más movilizaciones”.
El conflicto de Caldera deja así planteada una pregunta que excede los $500.000 pendientes: qué protección tienen miles de familias que viven de la pesca artesanal cuando el mar deja de proporcionarles los recursos necesarios para subsistir y la respuesta estatal tarda más de un año en llegar.
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