Kast promueve ahora un cambio constitucional autoritario
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El gobierno de Kast tuvo un mal inicio en materia de seguridad, su principal tema de campaña, sin plan ni iniciativas. Se ha limitado a construir zanjas en el norte en materia de inmigración, su otro gran tema de campaña. Ha precipitado a la economía en una recesión, haciendo recortes presupuestarios en todos los ministerios y disminuyendo drásticamente la inversión pública. Su alineación ideológica y política con Estados Unidos, a su vez, no ha reportado beneficio comparativo alguno a sus representados del gran empresariado en la guerra comercial y geoestratégica llevada a cabo por el gobierno de Trump.
Para recuperar la iniciativa, Kast ha decidido reemerger con lo primordial de su identidad de extrema derecha: la restricción autoritaria de las libertades en nombre de la seguridad, acompañada de la radicalización de sanciones punitivas y de exposiciones públicas de humillación de los presos en las cárceles, a lo Bukele.
El reflejo de Kast ante sus dificultades iniciales es volver a apoyarse en lo que lo llevó al gobierno: el discurso del orden animado por el miedo a la delincuencia y el rechazo a los extranjeros, sin perjuicio de su tarea de fondo: estar al servicio del poder oligárquico. Esto ya se constató con la reciente reforma tributaria que bajó los impuestos a los más ricos y con los ajustes a la baja del gasto público, aunque repercutan en menos salud, educación y empleo.
A algo menos de 6 meses de iniciado su gobierno, por convicción y para desviar la agenda pública y parlamentaria de los problemas sociales y económicos, Kast apunta ahora a un cambio autoritario de la constitución. Ha enviado al parlamento un proyecto de cambio constitucional que propone crear un nuevo estado de excepción constitucional, que se aplicaría “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, el cual lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.
A diferencia de los otros estados de excepción regulados en la constitución -asamblea, sitio, emergencia y catástrofe- el que propone Kast podría extenderse por 120 días, “sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período”, completando hasta 240 días sin control del Congreso, es decir 8 meses.
El actual estado de excepción constitucional más usado es el de emergencia, que se puede declarar por 30 días sin autorización del Congreso, restringe la libertad de locomoción (con controles de desplazamiento, restricciones de entrada o salida de determinadas zonas o toque de queda), condiciona o impide la realización de reuniones en lugares de uso público y permite adoptar medidas de protección de servicios de utilidad pública e impartir instrucciones destinadas a mantener el orden interno. El Presidente de la República puede decretarlo inicialmente por 15 días y prorrogarlo una vez por otros 15 días. A partir de la segunda prórroga necesita del acuerdo del Congreso Nacional. Desde una reforma de 2024, después de varias renovaciones, el régimen cambia parcialmente: a contar de la sexta prórroga sucesiva, el Congreso puede autorizar prórrogas de 30 días en vez de 15.
En el caso del estado de catástrofe por calamidad pública, el Presidente de la República puede restringir locomoción y reunión, realizar requisiciones de bienes y establecer limitaciones al derecho de propiedad. Puede mantenerlo por hasta 90 días, pudiendo dictarse nuevas prórrogas o declaraciones, y necesita acuerdo del Congreso para que se extienda por más de un año. Entretanto, el Congreso debe ser informado y transcurridos 180 días puede dejarlo sin efecto.
En el caso del estado de sitio por grave conmoción interior, se puede restringir la libertad de locomoción y reunión y arrestar personas en sus domicilios o lugares especiales determinados por ley. Requiere acuerdo del Congreso, puede aplicarse provisionalmente mientras éste se pronuncia por hasta 5 días y puede declararse por un máximo de 15 días cada vez con el acuerdo del Congreso Nacional.
En el estado de asamblea por guerra exterior se requiere siempre el acuerdo del Congreso, aunque también puede aplicarse provisionalmente mientras éste se pronuncia. Es el que permite más amplias prohibiciones: puede suspenderse o restringirse la libertad personal, de reunión y de trabajo, restringirse la libertad de asociación y de propiedad, interceptarse comunicaciones y requisarse bienes. Puede mantenerse durante todo el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República lo suspenda antes
La propuesta de nuevo estado de excepción de Kast establece restricciones de derechos que se asemejan a las del estado de asamblea por guerra exterior: “Por la declaración del estado de excepción de seguridad pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Es decir, un régimen sin libertades por 8 meses sin dar cuenta al Congreso.
El gobierno de Kast quiere, en definitiva, avanzar a un orden constitucional que refuerce la arbitrariedad sin control del presidente. Este podría calificar, sin dar cuenta a nadie por 8 meses, cuando está en grave peligro la seguridad pública y en qué lugares, afectando los derechos fundamentales y las libertades democráticas básicas, autorizando incluso la interceptación de las comunicaciones privadas.
Junto a estas restricciones en nombre del control del orden público, Kast se propone establecer penas en la constitución, lo que es propio de la ley, e incluir la privación de derechos a los condenados por crimen organizado y terrorismo, suspendiéndoles prestaciones en materia de salud, educación y otras con financiamiento público. Este tipo de derechos son cautelados para todos en la actual constitución, por aplicarse a los seres humanos con independencia de antecedentes penales, raza, género, credo o posición social. Se trata de un mínimo civilizatorio que logró conquistarse después de múltiples luchas sociales y políticas desde la independencia, aunque violentamente interrumpidas por la dictadura militar de 1973-89, que Kast reivindica.
Como se observa, ahora entró en juego en el escenario político chileno la preservación o impugnación de uno de los rasgos principales de la democracia: garantizar las libertades y los derechos básicos de la ciudadanía.
Gonzalo Martner
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