Reino Unido termina el verano entre el calor extremo, las dificultades económicas y las primeras dudas sobre Burnham
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El verano más caluroso registrado en el Reino Unido deja miles de muertes asociadas a las altas temperaturas, incendios, sequía y temores por la próxima cosecha. Mientras la economía ofrece señales contradictorias y los servicios públicos siguen bajo presión, el nuevo gobierno de Andy Burnham comienza a mostrar distancia entre algunas de sus promesas y sus primeras decisiones.
Las vacaciones de verano han terminado
Demasiado calor. Este verano ha sido el más caluroso registrado en el Reino Unido y las altas temperaturas han estado asociadas a la muerte de más de 3.000 personas. También se han producido numerosos incendios forestales, favorecidos por un clima considerablemente más seco de lo habitual.
El Sindicato de Bomberos denuncia que desde 2010 se han eliminado unos 12.000 puestos de trabajo, además de reducirse los recursos disponibles, y ha pedido al gobierno la contratación de 5.000 bomberos adicionales. Muchos trabajadores han denunciado además agotamiento y fatiga debido a jornadas realizadas bajo temperaturas excepcionalmente altas.
Los trabajadores hospitalarios advierten de otro efecto del calor. Sostienen que las altas temperaturas dentro de los establecimientos aumentan el riesgo de cometer errores y pueden empeorar las condiciones de los pacientes.
Y después del calor y la sequía llegaron las inundaciones. La semana pasada afectaron a varias zonas del país y se esperan nuevos episodios.
Los anuncios de Burnham
“Viene la esperanza” ha sido uno de los mantras de Andy Burnham.
En su primera aparición en la Cámara de los Comunes como primer ministro prometió realizar cambios sustanciales y estableció tres prioridades: reducir el coste de bienes y servicios esenciales, incluyendo hipotecas, alimentos y guarderías; impulsar la regeneración de las comunidades; y establecer un mayor control público sobre servicios esenciales.
Esto último no significa nacionalizarlos, aunque distintas encuestas han mostrado que una parte importante de la población británica es partidaria de devolver algunos de estos servicios al sector público.
Vivienda. En este terreno ya se observan retrocesos respecto de algunas expectativas iniciales. Primero se descartó la posibilidad de congelar los alquileres del sector privado. Luego, el compromiso de promover decididamente la vivienda social fue sustituido por el concepto de viviendas “asequibles”, es decir, aquellas cuyo precio se sitúa algo por debajo del valor de mercado.
El problema es conocido. Una empresa privada puede recibir autorización para construir, por ejemplo, cien viviendas bajo el compromiso de que diez sean “asequibles”. Pero una vez iniciada la construcción puede argumentar que el aumento de los costes hace inviable esa proporción y reducir considerablemente el número originalmente comprometido.
El gobierno, además, redujo a una cuarta parte de lo previsto originalmente los recursos que planeaba destinar a nuevas viviendas.
En cambio, se mantiene la intención de aumentar el gasto en defensa.
La reforma electoral tampoco será abordada antes de las próximas elecciones generales. Continuará, por tanto, el actual sistema en que cada circunscripción elige un diputado, sin representación proporcional. Muchos parlamentarios laboristas temen que mantener este sistema pueda terminar favoreciendo a Reform UK y eventualmente abrirle el camino hacia el gobierno.
Burnham también había anunciado que antes de Navidad no habría más personas viviendo en las calles. Hasta ahora no existe un plan suficientemente claro que explique cómo piensa conseguirlo.
La economía
La deuda británica equivale aproximadamente al 95% del PIB. El pago de intereses representa alrededor del 3,6% del PIB y cerca del 8% del gasto público total. Es una carga considerable sobre las finanzas del Estado.
La inversión en plantas, maquinaria y equipos británicos ha sido negativa durante seis trimestres consecutivos, una señal preocupante sobre la capacidad productiva futura de la economía.
La actividad empresarial, sin embargo, ha mostrado crecimiento durante los últimos meses y el optimismo continúa siendo relativamente alto entre los empresarios.
Las ventas minoristas aumentaron un 1,1% durante el trimestre, otra señal positiva en medio de un panorama económico bastante contradictorio.
La Bolsa de Londres también ha continuado subiendo con rapidez. El fuerte aumento del valor de las acciones ha llevado a algunos analistas a advertir sobre el peligro de una corrección importante si determinadas valoraciones resultan insostenibles. La especulación vinculada especialmente a las empresas relacionadas con la inteligencia artificial es una de las preocupaciones.
El endeudamiento público, mientras tanto, ha seguido aumentando, dificultando todavía más la gestión de la deuda nacional.
Inflación. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la inflación de precios al consumidor fue del 2,6% en junio y subió al 2,9% en julio. Los precios de la gasolina alcanzaron su nivel más alto en cuatro años. A ello se suma que el precio de la electricidad y el gas aumentará un 4% a partir del 1 de octubre, precisamente cuando las temperaturas comienzan a bajar y aumenta el consumo energético de los hogares.
Las compañías de agua
Las compañías de agua han vuelto a quedar en el centro de la polémica. Debido a su deficiente desempeño y a los reiterados vertidos de aguas servidas en ríos y en el mar, se les ha impedido pagar determinadas bonificaciones a sus altos ejecutivos.
La respuesta de algunas empresas ha sido aumentar otras partes de las remuneraciones de sus directivos, poniendo nuevamente en cuestión la capacidad —o la voluntad— del gobierno para controlar efectivamente el sector.
Muchas personas han pedido al primer ministro la nacionalización de estas compañías y existe un amplio respaldo social a una mayor propiedad pública. Burnham, sin embargo, sólo ha hablado de reforzar su control.
El problema es que eso es precisamente lo que, en teoría, lleva años haciendo Ofwat, el organismo regulador del agua, sin conseguir evitar el deterioro del servicio ni los escándalos ambientales.
Inflación, sequía y alimentos
Predicciones. El Banco de Inglaterra lleva meses advirtiendo sobre un posible aumento de la inflación. Hasta ahora ese incremento no se ha producido en la magnitud pronosticada, pero existen razones para seguir observando los precios.
El sector agrícola ha sufrido duramente las consecuencias de las altas temperaturas y la escasez de lluvias. Es probable que las cosechas de este año resulten afectadas y que ello termine presionando al alza los precios de los alimentos.
El Registro Nacional de Riesgos ha advertido además sobre la posibilidad de una grave crisis de seguridad alimentaria relacionada con episodios de calor extremo y sequía. Después de este verano, aquello que parecía una hipótesis distante resulta bastante menos abstracto.
Sindicatos débiles
Se esperaba que los trabajadores de los gobiernos locales pudieran iniciar una huelga el próximo mes. Unison, que representa a buena parte de estos trabajadores —muchos de ellos con remuneraciones apenas superiores al salario mínimo—, realizó una votación para respaldar una movilización en demanda de mejores salarios.
La propuesta obtuvo apoyo entre quienes participaron, pero menos del 50% de los afiliados habilitados emitió su voto. Debido a las restricciones establecidas por la legislación sindical británica, no se alcanzó el umbral necesario para convocar legalmente la huelga.
El episodio vuelve a mostrar las enormes dificultades que enfrentan actualmente los sindicatos británicos para utilizar uno de sus instrumentos históricos de presión: la huelga.
Prisiones: más cárceles, pero pocos recursos
Las prisiones están superpobladas. Durante años se ha reducido la financiación y una situación semejante afecta a los servicios de libertad condicional. Ambos sistemas sufren una seria falta de personal.
Las condiciones laborales son tan deficientes que alrededor de la mitad de los funcionarios penitenciarios han abandonado el trabajo en un período de tres años. Existe incluso una cárcel nueva con cientos de celdas sin utilizar porque no hay suficiente personal para mantenerlas operativas.
Frente a esta situación, el gobierno no ha anunciado una mejora sustancial de los salarios de los funcionarios. Su principal respuesta ha sido prometer la construcción de más prisiones.
El anterior primer ministro, Keir Starmer, había planteado que algunos presos pudieran ser liberados anticipadamente para reducir el hacinamiento. El nuevo primer ministro, Andy Burnham, restringió las categorías de quienes podían beneficiarse de esa medida y posteriormente volvió a endurecer su posición, estableciendo que algunos condenados deberán cumplir íntegramente sus penas.
El problema es que el hacinamiento, la escasez de fondos y la falta de personal han reducido al mínimo los programas de rehabilitación. Cuando los presos recuperan la libertad, muchos salen sin trabajo y, en algunos casos, sin una familia o siquiera una vivienda a la cual regresar. Las posibilidades de reincidencia son, por tanto, elevadas.
Durante décadas, los sucesivos gobiernos británicos han prometido ser duros contra el crimen. Mucho menos decididos han sido a la hora de enfrentar las causas sociales del crimen.
Abelardo Clariana-Piga
corresponsal de El Clarín en Reino Unido
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