Judd vuelve a adelantarse al Gobierno: del Escudo de las Américas a la “Doctrina Donroe”

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El embajador de Estados Unidos afirmó en Foro Madrid que Chile ya está aplicando la estrategia hemisférica de Donald Trump y que hacerlo bajo el gobierno de José Antonio Kast resulta “muy fácil”. El canciller Francisco Pérez Mackenna asegura que Chile no ha aceptado esa doctrina. La contradicción reproduce casi exactamente la controversia de agosto, cuando Judd exhibió la firma del ministro Fernando Barros en la Declaración de las Américas contra los Carteles mientras Defensa sostenía que Chile todavía no había decidido incorporarse operacionalmente al Escudo de las Américas. Dos episodios comienzan a revelar un mismo problema: Washington parece definir públicamente el grado de compromiso chileno antes que el propio Gobierno.

El embajador estadounidense Brandon Judd volvió a adelantarse al Gobierno chileno.

Esta vez no necesitó publicar un documento. Lo dijo directamente desde el escenario del Foro Madrid celebrado el jueves en Santiago.

Durante el panel denominado “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, Judd fue consultado sobre la denominada “Doctrina Donroe”, la reformulación de la histórica Doctrina Monroe promovida por la administración de Donald Trump para reafirmar el predominio estratégico estadounidense en el hemisferio occidental.

Su respuesta no dejó demasiado espacio para interpretaciones.

Según el embajador, los representantes diplomáticos estadounidenses están “empoderados” para implementar esa política adaptándola a las características de cada país.

Y Chile, aseguró, ya lo está haciendo.

“He escuchado a mucha gente decir que la doctrina Donroe es mala. Eso me hace reír porque Chile la está aplicando”, sostuvo.

Después agregó una frase políticamente todavía más significativa: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”.

Menos de 24 horas después, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, debió explicar que no sabía exactamente a qué se refería el embajador.

“Nosotros no tenemos ninguna declaración en el sentido de aceptar ese tipo de cosas”, respondió el canciller.

Dos gobiernos que se consideran estrechos aliados estaban describiendo públicamente de manera diferente una cuestión bastante importante: si Chile está o no implementando la nueva estrategia hemisférica de Estados Unidos.

No es la primera vez

El episodio sería simplemente una controversia diplomática si no existiera un antecedente casi idéntico ocurrido apenas dos semanas antes.

El 22 de agosto, El Clarín reconstruyó la disputa entre Judd y el ministro de Defensa, Fernando Barros, en torno al denominado Escudo de las Américas.

La secuencia merece recordarse porque ayuda a entender lo ocurrido ahora en Casa Piedra.

Barros había viajado a Panamá para participar en una reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles convocada por Washington. Allí escuchó al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pedir que los países avanzaran hacia la “operacionalización” de esa coalición.

Estados Unidos vinculaba además el proyecto con una reivindicación explícita de la Doctrina Monroe y con una nueva arquitectura hemisférica de seguridad destinada no solamente a combatir el narcotráfico, sino también a restringir la influencia de potencias externas en América Latina.

Al regresar a Santiago, Barros marcó públicamente un límite.

“Nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, afirmó.

Defendió la soberanía chilena y sostuvo que sería Chile quien determinaría qué colaboración necesitaba de Estados Unidos y hasta dónde estaba dispuesto a participar.

Entonces intervino Judd.

Ocho días después de esas declaraciones, el embajador publicó la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, que Barros había firmado el 12 de marzo, apenas un día después de asumir como ministro.

El documento llevaba más de cinco meses firmado.

Pero Judd decidió hacerlo público precisamente después de que Barros estableciera límites frente a Washington.

Dos interpretaciones de una misma firma

La publicación dejó al Gobierno en una posición incómoda.

Para Washington, la firma de Barros acreditaba que Chile se había convertido en el miembro número 18 de la coalición hemisférica contra los carteles.

El Gobierno chileno entregó una interpretación considerablemente más restringida.

Defensa sostuvo que se trataba de una “declaración de buenas intenciones” o de intereses y que no significaba la incorporación automática de Chile a operaciones militares del Escudo de las Américas.

Cancillería insistió en que la participación efectiva continuaba bajo evaluación.

La diferencia podía resumirse así.

Para Washington, Chile ya pertenecía a la coalición y faltaba determinar cómo participaría.

Para Santiago, Chile había expresado una voluntad de cooperación, pero todavía debía decidir si se integraría y en qué condiciones.

Ahora ocurre algo extraordinariamente parecido.

“Chile la está aplicando”

En Foro Madrid, Judd volvió a dar por resuelta una cuestión que el Gobierno chileno sostiene que todavía no está resuelta.

La Doctrina Donroe busca actualizar para la era Trump la vieja concepción de un hemisferio occidental considerado espacio estratégico prioritario de Estados Unidos.

En su formulación contemporánea confluyen seguridad, narcotráfico, migración, presencia militar, competencia con China y otras potencias y defensa de los intereses estadounidenses en América.

El Escudo de las Américas constituye precisamente uno de sus instrumentos.

Por eso las palabras de Judd no pueden separarse del episodio Barros.

El propio embajador hizo la conexión.

En Casa Piedra explicó que el Escudo permitirá trabajar conjuntamente con Chile contra el crimen organizado y desarrollar mecanismos que posteriormente puedan extenderse hacia otros países.

Según Judd, el programa permitirá a Kast hacer aquello para lo cual fue elegido: combatir el crimen organizado y convertir a Chile en un país más seguro.

La formulación resulta llamativa.

Un embajador extranjero no estaba solamente describiendo la política de su gobierno.

Estaba explicando qué estrategia internacional estaría aplicando Chile y de qué manera esa estrategia permitiría al Presidente chileno cumplir su mandato.

El canciller intenta reducir el alcance

Pérez Mackenna reaccionó este viernes intentando devolver la discusión a un terreno mucho más acotado.

“No sé qué significa que Chile acepte la política Donroe”, dijo.

Aseguró que el Gobierno no ha emitido ninguna declaración de adhesión y explicó que existen conversaciones abiertas con Washington en distintas materias, desde aranceles hasta seguridad.

Pero su explicación contiene también un matiz importante.

El canciller reconoció que ambos gobiernos están discutiendo cómo desarrollar concretamente una cooperación regional contra el crimen organizado transnacional y agregó que es algo en lo que “Chile deberá participar”, porque ningún país puede enfrentar por sí solo esas organizaciones.

Ese reconocimiento vuelve más compleja la controversia.

Pérez Mackenna niega que Chile haya aceptado la Doctrina Donroe, pero confirma negociaciones sobre uno de los principales instrumentos mediante los cuales Washington pretende aplicarla.

La pregunta vuelve entonces al mismo punto que apareció con Barros:

¿hasta dónde se ha comprometido realmente Chile?

El patrón Judd

No existe evidencia que permita afirmar que el embajador esté deliberadamente intentando desautorizar al Gobierno chileno.

Pero sí existe una secuencia verificable.

Primero, Washington formula una interpretación amplia de los compromisos asumidos por Chile.

Después, Judd la hace pública.

Finalmente, el Gobierno chileno debe reducir o precisar su alcance.

Ocurrió con Barros.

Y acaba de ocurrir con Pérez Mackenna.

En agosto, Judd mostró una firma y Washington dijo: Chile pertenece a nuestra coalición.

Defensa respondió: todavía estamos evaluando hasta dónde participar.

Ahora Judd afirma: Chile ya está aplicando la Doctrina Donroe.

Cancillería responde: Chile no ha aceptado ninguna doctrina de ese tipo.

La reiteración comienza a convertir los episodios en algo distinto de una colección de desencuentros personales.

Plantea un problema de conducción de política exterior.

Una relación entre amigos

Existe además una dificultad política que diferencia al actual Gobierno de administraciones chilenas anteriores.

José Antonio Kast construyó durante años una relación ideológica y política estrecha con el movimiento que llevó nuevamente a Donald Trump a la Casa Blanca.

Su gobierno ha identificado a Washington como un aliado fundamental y el propio Pérez Mackenna llegó a definir a Estados Unidos como el “principal socio estratégico” de Chile.

Judd acaba de convertir esa afinidad en un argumento político.

No dijo simplemente que Estados Unidos y Chile comparten intereses.

Dijo que implementar la estrategia estadounidense resulta particularmente sencillo cuando gobierna Kast.

La frase introduce una cuestión delicada.

La proximidad entre dos gobiernos puede facilitar la cooperación. Pero también puede reducir el margen político para establecer públicamente diferencias.

Una respuesta enérgica de La Moneda a Judd significaría confrontar a la administración Trump, justamente cuando el Gobierno busca fortalecer esa alianza y mantiene abiertas negociaciones comerciales con Washington.

No responder, en cambio, deja instalada la interpretación estadounidense de los compromisos chilenos.

Es la misma encerrona que apareció después de las declaraciones de Barros.

El ministro de Defensa podía afirmar que Chile no era el patio trasero de nadie.

Pero cuando Judd mostró su firma, La Moneda no respaldó esa afirmación con una respuesta política equivalente frente a Washington.

La oposición lleva el problema al Congreso

Las declaraciones pronunciadas en Foro Madrid provocaron esta vez una reacción inmediata.

El diputado socialista Nelson Venegas acusó a Judd de sobrepasar los límites aceptables de la relación bilateral y sostuvo que el pragmatismo diplomático no puede transformarse en sometimiento.

Jaime Mulet fue todavía más directo: dijo que el embajador “debería callar” porque corresponde a Chile definir su propia política.

Marcos Barraza, del PC, anunció que oficiará al Presidente y a Cancillería para conocer qué medidas adoptará el Gobierno ante declaraciones que calificó de “altamente injerencistas”.

Gonzalo Winter sostuvo que Judd “ha cruzado una línea” y exigió una reacción inmediata de La Moneda.

Republicanos interpretó el episodio de manera completamente diferente.

El diputado Luis Sánchez defendió las declaraciones del embajador como reconocimiento a la coincidencia entre ambos países en seguridad y combate al crimen organizado, siempre dentro de sus respectivas legislaciones.

Pero la controversia llega cuando Pérez Mackenna ya enfrentaba una ofensiva parlamentaria.

Pérez Mackenna camino a una interpelación

La oposición comenzó esta semana a reunir las 52 firmas necesarias para interpelar al canciller.

La iniciativa antecede a las declaraciones pronunciadas por Judd en Foro Madrid y no puede atribuirse exclusivamente a ellas.

Pero resulta revelador revisar las materias que los diputados ya habían decidido incluir.

Relación con Estados Unidos.

Política arancelaria.

Relaciones con China.

Actuaciones del embajador Brandon Judd.

Escudo de las Américas.

Controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

Y actuación del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik.

Los impulsores pretenden ingresar la solicitud el lunes y, si consiguen las firmas necesarias, realizar la interpelación después de Fiestas Patrias.

Las palabras de Judd entregan ahora una pregunta adicional bastante sencilla para esa sesión:

¿Chile está aplicando o no la Doctrina Donroe?

Si la respuesta es no, el Congreso podría preguntar por qué el embajador estadounidense afirma públicamente lo contrario.

Si la respuesta es que Chile participa solamente en algunos de sus componentes, habrá que precisar cuáles.

Y si la cooperación mediante el Escudo de las Américas efectivamente avanza, corresponde conocer qué compromisos ha asumido Chile, quién los autorizó, qué participación tendrán las Fuerzas Armadas y qué controles institucionales y parlamentarios existirán.

¿Quién define la política exterior chilena?

Este es finalmente el problema que une los episodios Barros y Pérez Mackenna.

No consiste en negar que Chile deba cooperar internacionalmente contra organizaciones criminales transnacionales.

El narcotráfico no reconoce fronteras y ningún Estado puede enfrentarlo completamente aislado.

Tampoco toda cooperación con Estados Unidos constituye subordinación.

La cuestión es otra.

Las decisiones sobre la política exterior, la defensa y la seguridad de Chile corresponden a las instituciones chilenas.

Por eso resulta políticamente anómalo que sea el embajador estadounidense quien aparezca sucesivamente informando hasta dónde llega el compromiso chileno.

Primero reveló una firma que Washington interpretaba como incorporación a una coalición cuya dimensión militar crecía aceleradamente.

Ahora anuncia que Chile ya está implementando una doctrina hemisférica que el propio canciller chileno asegura no haber aceptado.

Entre ambos episodios existe una continuidad.

También existe una diferencia importante.

Fernando Barros intentó establecer públicamente un límite: Chile no es el patio trasero de nadie.

Pérez Mackenna ha escogido una respuesta mucho más ambigua. Niega la adhesión a la doctrina, pero simultáneamente confirma que la cooperación que Judd describe continúa negociándose.

Puede ser pragmatismo diplomático.

Puede responder a las necesidades de seguridad de Chile.

Puede también reflejar la decisión estratégica del Gobierno de privilegiar su relación con Washington.

Pero precisamente por eso necesita transparencia.

Porque cuando un embajador extranjero afirma que implementar la estrategia de su país resulta “muy fácil” gracias al gobierno que existe en Chile, la discusión deja de ser solamente diplomática.

Se convierte en una pregunta sobre soberanía.

Y esa pregunta no puede responderla Brandon Judd.

Tiene que responderla el Gobierno de Chile.

Simón del Valle