Entre Milei y Washington: la interpelación a Pérez Mackenna abre el debate sobre la autonomía de la política exterior chilena

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La interpelación a Francisco Pérez Mackenna trasciende la controversia por el Estrecho de Magallanes. Las reiteradas intervenciones del embajador estadounidense Brandon Judd, la relación privilegiada de Kast con Javier Milei y los cambios impulsados por Chile en el escenario internacional abren una pregunta de fondo: hasta qué punto las afinidades ideológicas del Gobierno están condicionando una política exterior que debería responder a intereses permanentes del Estado.

La Cámara de Diputadas y Diputados resolvió este martes interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. La decisión, aprobada por 57 votos contra 49 y una abstención, constituye la primera interpelación a un ministro del gobierno de José Antonio Kast y un hecho inédito para un canciller. Pero reducir el episodio a una nueva confrontación entre Gobierno y oposición sería perder de vista el problema que comienza a dibujarse detrás de ella.

Lo que estará bajo examen el próximo 28 de septiembre no es solamente la actuación del canciller frente a la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes. Las 13 materias incluidas en el cuestionario abarcan una parte sustantiva de la política exterior desarrollada durante los primeros seis meses del nuevo Gobierno: las relaciones con Argentina y Estados Unidos, el arancel estadounidense del 12,5%, la Coalición de las Américas contra los Carteles, el denominado Escudo de las Américas, las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd sobre la doctrina Donroe, el Foro Madrid, la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, la salida chilena del Movimiento de Países No Alineados, cambios de posiciones ante organismos multilaterales, minerales críticos, nombramientos diplomáticos y la situación del embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik.

Vistos en conjunto, estos asuntos conducen a una pregunta bastante más profunda: ¿hasta qué punto las afinidades ideológicas del gobierno de Kast con las administraciones de Milei y Trump están influyendo sobre una política exterior que Chile ha procurado históricamente concebir como política de Estado?

Magallanes: ni alarmismo ni indiferencia

La controversia por el Estrecho de Magallanes requiere algunas precisiones indispensables.

No existe actualmente una disputa territorial formal entre Chile y Argentina por el Estrecho ni antecedentes que permitan sostener seriamente que se aproxima un conflicto por su soberanía. Los tratados de 1881 y 1984 establecen el marco jurídico bilateral y los propios gobiernos de Kast y Milei reafirmaron el pasado 3 de septiembre su vigencia y el reconocimiento de la soberanía chilena.

Convertir las declaraciones provenientes de Argentina en evidencia de una amenaza territorial inminente significaría caer en un nacionalismo que los hechos disponibles no justifican.

Pero sería igualmente equivocado concluir que no existe un problema.

El Decreto 457/2021 argentino introdujo en su Directiva de Política de Defensa Nacional una referencia a la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y del Mar de Hoces. Buenos Aires reconoció posteriormente que esa formulación constituía un error y existe, según han informado autoridades chilenas, un documento preparado para corregirla. Sin embargo, la disposición continúa vigente. Kast decidió no exigir a Milei su derogación durante su reciente visita a Santiago, argumentando correctamente que un decreto argentino no puede modificar tratados internacionales.

Jurídicamente el argumento es sólido. Diplomáticamente queda una pregunta pendiente: si ambos gobiernos reconocen que la formulación es equivocada y existe un texto preparado para subsanarla, ¿por qué no se corrige?

La inquietud aumentó porque no se trata de una declaración aislada. A las expresiones anteriores de autoridades militares argentinas se sumaron recientemente las del canciller Pablo Quirno, quien definió a Argentina como país “bicontinental y bioceánico”, y las de Patricia Bullrich, quien habló del “control” argentino del Estrecho. Ambas situaciones fueron posteriormente aclaradas y Bullrich explicó que pretendía referirse al canal Beagle.

Las rectificaciones deben ser consideradas. También la reiteración.

Argentina desarrolla desde hace décadas una política estratégica hacia Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártica. Chile posee sus propios intereses australes. Nada de esto convierte a ambos países en adversarios. Al contrario: precisamente porque comparten una extensa frontera, recursos, infraestructura, comercio, energía y una proyección antártica, la estabilidad de esa relación constituye un interés permanente de ambos Estados.

El error sería creer que la cercanía política entre Kast y Milei vuelve irrelevantes esos intereses. Los presidentes cambian; la geografía permanece.

El factor Judd

El otro frente que deberá explicar Pérez Mackenna es todavía más delicado.

Brandon Judd ha adquirido en pocos meses una presencia inusual en la discusión política chilena.

Durante el Foro Madrid afirmó que la denominada doctrina Donroe —la reinterpretación que la administración Trump hace de la histórica doctrina Monroe— estaba operando en Chile y que con el gobierno de Kast resultaba más fácil implementarla. La frase obligó al canciller Pérez Mackenna a tomar distancia.

Ahora Judd ha dado un paso adicional.

En una entrevista difundida este martes por CNN Chile, el embajador aseguró que organismos de inteligencia estadounidenses realizaron un análisis sobre los acontecimientos de octubre de 2019 y que sus conclusiones apuntan “categóricamente” a organizaciones o activistas de izquierda como responsables de los disturbios. Ante las reiteradas preguntas de la periodista Mónica Pérez, Judd afirmó que existe “un análisis específico” sobre aquellos acontecimientos.

La afirmación plantea un problema que trasciende completamente cualquier interpretación política sobre el estallido social.

Si los organismos estadounidenses poseen información concreta sobre responsabilidades en delitos cometidos durante 2019, se trata de antecedentes potencialmente relevantes para las instituciones chilenas. Sin embargo, el propio Judd reconoció que no los ha entregado a la justicia y que, hasta donde sabe, el Gobierno chileno tampoco los ha solicitado. Señaló que Washington podría compartirlos si Chile formulara un requerimiento.

Por tanto, antes de aceptar las conclusiones del embajador corresponde conocer las evidencias.

¿Qué clase de análisis realizó Estados Unidos? ¿Sobre qué información se construyó? ¿Qué entiende Judd por “organizaciones de izquierda”? ¿Se refiere a responsables de delitos determinados, a quienes participaron de las manifestaciones o pretende establecer una autoría política general del estallido? ¿Conoce el Gobierno chileno ese informe? ¿Piensa solicitarlo?

Son preguntas elementales porque una afirmación proveniente de un embajador extranjero no se transforma en evidencia por el solo hecho de invocar a organismos de inteligencia.

Pero existe además una cuestión diplomática: ¿corresponde que el representante de otro Estado utilice supuestos antecedentes de inteligencia para intervenir en una de las controversias políticas e históricas más sensibles de Chile?

Una coincidencia difícil de ignorar

La secuencia de este martes resulta especialmente significativa.

Mientras la Cámara aprobaba la interpelación a Pérez Mackenna —cuyo cuestionario incluye precisamente las declaraciones anteriores de Judd y los efectos de la doctrina Donroe sobre las decisiones políticas, económicas y geopolíticas chilenas—, el embajador estadounidense volvía a instalar una controversia en la política interna.

No es la primera vez.

Hace algunas semanas Judd reveló públicamente documentos relacionados con la Coalición de las Américas contra los Carteles y la firma del ministro Fernando Barros, abriendo una controversia respecto de los compromisos adquiridos por Chile. Después afirmó en Foro Madrid que la doctrina Donroe se encontraba en aplicación.

Ahora introduce información de inteligencia estadounidense sobre el estallido social.

El problema no consiste en que el embajador estadounidense tenga opiniones. Tampoco sería razonable transformar cada declaración suya en una demostración de injerencia imperial. La diplomacia contemporánea es pública y los embajadores participan habitualmente del debate.

Lo excepcional es la frecuencia, el contenido y el alcance político de sus intervenciones.

Y especialmente la débil delimitación que hasta ahora ha realizado La Moneda respecto del espacio que corresponde a la representación diplomática estadounidense y aquel que pertenece exclusivamente a las instituciones políticas chilenas.

“La política exterior es política de Estado”

Pérez Mackenna respondió a la interpelación con una frase difícil de objetar.

“La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, sostuvo el canciller. Recordó además que ha concurrido 11 veces al Congreso y aseguró que considera la interpelación una oportunidad para explicar los avances de su gestión.

El oficialismo ha cerrado filas alrededor del ministro. Sus dirigentes sostienen que una interpelación en estas circunstancias puede debilitar la posición negociadora chilena y acusan a la oposición de quebrar una tradición según la cual las relaciones exteriores deberían mantenerse alejadas de las disputas partidistas. Algunos dirigentes, sin embargo, han reconocido desorden y diferencias dentro del propio sector respecto de cómo se ha manejado la controversia con Argentina.

La idea de preservar una política exterior de Estado merece ser defendida.

Precisamente por eso la interpelación puede ser necesaria.

Una política exterior de Estado no significa una política exterior inmune al escrutinio democrático. Tampoco supone que el Congreso deba respaldar automáticamente cada decisión del Ejecutivo. Significa algo distinto: que los intereses permanentes del país deben prevalecer sobre las afinidades políticas circunstanciales de quienes gobiernan.

Y ese principio vale hacia todas las direcciones.

Chile no necesita convertir a Argentina en enemigo para defender sus intereses australes. Necesita una relación sólida con Buenos Aires, probablemente una de las relaciones bilaterales más importantes que posee.

Tampoco necesita transformar a Estados Unidos en adversario para preservar su autonomía. Washington es un socio económico, político y estratégico fundamental y existen amplias áreas donde ambos países pueden cooperar.

Pero cooperación no significa subordinación.

Amigos políticos, intereses nacionales

Este es probablemente el problema que comienza a emerger detrás de la interpelación.

José Antonio Kast comparte con Javier Milei una evidente comunidad ideológica. Ambos participan de una red política internacional en la que convergen también Vox y sectores centrales de la administración Trump. El reciente Foro Madrid realizado en Santiago exhibió públicamente esa convergencia. Milei utilizó incluso el escenario chileno para reivindicar su interpretación del golpe de 1973 y del desarrollo posterior del país.

Nada impide que un presidente tenga afinidades internacionales.

El problema comienza cuando resulta difícil distinguir dónde termina la alianza partidista y dónde comienza la relación entre Estados.

Chile tiene intereses propios frente a Argentina. Los tiene frente a Estados Unidos. Los tiene frente a China, Europa y América Latina. Y esos intereses no necesariamente coinciden con las alianzas ideológicas del Gobierno de turno.

En Magallanes, eso significa defender sin estridencias los tratados vigentes y exigir claridad cuando corresponda, sin fabricar amenazas territoriales inexistentes.

Frente a Estados Unidos significa mantener una cooperación estrecha, pero también establecer límites cuando su embajador interviene reiteradamente en asuntos políticos internos o anuncia doctrinas cuya aplicación en Chile el propio canciller dice desconocer.

Y frente a la política internacional significa comprender algo bastante elemental: los amigos de un presidente no son necesariamente los aliados permanentes de un país, del mismo modo que sus adversarios ideológicos no son necesariamente enemigos de Chile.

Pérez Mackenna tendrá la oportunidad de explicar el 28 de septiembre cómo entiende esa diferencia.

Esa puede terminar siendo la pregunta verdaderamente importante de su interpelación.

Simón del Valle