El método Judd no es solo Judd: la nueva diplomacia de Trump avanza sobre América Latina

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Las reiteradas intervenciones de Brandon Judd ya no pueden explicarse solamente por el estilo del embajador. Sus declaraciones sobre el 18-O, China, seguridad, aranceles y la doctrina Donroe revelan una concepción más política y confrontacional de la diplomacia estadounidense, que también aparece en otros países de América Latina.

Brandon Judd ha ofrecido finalmente una explicación para la sucesión de controversias que ha protagonizado desde que asumió como embajador de Estados Unidos en Chile. No se trataría, según él, de imprudencias, desconocimiento de las formas diplomáticas ni de un temperamento particularmente confrontacional. Se trataría de algo bastante más importante: una nueva manera de entender la diplomacia estadounidense.

“Para Estados Unidos, la diplomacia no es lo mismo que solía ser”, afirmó Judd en una entrevista publicada este jueves por El Mercurio. Según su explicación, aquella diplomacia de recepciones, apretones de manos y conversaciones discretas pertenece al pasado. Ahora existen objetivos y resultados que alcanzar. Y para conseguirlos, sostiene, son necesarias conversaciones “directas y francas”.

La afirmación merece atención porque proporciona una clave para interpretar buena parte de lo ocurrido durante los últimos meses.

Judd no considera que haya cometido excesos. Tampoco parece impresionado por los reiterados llamados de atención que ha recibido. Al referirse a sus enfrentamientos con los ministros Fernando Barros y Jaime Campos por los aranceles impuestos por Washington a Chile fue explícito:

“Cuando haya declaraciones incendiarias, yo voy a responder”.

Y agregó:

“Lo seguiré haciendo en el futuro. Eso no va a cambiar”.

El mensaje difícilmente podría ser más claro.

El problema Brandon Judd ya no consiste solamente en Brandon Judd.

Un embajador “empoderado”

Hace apenas una semana, durante Foro Madrid, el propio embajador había entregado otra pieza de esta explicación.

Mientras defendía la denominada doctrina Donroe —la actualización trumpista de la histórica doctrina Monroe— Judd sostuvo que esa política adopta formas distintas según cada país y que son los propios embajadores estadounidenses quienes están “empoderados para implementarla” de acuerdo con cada realidad nacional.

Y añadió algo especialmente significativo respecto de Chile:

“Cuando tienes una Administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”.

El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió al día siguiente que no sabía qué significaba que Chile estuviera aplicando la doctrina Donroe y aseguró que el Gobierno no había realizado ninguna declaración aceptando semejante política.

La contradicción sigue sin resolverse.

El representante estadounidense afirma públicamente que una determinada doctrina de Washington está siendo aplicada en Chile y que él está facultado para implementarla. El ministro encargado de conducir las relaciones exteriores chilenas dice desconocer que Chile haya aceptado esa doctrina.

La pregunta entonces deja de ser si Judd habla demasiado.

Es otra: ¿qué significa que un embajador extranjero se considere autorizado para implementar en Chile una estrategia de su Gobierno que el propio canciller chileno dice no haber aceptado?

No es una anomalía exclusivamente chilena

Judd sostiene que esta forma de actuar corresponde a una transformación de la diplomacia estadounidense.

Los acontecimientos regionales permiten tomar en serio esa afirmación.

Los representantes designados por Donald Trump en distintos países latinoamericanos han adquirido un protagonismo político poco habitual. En México, el embajador Ronald Johnson ha intervenido repetidamente en el debate sobre carteles, seguridad y cooperación bilateral, hasta el punto de que la presidenta Claudia Sheinbaum debió recordarle públicamente que los embajadores tienen que respetar los asuntos políticos internos del país donde ejercen sus funciones.

En Argentina, Peter Lamelas ha convertido la competencia estratégica con China en uno de los asuntos centrales de su presencia pública y ha advertido abiertamente sobre la expansión china en sectores considerados estratégicos por Washington.

En Panamá, Kevin Marino Cabrera ha desplegado una intensa actividad alrededor del Canal, los puertos y la influencia china, provocando incluso acusaciones de parlamentarios panameños sobre una participación excesiva del representante estadounidense en decisiones internas.

No son situaciones idénticas y sería equivocado presentarlas como parte de una operación uniforme. Cada relación bilateral tiene características propias.

Pero existe un patrón reconocible.

Los nuevos representantes estadounidenses son más políticos, más públicos y más confrontacionales. La seguridad, el narcotráfico y particularmente China aparecen repetidamente entre sus prioridades.

Judd, por tanto, puede ser un caso especialmente visible, pero difícilmente parece una excepción.

Chile como terreno de aplicación

En Chile, además, esa nueva diplomacia está adquiriendo características particularmente explícitas.

Judd ha intervenido sobre los aranceles estadounidenses y reprendido públicamente a ministros chilenos que cuestionaron la decisión de Washington.

Ha dado por terminado un proyecto de cable submarino chino cuando Chile todavía evaluaba sus alternativas.

Ha advertido que determinadas decisiones chilenas sobre infraestructura vinculada a China pueden afectar el intercambio de inteligencia con Estados Unidos.

Ha divulgado documentos suscritos por el ministro de Defensa relacionados con la estrategia estadounidense contra los carteles después de que Fernando Barros declarara que Chile “no es el patio trasero de ningún país”.

Ha afirmado que Chile está aplicando la doctrina Donroe.

Ha señalado que esa doctrina resulta más fácil de implementar con Kast.

Y esta semana entró directamente en una de las controversias políticas más profundas de la historia reciente chilena al asegurar que la inteligencia estadounidense había establecido “categóricamente” que organizaciones de izquierda estuvieron detrás de la violencia del estallido social de 2019.

Cuando Cancillería lo citó para solicitar los antecedentes, la afirmación sufrió una modificación considerable.

Estados Unidos no había realizado una investigación propia en Chile. No había enviado investigadores. La embajada no tenía antecedentes sobre organizaciones o individuos específicos. Lo que existía, explicó Judd, era un análisis construido con información procedente de políticos, policías, académicos y otras fuentes chilenas.

El episodio es revelador no solamente por la distancia entre la afirmación inicial y la explicación posterior.

Lo es porque muestra hasta qué punto el embajador considera legítimo participar del debate político chileno.

El límite que Cancillería intenta establecer

Esta vez el Gobierno reaccionó.

Pérez Mackenna citó al embajador, solicitó formalmente los antecedentes sobre el 18-O y posteriormente declaró algo que pertenece a las reglas elementales de la diplomacia:

“Los embajadores no deben opinar sobre la política interna de los países”.

El canciller añadió una precisión todavía más significativa: ese mensaje ya había sido transmitido a Judd “en varias oportunidades”.

Pero la entrevista publicada este jueves revela que Judd no parece compartir completamente ese criterio.

Su respuesta es, en los hechos, que la diplomacia estadounidense ha cambiado.

Y anuncia que continuará actuando de la misma manera.

Tenemos entonces algo bastante más interesante que una polémica entre un canciller y un embajador. Hay dos concepciones de la diplomacia enfrentándose públicamente.

Para Pérez Mackenna existe una frontera entre representar los intereses de un Estado e intervenir en la política interna del país receptor.

Para Judd, aparentemente, la obtención de resultados exige ampliar esa frontera.

Una derecha incómoda

La controversia ha comenzado además a producir un fenómeno políticamente significativo: las críticas ya no proceden exclusivamente de la oposición.

Naturalmente, sectores de izquierda han reaccionado con especial dureza. Gonzalo Winter ha sostenido que Judd “hace en Chile lo que le da la gana” y exigió saber qué quiso decir realmente cuando invocó a la inteligencia estadounidense para explicar el 18-O. Incluso preguntó si organismos como la CIA operan en territorio chileno y bajo qué autorización.

La pregunta sobre una eventual operación de inteligencia estadounidense quedó parcialmente respondida por el propio Judd cuando negó posteriormente que Estados Unidos hubiera investigado el estallido en territorio chileno.

Pero el cuestionamiento de Winter apunta a algo más amplio: quién establece los límites de actuación del representante estadounidense.

Y allí las posiciones comienzan a atravesar las fronteras partidarias.

Dirigentes de RN han pedido conocer las pruebas de Judd. Parlamentarios republicanos que comparten su interpretación sobre el 18-O han señalado que, si Washington posee antecedentes, corresponde entregarlos institucionalmente. Otros dirigentes de derecha han cuestionado las formas utilizadas por el embajador.

No existe todavía una posición común.

Y probablemente no pueda existir, porque la controversia toca una contradicción particularmente incómoda para el oficialismo: muchos de sus dirigentes comparten las posiciones ideológicas de la administración Trump, pero eso no significa necesariamente que acepten que su representante diplomático intervenga libremente en la discusión política chilena.

La diferencia es importante.

Defender una buena relación con Estados Unidos no exige aceptar todo lo que haga su embajador.

China, seguridad y soberanía

El asunto se vuelve todavía más relevante cuando se abandona por un momento la controversia comunicacional y se observan los intereses materiales en juego.

Estados Unidos y China mantienen una competencia estratégica mundial.

Chile posee una relación económica fundamental con China y simultáneamente mantiene una larga cooperación política, militar y de seguridad con Estados Unidos.

Eso obliga al país a administrar una relación particularmente compleja.

Judd ha planteado esa competencia en términos muy explícitos.

Respecto de un eventual cable submarino vinculado a China, ha advertido que Chile debe considerar las consecuencias que determinadas decisiones podrían tener sobre la cooperación de inteligencia con Washington. El argumento estadounidense es que no puede compartir información sensible si existe riesgo de que termine en manos de un adversario estratégico.

Estados Unidos tiene derecho a proteger su información.

Chile tiene exactamente el mismo derecho a decidir su infraestructura y sus relaciones internacionales conforme a sus propios intereses.

La cuestión es dónde termina la legítima defensa de los intereses estadounidenses y dónde comienza la presión sobre las decisiones soberanas de otro Estado.

Ese límite constituye probablemente uno de los grandes problemas que enfrentará la diplomacia latinoamericana durante los próximos años.

El método

Por eso reducir la controversia actual a la personalidad de Brandon Judd puede resultar tranquilizador, pero insuficiente.

Es posible que el embajador sea particularmente vehemente. Su trayectoria anterior tampoco corresponde a la de un diplomático profesional tradicional.

Pero él mismo está diciendo que no se trata de eso.

Dice que la diplomacia estadounidense cambió.

Dice que los embajadores están orientados a conseguir resultados.

Dice que están empoderados para adaptar la doctrina Donroe a las condiciones de cada país.

Y dice que seguirá respondiendo públicamente cuando considere que autoridades chilenas realizan declaraciones que perjudican los objetivos estadounidenses.

Conviene tomarlo en serio.

Porque entonces el método Judd no sería una anomalía diplomática sino una expresión local de una nueva política estadounidense hacia América Latina.

Una diplomacia menos interesada en la discreción y más dispuesta a utilizar públicamente el peso político, económico, militar y de inteligencia de Estados Unidos para conseguir determinados resultados.

Eso no convierte automáticamente cada iniciativa estadounidense en una amenaza para Chile. La cooperación con Washington en narcotráfico, crimen organizado, inteligencia, comercio, tecnología o defensa puede responder perfectamente al interés nacional chileno.

Pero existe una diferencia fundamental entre cooperación y alineamiento.

Y esa diferencia no puede establecerla el embajador estadounidense.

Debe establecerla Chile.

Tal vez por eso la frase más importante pronunciada durante toda esta controversia no provenga de Judd, Pérez Mackenna ni de quienes piden expulsar al embajador.

Gonzalo Winter la formuló días atrás en términos bastante sencillos:

“Chile necesita socios y aliados, pero no patrones ni jefes”.

La frase pertenece a un diputado de oposición y expresa, naturalmente, una posición política.

Pero el principio que contiene debería trascender a la izquierda y la derecha.

Una política exterior soberana no consiste en enfrentarse a Estados Unidos. Tampoco en acercarse a China para demostrar independencia.

Consiste en algo bastante menos espectacular y mucho más difícil: cooperar con las grandes potencias sin permitir que ninguna de ellas decida por Chile cuáles deben ser sus intereses.

Ese es el verdadero problema que Brandon Judd ha puesto sobre la mesa.

Simón del Valle