“El Escudo de las Américas es la principal amenaza a la estabilidad de América Latina”: Marcos Robledo, exsubsecretario de Defensa

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El exsubsecretario de Defensa Marcos Robledo cuestiona la adhesión del Gobierno de José Antonio Kast al Escudo de las Américas y advierte sobre sus consecuencias para la política exterior chilena. Sostiene que un alineamiento sin límites con Washington podría afectar gravemente la relación con China, considera estratégico preservar los vínculos con Argentina y alerta sobre los riesgos de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. «El nivel de arbitrariedad que está ejecutando Estados Unidos constituye, sin duda, la principal amenaza para la paz y la estabilidad en América Latina», afirma.

El experto en asuntos militares y política exterior advirtió que “el nivel de arbitrariedad que está ejecutando Estados Unidos constituye, sin duda, la principal amenaza para la paz, junto con el crimen organizado” y se refirió a factores como que si el Gobierno de José Antonio Kast “no pone límites en la relación con Estados Unidos, puede destruir la relación con China o la puede afectar seriamente”. Definió, en entrevista, que “Latinoamérica es la región más estable y es consecuencia de políticas desplegadas por gobiernos democráticos” y, en ese marco, considerando problemas recientes entre los dos países, planteó que “cuidar la relación Chile-Argentina es un imperativo estratégico. Eso es lo que algunos nacionalistas no entienden, y es lo que sí entiende el mundo progresista en los dos países”. Analizó la controversia sobre la participación de las FFAA en la seguridad pública y sostuvo que “el proceso de militarización que se está produciendo en Chile es parte de un proceso que se produce en América Latina, y es un camino problemático porque se están desarrollando dinámicas que no son positivas desde una perspectiva democrática”. Recordó que los altos mandos castrenses “lo han dicho públicamente, han ido al Congreso a decir que no están de acuerdo con que se les convoque a tareas policiales”, pero Robledo no dejó pasar un punto: “No les correspondía, al Gobierno le correspondía representar a las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa”.

Marcos Robledo Hoecker conoce hace años el mundo militar chileno, tiene experiencia en política exterior y sabe de los manejos a nivel de gobierno. Fue subsecretario de Defensa en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, integrante del equipo del Segundo Piso presidencial a cargo de asuntos internacionales en la primera gestión de la exmandataria y fue su asesor cuando ella era ministra de Defensa. En entrevista, este periodista, militante del Partido Socialista, hoy encargado del área de Defensa del Instituto Igualdad, se mete en el controversial acuerdo del Escudo de las Américas, en los recientes roces entre los gobiernos chileno y argentino y el papel que se le quiere asignar a los militares chilenos en seguridad pública.

Continúa en el tape la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FFAA) participen en labores de seguridad pública, cuidado de fronteras, que actúen en Estados de Excepción. ¿Cómo ves esa posibilidad en términos más estratégicos, de fondo respecto a la labor de los militares?

El proceso de creciente militarización que se está produciendo en Chile es parte de un proceso más amplio que se produce en América Latina hace bastante tiempo, y es un camino problemático porque a través de esos procesos se están desarrollando dinámicas que no son sanas, que no son positivas desde una perspectiva democrática. La mayoría de esos procesos se han implementado como consecuencia del fracaso de las instituciones de Estado para abordar el problema de la seguridad pública, en temas policiales y penales. Frente a ese fracaso, y principalmente ante el fracaso de las instituciones policiales, no solamente las fiscalías o los poderes judiciales, los Estados latinoamericanos están recurriendo a las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista político es más rentable que hacer reformas para hacer más eficaces a las policías. Además, en la región hay una historia de policiamiento autoritario y eso ha mostrado ser insuficiente o no estar a la altura de la evolución de los desafíos. Las instituciones policiales son muy autónomas, tienen mucha capacidad política para resistir a los gobiernos, los gobiernos se cuidan mucho de enfrentarse con las policías por los costos políticos que tiene en la opinión pública, da lo mismo el régimen político que haya, nadie las toca.

¿Entonces, en el caso chileno, pasa por reforzar las policías más que estar apelando a los militares?

Sin duda, y entonces ante este déficit, los dirigentes políticos están optando por el camino más fácil, desde el punto de vista político y electoral, que es recurrir a las Fuerzas Armadas, y están rehuyendo las reformas de las policías. En Chile se trató de hacer la reforma en Carabineros después de la pandemia y después del estallido social, se creó la comisión para la reforma de Carabineros, y quedó en el camino. Al final en Chile se optó por lo que se está siguiendo en América Latina.

¿Eso no trae riesgos para las Fuerzas Armadas? Hay altos mandos que han expresado estar en contra de meterse en la seguridad pública.

En nuestro país tuvieron roles policiales durante la dictadura, que consistió en violar los derechos humanos y hoy, los agentes operativos que cometieron esas violaciones y crímenes de lesa humanidad, en su mayoría están sometidos a procesos y condenados cumpliendo penas de cárcel. Ahí hay un aprendizaje de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, y otras, han manifestado que no desean encarar tareas de seguridad pública, aun cuando acatan las decisiones de autoridades políticas porque son instituciones no deliberantes.

Decisiones que incluso se adoptan en el Congreso.

Son decisiones del poder político, del Ejecutivo, del Legislativo, frente a lo cual los militares obedecen. El problema es que a los dirigentes políticos se les olvida que la Constitución dice que los militares son profesionales, y en la dinámica de policializar a las instituciones militares, hay un proceso de desprofesionalización.

Está la presencia militar en La Araucanía, cuando ocurrió el estallido social los militares salieron a las calles, se les insta a “combatir el terrorismo”. ¿No se corre el peligro de que las FFAA, nuevamente, se vean involucradas en la persecución y la agresión a la disidencia política, social o indígena?

No sé si hay una preocupación en ese sentido, hay una visión de que cumplen una función de apoyo a las policías en contra de grupos definidos como delincuentes, como crimen organizado, por tanto, no se les reconoce a esos grupos un estatuto político y no se trata de verlo como algo de política interna. El caso mapuche es más complejo. Creo que la lucha armada en el territorio mapuche hoy no se justifica, no lo comparto, y en ese sentido el encuadre del Estado a hechos de violencia ha sido correcto porque se cometen delitos. No obstante, la respuesta al convocar a las Fuerzas Armadas está mostrando que las instituciones que debieran atender el problema en el marco delictual, penal, no dan abasto o al menos eso se reconoce. De todas maneras, para ser justos, se han realizado esfuerzos para fortalecer las respuestas del Estado en el ámbito penal, se ha notado, hay resultados.

Tú fuiste subsecretario de Defensa, ¿no percibiste inquietud o molestia en los altos mandos militares de que no haya preocupación de los gobiernos, de las autoridades políticas, de reforzar a Carabineros, de hacer las reformas necesarias, de hacerles cumplir su rol eficazmente?

Lo han dicho públicamente, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han ido al Congreso a decir que no están de acuerdo con que se les convoque a tareas policiales. Aunque quiero decirte que eso me parece complejo, porque el que tiene que hablar a nombre de las Fuerzas Armadas es el Ministro de Defensa, o la Ministra de Defensa. Eso ocurrió durante el Gobierno de (Gabriel) Boric.

¿No les correspondía a los comandantes en jefe ir a fijar posición ante el Congreso?

No. No les correspondía, al Gobierno le correspondía representar a las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Se les dio el espacio rompiendo una doctrina establecida a partir de mediados de los noventa, de que las Fuerzas Armadas no iban al Congreso a dar opiniones sobre políticas, sino que se daban al Ministro o la Ministra de Defensa y ellos comunicaban al Congreso, como opiniones institucionales.

Hace poco tiempo, el Ministro de Defensa anunció la compra de aviones, de helicópteros, de elementos para las Fuerzas Armadas. Lo hizo en Magallanes, en la zona austral, en el marco de vocerías argentinas de reclamar soberanía o derechos sobre territorios australes. Se habló de modernizar las fuerzas militares, de elevar el gasto en Defensa. Pero escuché al excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en un seminario del Instituto Igualdad, decir que hay que mirar si esos aviones, esos barcos, esos tanques que se compren, servirán para las guerras del futuro.

Mira, separaría el tenor de las declaraciones que hubo desde el Gobierno respecto a la renovación de armamento, de una percepción más general del proceso que se está desarrollando en Chile sobre ese tema. Las declaraciones y puestas en escena del Ministerio de Defensa fueron más bien una respuesta contingente a una coyuntura de tensión con el Gobierno argentino por declaraciones de mandos militares y autoridades políticas de ellos, que no correspondían, que fueron inadecuadas respecto a la soberanía en el Estrecho de Magallanes que es chileno. Eso generó una dinámica excesiva de respuesta desde Chile, en que el Gobierno se vio un poco sobrepasado por muchas voces muy nacionalistas, frente a lo cual trató de ser “más papista que el Papa”. Se puso en escena ejercicios en el sur, que son regulares, se les dio una importancia desde el punto de vista simbólico, mediático, el Ministro de Defensa se subió a un tanque, lo cual fue un error frente a un tema que el Gobierno argentino se había comprometido a resolver. Parte del exceso es que se hizo un anuncio de renovación del armamento, se empezó a hablar de aviones de combate F-35, lo hicieron oficiales en activo de la Fuerza Aérea, lo cual fue un manejo inadecuado en un momento difícil con Argentina. Eso, considerando que en las últimas décadas hubo un proceso de desmilitarización entre Chile y Argentina.

Quería volver sobre la adquisición de material de guerra para las Fuerzas Armadas.

Hay preocupación en las Fuerzas Armadas de sumar al país a procesos tecnológicos en el ámbito de la Defensa. Hay cierto acuerdo de que lo militar pasa por olas de doctrina, organización, tecnología y eso está asociado a las revoluciones tecnológicas en general. Chile se ha subido a esas olas, pero con muchas dificultades. Ahora estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica militar y Chile tiene el desafío de participar en ese proceso. Pero para llevar adelante ese proceso de renovación, necesita fortalecer los instrumentos de planificación del Ministerio de Defensa, y ese proceso de desarrollo de las capacidades institucionales -que es el Ministerio y las Fuerzas Armadas- está detenido desde el término del segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Para llevar adelante ese proceso de manera exitosa, tiene que retomarse el desarrollo de una institucionalidad del Ministerio de Defensa, capaz de llevar adelante el proceso efectivo de largo plazo para todas las Fuerzas Armadas. Lo que no puede ocurrir, es que cada rama de las Fuerzas Armadas planifique la guerra del futuro por su cuenta y no bajo la conducción del Ministerio de Defensa.

¿Es muy descabellado decir que en el alto mando militar de Chile hay preocupación por la buena relación de Donald Trump con Javier Milei, de la posible instalación de bases militares en el sur cerca de las fronteras con Chile, de acuerdos militares?

Mira, creo que es importante tener en cuenta lo que se construyó en la relación Chile-Argentina en los últimos 40 años, que fue acompañado en un cambio en la relación de Argentina con Brasil y la firma de tratados de paz y de no proliferación de armas nucleares, incluido Chile en todo eso. Eso generó un impacto en América Latina, acompañado de procesos de paz en Centroamérica, cambió la dinámica estratégica en la región, permitió superar situaciones de militarización y conflictos entre países, en un ambiente de democratización. Se estabilizó la región y se reconoció que América Latina era una zona de paz, lo que contrasta con los niveles de inestabilidad en Europa, Medio Oriente, Asia y África. Hoy Latinoamérica es la región más estable del mundo y eso es consecuencia de los esfuerzos y políticas desplegadas en los últimos 40 años por gobiernos democráticos. Por eso, cuidar la relación Chile-Argentina es un imperativo estratégico. Eso es lo que algunos nacionalistas no entienden, en Chile y en Argentina, y es lo que sí entiende el mundo progresista en los dos países.

Me saltó de inmediato si el Escudo de las Américas, iniciativa de la administración de Trump, contribuye a que América Latina siga siendo una zona de paz y desmilitarizada.

El Escudo de las Américas es la principal amenaza a la estabilidad de América Latina. Es una política de Estados Unidos que está basada en la violación del derecho internacional. Estados Unidos atacó territorio venezolano, secuestró al presidente, violó el Derecho Internacional, ni hablar del debido proceso, se apropió de manera ilegal del petróleo venezolano, es escandaloso. Al mismo tiempo está realizando operaciones ilegales en distintas zonas de América Latina, justificando que es contra el crimen organizado y el narcotráfico, violando el Derecho Internacional y el debido proceso. El nivel de arbitrariedad que está ejecutando Estados Unidos constituye, sin duda, la principal amenaza para la paz y la estabilidad en América Latina, junto con el crimen organizado. En el caso de Estados Unidos, es una amenaza de Estado, además un Estado que amenazó con atacar militarmente a México, amenaza a los países que no cumplen con sus exigencias, presiona a Perú por el puerto de Chancay operado por China, a Panamá por el Canal, y a Cuba por las razones que conocemos.

El Escudo de las Américas lo firmó el Gobierno de José Antonio Kast. ¿Significa que Kast sumó a Chile a un proyecto que desestabiliza la paz y el derecho en la región?

Sin duda. Por eso la alarma que generó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y por eso se justifica que dos expresidentes -Michelle Bachelet y Gabriel Boric- hayan emitido una declaración pública de inmediato, advirtiendo la gravedad de la decisión del Gobierno de Kast.

¿Esa declaración, entonces, va más allá de meterse en algo contingente o molestar al Gobierno, tiene una mirada estratégica?

Obviamente. Es que están muchos sectores en América Latina muy preocupados por lo que implica la acción abiertamente ilegal, militar, de Estados Unidos, a través del Escudo de las Américas, incluso sin esa iniciativa, porque lo hacen igual. El Escudo de las Américas, con la firma de gobiernos, es una forma de validar, de legitimar algo que desde el punto de vista del Derecho Internacional nunca será validado.

Hay que considerar que el documento del Escudo de las Américas lo firmaron varios mandatarios, la mayoría de extrema derecha.

Yo creo que se ha ido debilitando el proyecto de integración y de construcción de zona de paz en América Latina. Eso es parte de un proyecto progresista y democrático latinoamericano. Entonces, al llegar los gobiernos de extrema derecha, ocurre lo contrario, ellos vienen de una tradición distinta, militarista, no integracionista, vienen de apoyar las dictaduras, vienen con un universo cultural distinto.

¿Y hay preocupación en las Fuerzas Armadas?, porque se pueden ver involucradas en esas acciones.

Las Fuerzas Armadas no lo dicen, no les corresponde, pueden tener preocupaciones por decisiones políticas que pueden afectar la estabilidad en la región, como la instalación de una base militar de Estados Unidos en la zona austral, sería un poco desestabilizador esa base militar en territorio argentino en la zona austral, tendría un efecto negativo no sólo para Chile, sino para toda la región.

Fuiste subsecretario de Defensa, asesor en el Gobierno de Michelle Bachelet, ¿se habría hecho algo distinto ante este tipo de políticas estadounidenses?

Fui subsecretario de Defensa en el Gobierno de la presidenta Bachelet, antes fui asesor de ella cuando era ministra de Defensa durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, y él frente a la guerra de Irak y la posición de Estados Unidos tuvo una postura soberana, no se sumó a esa política, y eso marca muy bien una diferencia de una conducta que pone límites cuando hay que ponerlos, frente a un Gobierno que no pone límites. Eso no implica tener una relación negativa con Estados Unidos, simplemente es poner límites. Quizá lo que ocurre es que este Gobierno no tiene una política exterior, no tiene un diseño de política exterior, y no entiende o no comparte lo que se había construido gradualmente como una política exterior de Estado. La valoración del multilateralismo, la adhesión de Chile al Derecho Internacional, la promoción de la estabilidad y la paz, queda en nada con el respaldo al Escudo de las Américas. El no apoyo a la expresidenta Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, el retiro de Chile del Movimiento de Países No Alineados, y la definición de Estados Unidos como principal socio estratégico, en desmedro de China, son errores. Mira, si el Gobierno no pone límites en la relación con Estados Unidos, eso puede destruir la relación con China o la puede afectar seriamente. Si no se pone límite al abuso y a la violación al Derecho Internacional se afectará a Naciones Unidas. Hay que colocar límites y el Gobierno de Kast no los está poniendo. Y muestra que el Gobierno no entiende o no comparte cuestiones fundamentales de la inserción internacional de Chile que se fue construyendo en democracia.

Hugo Guzmán Rampaldi