¿Quién paga la crisis? El saqueo del Fondo E como expresión del brutal ataque en contra de los trabajadores

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Lo ocurrido con el Fondo E de las AFP constituye mucho más que una mala decisión de inversión, un error de cálculo financiero o una falla que pueda corregirse mediante nuevas regulaciones. Estamos ante una manifestación particularmente brutal de la lógica que organiza el sistema previsional chileno: millones de trabajadores son obligados a entregar mensualmente una fracción de su salario para que sociedades privadas la transformen en capital financiero y la hagan circular por los mercados mundiales.

Durante 2026, precisamente el fondo presentado durante años como el refugio más conservador del sistema sufrió una caída real superior al 10%. Una parte decisiva del desastre provino de operaciones con swaps y otros derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses: las siete AFP apostaron a una caída de esas tasas y ocurrió precisamente lo contrario. La estrategia no fue episódica. Según los antecedentes recopilados por The Clinic, comenzó a tomar forma tras los retiros previsionales de 2020 y se intensificó durante 2024 y 2025. Dependiendo de la metodología utilizada, las pérdidas de valoración de los derivados han sido calculadas en unos US$7.700 millones, mientras estimaciones del impacto acumulado de estas operaciones superan los US$11.000 millones. El saqueo equivale a casi dos años de toda la inversión habitacional de Chile, cerca de seis presupuestos anuales del Fondo Solidario de Vivienda o más de ocho meses de todo el gasto nacional en educación. Esa es la verdadera escala social del desastre del Fondo E. El dato fundamental permanece inalterado: una porción gigantesca del ahorro generado por décadas de trabajo quedó expuesta a una apuesta financiera cuyos riesgos habían sido advertidos previamente por organismos públicos.

Pero la fórmula impersonal de que «las AFP se equivocaron» oculta un elemento esencial: estas operaciones fueron el resultado de decisiones tomadas dentro de estructuras empresariales perfectamente identificables. Las estrategias de inversión, corresponden a planificaciones de largo plazo que involucran distintos departamentos, pero por su magnitud y relevancia necesariamente pasan por las cúpulas de las administradoras y, particularmente, por sus gerencias generales y de inversiones. A mayo, AFP Capital encabezaba las valorizaciones negativas, con US$759,3 millones; Cuprum acumulaba US$677,7 millones; ProVida US$624 millones; Habitat US$512 millones; Modelo US$225 millones; PlanVital US$211 millones y AFP Uno US$13,4 millones. En Capital, además, los contratos con Morgan Stanley y Bank of America concentraban valorizaciones negativas por US$245 millones y US$232 millones, respectivamente. Los nombres tampoco son anónimos: Renzo Vercelli encabezaba Capital; Martín Mujica, Cuprum; Santiago Donoso, ProVida; Max Sichel, Habitat; Andrés Flisfisch, Modelo; José Joaquín Prat, PlanVital; y Teo Colombo, AFP Uno. En las gerencias de inversiones aparecen, entre otros, Andrés García Lagos en Cuprum, Patricio Muñoz Reinoso en ProVida, Rodrigo Nader López en Habitat, Andrés Balassa en Modelo, Diego Dziekonski en PlanVital y Guillermo Marín en Uno. No se trata de imputar automáticamente responsabilidades personales antes de que las investigaciones administrativas o judiciales las establezcan, sino de romper deliberadamente con la ficción según la cual «el mercado» actuó por sí solo: hubo estrategias de inversión, decisiones institucionales, ejecutivos responsables de diseñarlas y estructuras empresariales que las ejecutaron.

Llamar a esto simplemente «pérdida» resulta, por tanto, insuficiente desde el punto de vista social. Para el trabajador próximo a jubilar, cuyo fondo cayó, existe una disminución concreta de la riqueza acumulada durante su vida laboral. Para la AFP, en cambio, la operación fallida no significa necesariamente una pérdida patrimonial equivalente ni la devolución automática de las comisiones cobradas. Y aquí aparece otra contradicción particularmente grave: mientras los afiliados soportaron inmediatamente las consecuencias de las apuestas, las administradoras han evitado transparentar quién visó concretamente las operaciones, cómo se adoptaron esas decisiones y si existirán sanciones internas o remociones en sus gerencias. Consultadas sobre estos aspectos, seis AFP no entregaron respuestas antes del cierre de la investigación periodística. Algunos ejecutivos, según antecedentes de Bloomberg recogidos por The Clinic, incluso habrían advertido posteriormente a la Superintendencia de Pensiones sobre la necesidad de buscar una salida anticipada a los swaps cuando la situación ya se había vuelto problemática; pero ello no modifica que las mismas estructuras directivas habían participado previamente en la ejecución de la estrategia que produjo las pérdidas históricas. Se privatiza la administración y la ganancia; se socializa sobre los afiliados el riesgo. Esta asimetría es el núcleo del problema. Los trabajadores son propietarios cuando corresponde soportar las pérdidas, pero su propiedad aparece jurídicamente restringida cuando pretenden decidir sobre el destino de sus propios recursos.

Existe, además, una pregunta que el régimen previsional todavía no responde satisfactoriamente: ¿cómo siete administradoras supuestamente competidoras terminaron realizando sustancialmente la misma apuesta? No existen, hasta ahora, antecedentes que permitan afirmar una coordinación ilícita entre ellas, y la Fiscalía Nacional Económica no ha señalado la existencia de una investigación en tal sentido. Pero la coincidencia abre un problema estructural todavía más importante que una eventual concertación: el llamado «efecto manada». Las AFP tienen incentivos para reproducir las estrategias de sus competidores, porque apartarse demasiado del promedio de la industria supone asumir el riesgo reputacional de quedar individualmente expuestas si la apuesta fracasa. El resultado es perverso: la competencia que debía garantizar mejores decisiones puede terminar homogeneizando las inversiones y haciendo que todas las administradoras se equivoquen simultáneamente. La diversificación formal de siete empresas distintas termina entonces produciendo una concentración real de riesgos sobre los mismos trabajadores. La crisis del Fondo E no demuestra solamente la temeridad de una determinada estrategia financiera; expone una falla sistémica del régimen de capitalización privada.

No estamos, sin embargo, ante una excepcionalidad chilena. El episodio debe ser situado dentro de un capitalismo mundial sometido a enormes tensiones: crecimiento debilitado, presiones inflacionarias persistentes, guerras, endeudamiento, inestabilidad financiera y una competencia cada vez más agresiva por recomponer la rentabilidad del capital. El propio Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un crecimiento mundial de apenas 3,1%, una inflación global del 4,7% y riesgos importantes derivados de conflictos, vulnerabilidades fiscales y nuevas tensiones comerciales. Su recomendación de «reconstruir espacio fiscal» constituye, traducida al lenguaje de la lucha de clases, la presión permanente para contener gasto público, disciplinar salarios y trasladar sobre las masas trabajadoras una proporción creciente del costo de la crisis.

El capital financiero busca precisamente en los enormes depósitos previsionales una respuesta a esa necesidad de valorización. Los fondos de pensiones lejos de cumplir una función de seguridad social constituyen gigantescas masas de capital ficticio que recorren mercados de deuda, acciones, monedas y derivados. Esa transformación explica el aparente absurdo de que el Fondo E —el fondo destinado precisamente a quienes quieren o necesitan reducir su exposición al riesgo— terminara comprometido en operaciones financieras altamente sensibles a las tasas internacionales. No se trata simplemente de que algunos ejecutivos hayan sido demasiado audaces. La contradicción está inscrita en el sistema: mientras la seguridad previsional exige conservación, estabilidad y suficiencia, la administración capitalista de esos recursos exige rentabilidad y, con ella, riesgo. Cuando ambas necesidades chocan, la experiencia demuestra quién paga la diferencia.

De la crisis mundial a la explosión de las contradicciones chilenas

En Chile esta contradicción adquiere una intensidad extraordinaria porque se superpone a una estructura social construida durante medio siglo sobre salarios bajos, endeudamiento familiar, privatización de derechos sociales y una concentración excepcional de la riqueza. El sistema de AFP creado por la dictadura transformó tempranamente los salarios diferidos de los trabajadores en combustible para el mercado de capitales. La transición civil no desmontó ese dispositivo: lo administró, amplió y legitimó. La consecuencia es una formación social en la que las grandes fortunas conviven con una inseguridad económica permanente de millones de hogares. Datos citados recientemente muestran más de cuatro millones de personas en situación de morosidad durante el primer trimestre de 2026, con obligaciones impagas cercanas a $9,6 billones. La deuda aparece así como extensión necesaria del salario insuficiente: allí donde la remuneración no alcanza, entra el crédito; allí donde el salario diferido debería garantizar la vejez, entra la especulación financiera.

De este modo, el desastre del Fondo E se incorpora a una experiencia social acumulativa. El trabajador observa que debe endeudarse para llegar a fin de mes, que su vivienda, salud y educación dependen crecientemente de su capacidad de pago y que, al mismo tiempo, el ahorro que obligatoriamente acumuló durante décadas puede perder miles o millones de pesos porque administradores profesionales apostaron equivocadamente sobre el comportamiento de las tasas estadounidenses. Javiera Aravena, en Pressenza formula certeramente una de las contradicciones jurídicas del mecanismo: los fondos son reconocidos como propiedad de los afiliados pero constituyen una propiedad sometida a una destinación que impide a sus titulares disponer libremente de ellos, mientras quienes los administran sí pueden someterlos a complejas operaciones financieras. El escándalo del Fondo E vuelve material y comprensible para millones de personas aquello que durante años permaneció oculto detrás de tecnicismos financieros.

Este cuadro ayuda también a comprender por qué la cuestión de la «seguridad» ocupa una posición cada vez más dominante en el discurso político chileno. El régimen posee enormes dificultades para ofrecer seguridad económica: no puede garantizar estabilidad laboral, vivienda accesible, salarios suficientes ni jubilaciones dignas sin entrar en conflicto con los intereses que sostienen el orden económico existente. En cambio, puede ofrecer seguridad policial. Allí aparece una sustitución política decisiva: el problema social se redefine como problema de orden público; el conflicto distributivo se desplaza hacia la delincuencia; la inseguridad producida por la precariedad laboral, el endeudamiento y la destrucción previsional queda eclipsada por una concepción de seguridad cuyo sujeto central son las policías, el sistema penal y el aparato coercitivo estatal.

La dirección de este proceso resulta visible. La actual Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla más de treinta iniciativas y una reforma constitucional destinada a reforzar la seguridad pública como deber estatal. El Gobierno ha impulsado ampliaciones de facultades policiales, períodos de retención, endurecimiento penal y nuevas herramientas de control. En octubre fue además promulgada la nueva legislación general sobre uso de la fuerza. Estas medidas poseen naturalmente un objeto declarado —criminalidad organizada, narcotráfico, violencia—, pero adquieren un significado político más amplio cuando se desarrollan simultáneamente con una creciente conflictividad social. El 11 de septiembre de 2026, por ejemplo, las conmemoraciones y protestas fueron enfrentadas mediante un despliegue cercano a siete mil efectivos a escala nacional, con centenares de detenciones, según organizaciones de monitoreo de libertades públicas.

No afirmamos que delincuencia y conflicto social sean fenómenos idénticos. Precisamente lo contrario: su identificación constituye parte del problema. Cuando la respuesta estatal se concentra obsesivamente en ampliar las capacidades coercitivas mientras permanecen intactas las relaciones sociales que producen precariedad, endeudamiento y desigualdad, la seguridad termina funcionando como lenguaje político para administrar las consecuencias de la crisis sin modificar sus causas. La pregunta decisiva deja entonces de ser por qué millones de trabajadores viven inseguros y pasa a ser cómo controlar una sociedad cada vez más tensionada. El desplazamiento no es inocente: una sociedad profundamente desigual necesita cada vez mayores mecanismos de disciplina cuando los instrumentos tradicionales de integración política pierden eficacia.

La experiencia de octubre de 2019 debería ser suficientemente elocuente. Aquella rebelión no nació simplemente del precio del transporte público. Concentró décadas de frustración frente a salarios insuficientes, pensiones miserables, servicios mercantilizados y endeudamiento. Siete años después, muchas de esas causas permanecen. El episodio del Fondo E las vuelve incluso más agudas porque alcanza un terreno especialmente sensible: la apropiación de una parte del salario durante toda la vida laboral bajo la promesa de garantizar la vejez. Si incluso el fondo presentado como seguro puede perder en pocos meses una fracción considerable de su valor debido a apuestas financieras internacionales, la legitimidad del sistema previsional vuelve a colocarse objetivamente en cuestión.

Del reclamo individual a una respuesta de clase

Precisamente por ello sería un error reducir la respuesta al problema a una nueva regulación prudencial, al reemplazo de unos gerentes por otros o incluso exclusivamente a demandas indemnizatorias individuales. Todas esas vías pueden tener utilidad concreta y corresponde explorar hasta el final las responsabilidades civiles, administrativas y eventualmente penales derivadas de las operaciones. El debate jurídico sobre la responsabilidad fiduciaria de las administradoras adquiere aquí una enorme importancia. Sabemos que ninguna sentencia judicial, por favorable que sea, puede resolver por sí sola la contradicción fundamental: los trabajadores producen el ahorro y soportan el riesgo, mientras el capital financiero decide dónde, cómo y bajo qué estrategia se utiliza ese ahorro. Lo indicado no impide utilizar las acciones judiciales como instrumento de organización y denuncia al sistema.

Tampoco constituye una salida descargar nuevamente sobre cada trabajador la responsabilidad de «elegir mejor» entre fondos. Ese argumento reproduce exactamente la lógica que produjo el desastre. Un obrero, una cajera de supermercado, una profesora o una trabajadora de la salud no tienen por qué transformarse en analistas de tasas de interés estadounidenses para proteger su derecho a jubilar. La seguridad social surgió históricamente para independizar contingencias fundamentales de la vida —vejez, enfermedad, invalidez— de la incertidumbre individual del mercado. El sistema de AFP invirtió esa relación y transformó la jubilación en el resultado de una trayectoria financiera. Cuando esa trayectoria fracasa, el trabajador descubre que era «propietario» del riesgo, aunque nunca lo fue de las decisiones.

Por eso la lucha contra las consecuencias del Fondo E tiene posibilidades de superar ampliamente el ámbito previsional. Puede convertirse en un punto de articulación entre jubilados, trabajadores activos, organizaciones sindicales, empleados públicos, trabajadores precarizados y nuevas generaciones que comprenden que las pérdidas de hoy anticipan las pensiones de mañana. La reivindicación inmediata de reparación integral debe vincularse con la exigencia de determinar responsabilidades, abrir las operaciones y libros de las administradoras al escrutinio público, terminar con el secreto financiero sobre decisiones tomadas con fondos de los trabajadores y poner nuevamente sobre la mesa la superación completa del régimen de AFP.

Pero incluso esas exigencias necesitan una fuerza material capaz de imponerlas. Y esa fuerza no reside fundamentalmente en el Parlamento, en los tribunales ni en las mesas técnicas. Reside en quienes hacen funcionar diariamente la economía. Allí aparece la cuestión estratégica que el debate político institucional procura evitar: frente a una ofensiva cuya dimensión es nacional e internacional, la respuesta de los trabajadores tampoco puede permanecer fragmentada empresa por empresa, sector por sector o demanda por demanda.

El saqueo previsional debe ser enfrentado como lo que es: parte de una ofensiva más extensa destinada a descargar sobre el trabajo los costos de una crisis mundial del capital. Frente a ella es necesario levantar un movimiento independiente de la clase trabajadora que unifique la defensa de las pensiones con los salarios, la jornada laboral, la estabilidad del empleo y los derechos democráticos. Un movimiento que no acepte la falsa alternativa entre empobrecimiento y represión, entre austeridad y orden policial.

Esa perspectiva conduce inevitablemente a plantear la preparación de una huelga general, no como consigna ritual ni como gesto testimonial, sino como proceso de organización política desde abajo. Una huelga general capaz de unir trabajadores públicos y privados, sindicatos, organizaciones territoriales y pensionados alrededor de un programa común: restitución de las pérdidas previsionales imputables a las administradoras, investigación integral de las operaciones del Fondo E, responsabilidad patrimonial de quienes tomaron las decisiones, fin del negocio de las AFP y establecimiento de un verdadero sistema público y solidario de seguridad social.

La cuestión decisiva que plantea el Fondo E es finalmente quién debe pagar la crisis. Las AFP y el capital financiero responderán que los mercados suben y bajan y que todo inversionista debe asumir riesgos. Los trabajadores pueden contestar algo elemental: ellos nunca decidieron convertirse en inversionistas. Fueron obligados a entregar parte de su salario a instituciones que hicieron de su vejez un mercado. Frente a una ofensiva internacional que pretende nuevamente socializar las pérdidas mientras protege la acumulación privada, la única respuesta capaz de modificar realmente la correlación de fuerzas es la entrada organizada de la clase trabajadora en la escena política. Allí comienza a adquirir contenido concreto la consigna de huelga general: que la crisis la paguen quienes la provocaron y no quienes, con su trabajo, producen toda la riqueza social.

Gustavo Burgos