La protesta social vuelve a las calles: ambientalistas, feministas y estudiantes abren un noviembre de movilizaciones

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La marcha ambiental realizada este sábado en distintas ciudades del país abrió una secuencia de manifestaciones que continuará durante noviembre. Organizaciones feministas protestarán contra las rebajas de condenas a agresores sexuales, estudiantes secundarios convocaron a un nuevo mochilazo y el Colegio de Profesores prepara una movilización por los recortes en educación. Aunque las demandas son diversas, las convocatorias reflejan una creciente disposición de organizaciones sociales a expresar sus cuestionamientos al gobierno de José Antonio Kast mediante la movilización.

Las calles comienzan a recuperar protagonismo en la vida política chilena. La marcha ambiental realizada este sábado 31 de octubre, con manifestaciones en Santiago y distintas ciudades del país, abrió una secuencia de movilizaciones que continuará durante las próximas dos semanas con protestas feministas, estudiantiles y del profesorado.

No se trata de un movimiento único ni existe, hasta ahora, evidencia de una coordinación nacional entre todos estos sectores. Cada convocatoria responde a demandas específicas. Sin embargo, su coincidencia en el calendario expresa un fenómeno que merece atención: organizaciones sociales de diferentes ámbitos vuelven a recurrir a la movilización pública para cuestionar decisiones gubernamentales y exigir respuestas.

El escenario se desarrolla en medio de la discusión del Presupuesto 2027, las controversias por la política ambiental del Ejecutivo y la crisis del Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La marcha ambiental abre el ciclo de protestas

Este sábado, organizaciones ambientales, territoriales, estudiantiles y comunidades locales se manifestaron contra el proyecto minero-portuario Dominga y lo que consideran un retroceso de las políticas de protección ambiental.

Las movilizaciones fueron convocadas en distintas ciudades, desde el norte hasta el extremo sur del país. En Santiago, los manifestantes se reunieron en las cercanías del Metro Universidad Católica y avanzaron por la Alameda.

La convocatoria reunió a organizaciones que mantienen conflictos ambientales en sus territorios y a agrupaciones nacionales que cuestionan las decisiones adoptadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Uno de los principales motivos de protesta fue la situación del proyecto Dominga, de Andes Iron, cuya eventual aprobación administrativa ha generado nuevas preocupaciones entre comunidades del Archipiélago de Humboldt.

Las organizaciones también exigieron retomar la tramitación de los decretos ambientales retirados de la Contraloría por el actual gobierno, varios de los cuales permanecen pendientes.

La protesta incorporó demandas relacionadas con la protección de glaciares, humedales, salares, bosques nativos y ecosistemas amenazados por proyectos extractivos.

La participación de organizaciones estudiantiles, entre ellas la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), constituye un antecedente relevante. Muestra que las preocupaciones ambientales también forman parte de la agenda de sectores juveniles que mantienen sus propias demandas educacionales.

Aunque todavía no existen balances nacionales consolidados sobre la asistencia, la jornada permitió visibilizar conflictos territoriales que habitualmente se desarrollan de manera dispersa.

Las feministas vuelven a movilizarse por la crisis de Justicia

La próxima convocatoria está programada para el martes 3 de noviembre, cuando la Coordinadora Feminista 8M y otras organizaciones realizarán una manifestación en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, a partir de las 18:30 horas.

La protesta se desarrollará bajo la consigna «¡A la calle contra la impunidad!» y tendrá como eje las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Las organizaciones han exigido la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien cuestionan por el cambio de criterio administrativo aplicado en la tramitación de esos beneficios.

La remoción del subsecretario Luis Silva, anunciada el viernes por el gobierno, no ha puesto fin a las críticas. Rabat permanece en su cargo con el respaldo del presidente Kast, mientras la Fiscalía investiga una denuncia contra ambas autoridades y la oposición prepara una acusación constitucional.

Las organizaciones feministas consideran que la controversia no puede reducirse a un problema administrativo o a una disputa entre autoridades. Su preocupación se concentra en las consecuencias de las decisiones adoptadas para las víctimas de violencia sexual y en las responsabilidades del Estado frente a estos delitos.

La movilización también se inscribe en una trayectoria de organizaciones que han mantenido una presencia sostenida en las calles durante los últimos años, particularmente en torno a la violencia contra las mujeres, la protección de la infancia y los derechos sexuales y reproductivos.

El jueves será el turno de los estudiantes secundarios

El jueves 5 de noviembre está convocado un nuevo mochilazo estudiantil en Santiago.

La manifestación, organizada por el Cordón Secundario de la Región Metropolitana, comenzará a las 12:00 horas en el sector del bandejón de Los Héroes, bajo la consigna «¡A la calle y sin permiso!».

Los convocantes cuestionan los recortes presupuestarios y las condiciones de precariedad que, según denuncian, afectan a la educación pública.

La movilización se produce después de otras manifestaciones estudiantiles realizadas durante octubre y en un contexto de preocupación por el financiamiento de establecimientos educacionales.

Las demandas incluyen el deterioro de la infraestructura, las condiciones de estudio y los efectos que podrían tener los ajustes presupuestarios sobre las comunidades escolares.

El movimiento secundario ha tenido históricamente un papel importante en las movilizaciones sociales chilenas. Sin embargo, la convocatoria del jueves deberá mostrar cuál es actualmente su capacidad de organización y qué nivel de adhesión existe entre los estudiantes.

La coincidencia con las protestas ambientales y feministas no significa necesariamente que sus organizaciones compartan una conducción o una estrategia común. Sí muestra que distintos sectores juveniles están expresando públicamente sus desacuerdos con las políticas del gobierno.

Los profesores preparan una marcha contra los recortes

La secuencia continuará el sábado 14 de noviembre, cuando el Colegio de Profesores realizará una marcha familiar para expresar su rechazo a medidas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, anunció la convocatoria después de reunirse con la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Entre las principales preocupaciones del profesorado figuran la reducción de recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, los ajustes en las dotaciones docentes y las propuestas de fusión de cursos.

El gremio también ha cuestionado las modificaciones al programa «Yo Elijo mi PC» y las restricciones de horas docentes en los Servicios Locales de Educación Pública.

Aguilar advirtió que una disminución significativa de los recursos destinados a la educación municipal podría provocar dificultades financieras durante 2027.

El gobierno ha defendido la necesidad de revisar programas y adecuar el gasto público, mientras las organizaciones docentes sostienen que determinadas reducciones pueden afectar directamente el funcionamiento de las escuelas y las condiciones de aprendizaje.

La discusión se trasladará al Congreso durante la tramitación presupuestaria, donde el profesorado buscará que sus demandas sean consideradas.

Demandas distintas, un escenario común

La marcha ambiental, la convocatoria feminista, el mochilazo secundario y la movilización del profesorado responden a problemas diferentes.

Unas organizaciones defienden los territorios y cuestionan proyectos extractivos. Otras exigen responsabilidades por las rebajas de condenas a agresores sexuales. Los estudiantes y profesores, por su parte, centran sus demandas en la educación pública y su financiamiento.

Pero las cuatro convocatorias tienen un elemento en común: expresan desacuerdos con decisiones del Ejecutivo y buscan instalar sus demandas en el debate público mediante la movilización.

El fenómeno adquiere relevancia después de años en que las organizaciones sociales han experimentado procesos de fragmentación, debilitamiento o rearticulación, particularmente tras el ciclo de protestas iniciado en octubre de 2019.

Las demandas que entonces ocuparon las calles no desaparecieron necesariamente con el término de aquel período. Muchas permanecieron presentes en organizaciones territoriales, estudiantiles, sindicales y sociales, aunque con distintos niveles de actividad y capacidad de convocatoria.

Sería prematuro afirmar que Chile está entrando en un nuevo ciclo de movilización comparable al de años anteriores. Tampoco existen antecedentes suficientes para sostener que las protestas anunciadas forman parte de una estrategia coordinada.

Sin embargo, la sucesión de convocatorias y la participación de algunas organizaciones en causas que trascienden sus ámbitos habituales muestran señales de articulación que merecen seguimiento.

La discusión del Presupuesto 2027, los conflictos ambientales y la crisis de Justicia ofrecen motivos concretos para nuevas manifestaciones.

Noviembre comienza así con una agenda social que vuelve a ocupar las calles. Su alcance dependerá de la participación que consigan las organizaciones, de su capacidad para sostener las demandas y de las respuestas que entregue el gobierno. Por ahora, lo que se observa es una multiplicación de protestas que, desde distintos sectores, vuelven a colocar la movilización ciudadana en el centro de la actualidad política.