La deuda pública roza el 45% del PIB mientras cae la inversión estatal y la economía apenas crece

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La ejecución presupuestaria de septiembre muestra que la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó el 44,7% del PIB, muy cerca del nivel prudencial del 45%. Al mismo tiempo, el gasto de capital retrocede 11,7% y la inversión presupuestaria registra una caída superior al 22%. Las cifras coinciden con un Imacec que creció apenas 0,2% anual y un desempleo cercano al 10%. La diputada y economista Irací Hassler cuestionó la orientación de la política fiscal del ministro Jorge Quiroz.

El gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario económico marcado por el bajo crecimiento, el elevado desempleo y una deuda pública que se aproxima al nivel considerado prudente por las autoridades fiscales. Los últimos antecedentes publicados este lunes por el Banco Central y la Dirección de Presupuestos (Dipres) muestran una combinación preocupante: mientras el endeudamiento aumenta, la inversión pública disminuye y la actividad económica continúa prácticamente estancada.

Según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a septiembre, la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó los $160 billones, equivalentes al 44,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa un aumento respecto del 43% registrado al cierre de junio y queda a solo tres décimas del nivel prudencial de 45% utilizado como referencia por el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministerio de Hacienda.

El dato, publicado este lunes por The Clinic a partir de los antecedentes de Dipres, también contrasta con la proyección presentada por el ministro Jorge Quiroz en su exposición de la Hacienda Pública, cuando estimó que la deuda cerraría 2026 en 42,7% del PIB.

Aunque el resultado de septiembre no determina necesariamente el nivel de endeudamiento de diciembre, muestra que las finanzas públicas enfrentan mayores presiones que las previstas por el Ejecutivo.

Más deuda, menos inversión pública

El informe presupuestario revela una segunda tendencia: el gasto de capital acumulado entre enero y septiembre disminuyó 11,7% real respecto del mismo período de 2025.

Dentro de ese componente, la inversión presupuestaria registró una caída todavía mayor, de 22,3%.

La disminución se concentró principalmente en el Ministerio de Obras Públicas, especialmente en proyectos de la Dirección de Vialidad, Concesiones y Obras Hidráulicas. También se registraron menores niveles de ejecución en iniciativas de los ministerios de Vivienda y Salud.

Según Dipres, parte de estos resultados se relaciona con una ejecución más lenta y con dificultades en los procesos de identificación de proyectos de inversión.

La caída es especialmente relevante porque la inversión pública no solo permite construir infraestructura y ampliar servicios, sino que también genera demanda para empresas constructoras, proveedores y trabajadores.

En una economía con un elevado desempleo, su debilitamiento plantea interrogantes sobre la capacidad de la política fiscal para contribuir a la recuperación de la actividad.

Sin embargo, una menor ejecución acumulada no equivale necesariamente a una reducción permanente del presupuesto anual: parte del gasto podría materializarse durante los últimos meses del año.

Hassler cuestiona la orientación de Hacienda

La diputada del Frente Amplio y economista Irací Hassler cuestionó este lunes los resultados de la ejecución presupuestaria.

En una publicación en X, sostuvo que el ministro Quiroz está llevando la deuda pública al límite prudencial mientras disminuyen el gasto de capital y la inversión estatal.

Hassler resumió su crítica señalando que el gobierno estaría recurriendo a mayor endeudamiento para acumular recursos financieros, en lugar de utilizarlos para reactivar la economía.

La parlamentaria pidió modificar el rumbo económico y priorizar la inversión, el empleo y las necesidades de las familias.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión sobre la política fiscal del Ejecutivo, especialmente después de que el gobierno solicitara una autorización de endeudamiento de hasta US$25.600 millones para 2027.

Esa autorización, sin embargo, no debe confundirse con un aumento equivalente de la deuda neta. Una parte importante corresponde a la refinanciación de obligaciones existentes.

Tampoco está demostrado que el incremento reciente de la deuda se explique exclusivamente por la acumulación de recursos en caja, como plantea Hassler.

El propio informe de Dipres identifica otros factores.

El dólar también elevó la deuda

La Dirección de Presupuestos explicó que el aumento del endeudamiento registrado durante el tercer trimestre respondió tanto a nuevas emisiones como a la depreciación del peso.

Entre junio y septiembre, el tipo de cambio utilizado en la valorización de la deuda pasó de aproximadamente $922 a $970 por dólar.

Este movimiento elevó el valor en pesos de las obligaciones denominadas en moneda extranjera y aportó cerca de 0,7 puntos porcentuales del PIB al incremento de la deuda.

Por otra parte, los activos financieros del Tesoro Público alcanzaron US$22.247,9 millones al cierre de septiembre, equivalentes al 6% del PIB.

Estos recursos incluyen el Fondo de Estabilización Económica y Social, el Fondo de Reserva de Pensiones y otros activos financieros públicos.

La existencia de esos fondos es relevante para evaluar la posición financiera del Estado, pero no permite concluir automáticamente que las nuevas emisiones de deuda hayan tenido como finalidad acumular caja. Para establecerlo sería necesario examinar los flujos de financiamiento, las amortizaciones y las decisiones de administración de liquidez de Hacienda.

El Imacec confirma la debilidad económica

El panorama fiscal coincide con nuevas cifras de actividad económica.

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció apenas 0,2% en septiembre respecto del mismo mes de 2025.

El resultado estuvo determinado por una fuerte contracción de la minería, que cayó 12,1% anual, debido principalmente a una menor extracción de cobre asociada a menores leyes del mineral y a la suspensión temporal de faenas.

En contraste, la actividad no minera creció 2%, impulsada por el comercio y la industria, que aumentaron 4,5% cada uno.

La serie desestacionalizada mostró una recuperación de 1,9% respecto de agosto, aunque registró una disminución de 0,9% en doce meses.

Por lo tanto, el resultado de septiembre contiene señales diferentes: hubo una recuperación mensual y avances en sectores no mineros, pero el crecimiento anual continúa siendo muy reducido.

Según los cálculos publicados por Diario Financiero, el tercer trimestre habría registrado una contracción de aproximadamente 0,8%, completando tres trimestres consecutivos con resultados negativos. El Banco Central publicará las cifras preliminares oficiales del PIB trimestral el 18 de noviembre.

Una economía con más de un millón de desempleados

La debilidad de la actividad se produce cuando el desempleo alcanza el 9,8%, con más de un millón de personas desocupadas.

El problema no se limita a una cifra estadística. El deterioro del mercado laboral afecta los ingresos familiares, reduce la capacidad de consumo y aumenta la incertidumbre de quienes buscan trabajo o temen perderlo.

La última encuesta Cadem también mostró una extendida preocupación ciudadana por la situación del empleo y las perspectivas económicas.

En este contexto, el bajo crecimiento y la caída de la inversión pública adquieren una dimensión social que va más allá de los equilibrios presupuestarios.

La construcción de infraestructura, los proyectos de vivienda, las obras hidráulicas y las inversiones en establecimientos de salud pueden contribuir a sostener la actividad y generar puestos de trabajo. Su ejecución depende, sin embargo, tanto de la disponibilidad de recursos como de la preparación técnica y administrativa de los proyectos.

Las restricciones de la política fiscal

El gobierno sostiene que la disciplina fiscal es indispensable para preservar la estabilidad económica y evitar un aumento insostenible de la deuda.

La preocupación tiene fundamentos. Una deuda creciente puede elevar los pagos de intereses y reducir los recursos disponibles para financiar otras prioridades públicas.

El nivel prudencial de 45% del PIB no constituye una prohibición legal absoluta de endeudamiento, pero sí una referencia relevante para evaluar los riesgos fiscales.

Al mismo tiempo, una política de contención del gasto puede tener efectos sobre la actividad económica si se traduce en una disminución significativa de la inversión estatal durante un período de bajo crecimiento.

La dificultad consiste en compatibilizar ambos objetivos: estabilizar las finanzas públicas sin profundizar la debilidad económica.

Los datos de septiembre muestran que esa tensión se está haciendo más visible.

La deuda pública se aproxima al nivel prudencial, mientras la inversión presupuestaria retrocede más de 22% y la economía crece apenas 0,2% anual.

Las cifras no permiten atribuir todos estos resultados a las decisiones del actual gobierno. La evolución del tipo de cambio, los problemas productivos de la minería y las condiciones económicas heredadas también influyen.

Pero sí plantean interrogantes sobre la orientación y los resultados de la política económica del Ejecutivo.

¿Por qué disminuye tan pronunciadamente la ejecución de inversiones públicas? ¿Qué medidas adoptará Hacienda para evitar que la deuda supere el nivel prudencial? ¿Cuánto del endeudamiento adicional responde a necesidades de financiamiento y cuánto a decisiones de acumulación de activos?

Y, sobre todo, ¿cómo espera el gobierno recuperar el crecimiento y generar empleo mientras se contrae una parte importante de la inversión estatal?

Son preguntas que adquieren urgencia ante la discusión del Presupuesto 2027 y un escenario económico que todavía no muestra señales de recuperación sostenida.

Redacción El Clarín